Un nuevo caso de pederastia en la diócesis de Getafe: un cura apartado a los dos días de ser denunciado por abusos

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos...

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La diócesis de Getafe apartó este verano a uno de sus sacerdotes por presuntos abusos cometidos dos días antes a un joven de 17 años, según ha confirmado un portavoz del obispado. Se trata del cuarto caso oculto destapado por este diario en los últimos días en este episcopado madrileño, el mismo en el que un exseminarista ha denunciado por pederastia al actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, cuando era cura en Getafe los años noventa y rector del seminario mayor. En el caso de Zornoza, por el contrario, la denuncia fue presentada en el Vaticano hace ya cuatro meses, pero aún no se ha tomado ninguna medida cautelar contra él y no ha sido apartado.

El obispado madrileño recibió una denuncia contra un sacerdote de la diócesis por cauces internos el 18 de agosto, dos días después de que tuvieran lugar los hechos. Un portavoz del episcopado detalla que se tomaron entonces “medidas cautelares pertinentes”, entre las que figuraban “la prohibición de contacto con menores”. La víctima es un antiguo alumno del seminario donde trabajaba el cura hasta el final del pasado curso, aunque la diócesis subraya que los presuntos abusos denunciados no se sitúan en el centro.

Este diario ha contactado con el acusado, que ha declinado dar su versión de los hechos. “Esto lo está llevando un abogado”, ha declarado. La diócesis, por otra parte, ha informado de que el sacerdote “mantiene su inocencia” y afirma que “jamás se ha tenido conocimiento de ningún tipo de conducta inapropiada por parte del denunciado”.

El episcopado abrió una investigación preliminar y el caso no fue denunciado por la familia ante los tribunales hasta semanas después. La ley de protección del Menor (artículo 15) obliga a cualquier persona a comunicar “de forma inmediata a la autoridad competente” cualquier hecho contra un menor que pudiera ser constitutivos de delito. Además, la norma insiste: “El deber de comunicación previsto es especialmente exigible a aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos”.

La diócesis argumenta a este periódico que no informó a la justicia porque la familia no quería: “Dado que estaba debidamente protegido el menor, se buscó el momento más adecuado en su proceso psicológico (...) La primera denuncia que se interpuso fue la canónica y acabada la investigación previa se colaboró con la familia en la presentación de la denuncia penal“. El obispado ha reiterado su cercanía a las víctimas y su ”compromiso contra cualquier tipo de abuso” y su colaboración con la Justicia. “El denunciante y su familia están siendo acompañados por la Oficina de Protección del Menor de la diócesis”, añade el portavoz.

La diócesis subraya que este caso no guarda relación con el seminario en el que trabajaba el acusado e insiste en que el traslado de destino a una parroquia ocurrió en junio, dos meses antes de que presuntamente ocurrieran los hechos denunciados. “El cambio en el colegio obedece a un nuevo proyecto del centro y del seminario”, dice el portavoz diocesano.

Estas nuevas acusaciones salen a la luz diez días después de que EL PAÍS hiciera público que el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, es investigado por el Vaticano por agresión sexual. Zornoza replicó que las acusaciones eran falsas, aunque anunció que suspendía sus actividades por enfermedad. El Papa ha declarado que de momento “hay que permitir que siga la investigación”, y luego “llegarán las consecuencias”. El proceso se está llevando a cabo en Madrid, en el Tribunal de la Rota de la nunciatura, la embajada vaticana.

La nueva denuncia en la diócesis Getafe se une a otras tres ocultas hasta ahora que este diario desveló la semana pasada, de los sacerdotes José María Carrascosa y Alberto Arrastia Cebrián, ambos fallecidos, y un tercero de iniciales J. A. F, actualmente en la diócesis de Orihuela-Alicante y que sigue en activo. En dos de estas denuncias Zornoza aparece mencionado como posible conocedor de los hechos.

En el obispado de Getafe, Zornoza fue uno de los cargos más influyentes desde que se creó la diócesis en 1991 y llegó allí como secretario del primer obispo, Francisco José Pérez. Luego fue rector del seminario mayor desde 1994 y en 2005 fue nombrado obispo auxiliar, hasta que en 2011 fue designado obispo de Cádiz.

Las tres denuncias conocidas en los últimos días cuestionan la actuación de los tres obispos que ha tenido Getafe desde que se creó la diócesis en 1991, como una escisión de la de Madrid: Francisco José Pérez (1991-2004), ya fallecido; Joaquín María López de Andújar (2004-2018), hoy obispo emérito; y el actual, García Beltrán.

Consultada por estos casos, la diócesis admitió que “la ausencia de protocolos y directrices hizo que en algunos casos antiguos no siempre se gestionasen adecuadamente y con celeridad las denuncias presentadas”.

La contabilidad de este diario, la única conocida sobre la pederastia del clero en la Iglesia española, señala que en la diócesis de Getafe constan, además, otros tres casos, seis en total. Uno es una denuncia de 2017 de una mujer que acusaba a tres sacerdotes (dos eran pertenecientes a la orden de Comunión y Liberación) de abusar de hasta 11 víctimas. Los acusados fueron expulsados del estado clerical.

Otro de los casos salió en prensa en 2010 y revelaba que el obispado acogió cinco años antes al sacerdote José Poveda, enviado desde Italia con una carta de recomendación tras abusar de al menos 11 niños en una parroquia en Roma. La diócesis lo trasladó a Belmonte de Cuenca, su pueblo natal. En 2007 le nombró párroco en Valdelaguna y un año más tarde, en Belmonte de Tajo. El obispo de entonces, López de Andújar, aseguró que solo conoció los delitos en 2008 y lo envió a una residencia de ancianos. Ni abrió proceso canónico ni lo denunció a las autoridades.