Los obispos rectifican y negociarán con el Gobierno la forma de indemnizar a las víctimas de pederastia en pleno escándalo Zornoza

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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Los obispos han dado un paso atrás y debatirán con el Gobierno cómo indemnizar a las víctimas de pederastia que no quieren acudir al plan eclesiástico PRIVA. Así lo ha anunciado este viernes Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria. La reunión se ha celebrado en pleno escándalo de Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por pederastia por el Vaticano que sigue en el cargo.

La Iglesia siempre se había negado, hasta ahora, a colaborar con el Gobierno que anunció, hace doce meses, la aprobación de un plan para reparar a las víctimas con un fondo donde también colaborase la Iglesia. La institución católica lo rechazaba hasta ahora con el argumento de que los abusos no son algo exclusivo de su religión, sino que se dan en todos los ámbitos.

Preguntado por ello, García Magán tampoco ha aclarado si las negociaciones que están llevando a cabo incluyen aceptar un fondo común pagado por ambos. “Hasta ahora todos los pagos se han llevado a cabo. La CEE garantiza aquellas indemnizaciones que las diócesis no pueden pagar”, se ha limitado a contestar el secretario general.

Sí ha anunciado que la comisión ejecutiva de la CEE ha recogido la propuesta del ministerio de Justicia. Eso es “recibir a través del Defensor del Pueblo los casos de personas que no desean dirigirse al PRIVA”. Así lo ha explicado García Magán: “Hemos aceptado ese marco general de referencia y estamos negociando y avanzando para reglamentar de alguna forma, a través del Defensor del Pueblo, los casos que no quieren acudir a la Iglesia”. A pregunta de cómo se realizará esa colaboración, García Magán ha evitado contestar. “No puedo decir nada más porque las negociaciones están abiertas”.

Hace un año, precisamente, echó a andar el conocido como PRIVA, el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos en el seno de la Iglesia que no pueden tener recorrido judicial, bien por el fallecimiento del agresor, bien porque los delitos han prescrito. Dentro de ese plan hay una comisión asesora independiente cuyas propuestas de reparación, además, no son vinculantes. Las diócesis pueden no aceptar las cuantías, rebajarlas o directamente anularlas. Este periódico desveló en septiembre que el plan de reparación impulsado por los obispos está naufragando. Sólo un 2% de las víctimas han sido reparadas.

Varias asociaciones de víctimas se reunieron, precisamente, el pasado martes con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para trasladarle la necesidad de que cumplan, con urgencia, con la promesa que hizo el gobierno en 2023 de reparar a los afectados de abusos en el clero. Se quejan de que el PRIVA es un proceso largo —hay víctimas que lo solicitaron hace más de seis meses y siguen a la espera—, farragoso, en el que se sienten revictimizadas y en el que no terminan de confiar porque es la propia institución que no supo protegerlas en la infancia la encargada de investigar.

Indemnizaciones en Hacienda

Este periódico ha desvelado, además, el fallo del sistema descubierto por una de las víctimas indemnizadas: pagar luego impuestos sobre el total de la indemnización. Esta publicación ha generado debate estos dos último días dentro de la Asamblea Plenaria. El Defensor del Pueblo ya pidió a principios de noviembre a Hacienda que aplique a las compensaciones de la Iglesia una exención, como ya ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo. El objetivo: evitar que la carga fiscal profundice en el daño sufrido. Al secretario general de la CEE se le preguntó, entre otras cosas, por esta cuestión y dijo que “por supuesto” que la CEE estaba al tanto de que las indemnizaciones están sujetas a fiscalidad. Tanto, que, asegura lo ha puesto encima de la mesa del Gobierno. La víctima que contó su caso a EL PAÍS aseguró que cuando preguntó al arzobispado nadie le supo decir si ese dinero tenía un tipo impositivo y le remitieron a un asesor fiscal. Según García Magán tienen conocimiento desde el pasado mes de junio del tema de la fiscalidad, pero que lo han llevado con discreción. Y ha afirmado: “Le hemos pedido al Gobierno que haya un cambio de normativa para que las indemnizaciones estén exentas de tributación”.

Es la única información que ha dado sobre las negociaciones con el Gobierno. Por lo demás, ha seguido insistiendo que son conversaciones reservadas y que siguen avanzando en ese “marco general” para atender a aquellas víctimas que quieran pedir una reparación pero no a través de la Iglesia. Según García Magán, la Comisión Asesora les ha informado de que han recibido y tratado 101 casos hasta la fecha. 58 de ellos “ya se han resuelto” y “11 lo serán próximamente”.

Al secretario general le han preguntado también por Rafael Zornoza, ese “elefante en la habitación del que nadie habla”. Sin ir más lejos, en el discurso inaugural del martes, Luis Argüello, presidente de la CEE no mencionó ni su nombre ni su cargo.

“Me remito a lo que han dicho el presidente y el Santo Padre. Por una parte, el respeto a la presunción de inocencia al que todos tienen derecho, sería bueno que se diera en los medios de comunicación. Por otra parte, el derecho de las víctimas a presentar sus casos ante las instancias oportunas. En el caso del obispo de Cádiz y Ceuta hay un procedimiento judicial abierto en el tribunal de la Rota de Madrid y como dijo el Papa León XIV hay que respetar esos procedimientos y hay que dejar a los jueces que actúen. Estamos esperando lo que diga el juez”, respondió.

Diez días después de que este periódico desvelara que el Vaticano investiga a Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, por agresión sexual continuada a un menor en los años noventa, cuando era rector del seminario de Getafe, este sigue en su puesto. El Vaticano recibió la denuncia hace ya cuatro meses la denuncia fue presentada en el Vaticano hace ya cuatro meses, pero aún no se ha tomado ninguna medida cautelar contra él y no ha sido apartado. Papa León XIV dijo el martes que hay que dejar que la investigación siga su curso y, una vez concluida, “llegarán las consecuencias”. La investigación se está llevando a cabo en Madrid, en el Tribunal de la Rota de la nunciatura, la embajada vaticana. Estos procesos pueden durar varios meses.

Zornoza, que tiene 76 años, es el primer obispo español investigado por pederastia. Suspendió su agenda el mismo lunes que El País publicó la noticia de la investigación del Vaticano, y dijo que las denuncias de la víctima son “falsas”. Dentro del obispado hay dos corrientes, la garantista, encabezada por el presidente de la CEE, Luis Argüello, que apela a la presunción de inocencia y la de tolerancia cero frente a ese garantismo que manifestó el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas. Esta semana ha reclamado en una entrevista a Público que se apliquen “medidas cautelares” ante casos como el de Zornoza. “La Iglesia ha aprendido o está aprendiendo con el tema de los abusos a menores” y que se deben establecer parámetros “claros”.

A García Magán le han preguntado precisamente por eso; porque hay casos, como el que ha destapado este viernes este periódico de un prelado de Getafe apartado temporalmente dos días después de recibir una denuncia por abusos y por qué, sin embargo, no ha pasado lo mismo con Rafael Zornoza. “Hay una diferencia de autoridad: los casos referidos a un obispo son competencia de la Santa Sede; los de un cura, son de los obispo diocesano”.

Eso no ha impedido que dentro del obispado haya voces discordantes, como las del citado arzobispo de Tarragona que ha pedido la aplicación de medidas cautelares. García Magán ha insistido en la presunción de inocencia. “Es una figura jurídica para todas las personas, hay presuntos terroristas, presuntos homicidas, presuntos ladrones… Le corresponde a la Santa Sede decidir. Se está llevando a cabo una investigación en el Tribunal de la Rota que está formado por personas altamente cualificadas”. En el derecho canónico, sin embargo, las víctimas no siempre tienen el estatus de “parte acusadora”, eso significa que, aunque denuncien y declaren, el abogado no puede interrogar al acusado. Preguntado por si ese sistema es garantista, García Magán ha contestado: “No es el primero ni el último caso que lleva el Tribunal de la Rota y creo que en el ámbito de la iglesia, los tribunales tienen un ámbito de autonomía y de libertad de ejercicio conforme a la justicia y al derecho”.