El Ministerio de Juventud e Infancia plantea ampliar el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores
La ley de protección de la infancia que se negocia en el seno del Gobierno prevé que el periodo a partir del cual se extinga la responsabilidad penal empiece a contar cuando la víctima cumpla 45 años
El Ministerio de Juventud e Infancia quiere ampliar diez años el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores. Ahora mismo, el tiempo comienza a correr cuando las víctimas cumplen 35 años. Es decir, a partir de ese momento se calcula el periodo en el que expira la responsabilidad penal de los perpetradores, en función de la gravedad del delito. El planteamiento del departamento que dirige Sira Rego es elevarlo a los 45, según explican fuentes ministeriales. Así consta en la reforma de la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) que el ministerio ya ha redactado y que ahora se está negociando en el seno del Gobierno. El texto lleva unas semanas debatiéndose con otros ministerios, como Interior y Justicia. “Estamos trabajando para que la ampliación vaya como muy tarde en diciembre a Consejo de Ministros”, ha dicho este miércoles Rego, en respuesta a medios de comunicación sobre este asunto.
En España, los delitos sexuales prescriben en un mínimo de cinco años y en un máximo de 20, en los casos más graves. Con la reforma que plantea Rego, por lo tanto, estos delitos no prescribirían hasta que las víctimas cumplieran, al menos, 50 años, dado que el plazo a partir del cual comenzaría a correr el tiempo se fijaría en los 45. La reforma implica la modificación del Código Penal. “Se dan bastantes garantías jurídicas de que se pueda hacer justicia en estos casos”, ha afirmado la ministra.
Actualmente, ya hay abierta una vía en el Congreso para estudiar la imprescriptibilidad de estos delitos. Hace un año, la Cámara baja aprobó la toma en consideración de la reforma del Código Penal para que los delitos de pederastia penados con más de cinco años de cárcel no prescriban. Algo que ya sucede en países como Bélgica, Holanda, Suiza y Suecia. En cualquier caso, la aritmética parlamentaria se ha complicado enormemente desde que Junts anunció que no apoyará iniciativas del Gobierno. Pese a ello, Rego ha afirmado que tiene una “determinación firme en conseguir que esta ampliación se apruebe en esta legislatura”.
Las víctimas de pederastia en la Iglesia llevan años reclamándolo. Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan los supervivientes de agresiones sexuales en la infancia es que tardan mucho en poder reconocerse como víctimas y en poder contarlo. Y, por lo tanto, también en denunciar. Según un informe presentado recientemente por dos grandes asociaciones de víctimas a nivel mundial —que a su vez cita un estudio elaborado en Alemania a partir de los testimonios de víctimas de pederastia en instituciones religiosas y laicas—, la edad media de revelación de los abusos por parte de los supervivientes se sitúa en los 52 años.
“Vamos con una determinación firme en conseguir que esta ampliación se apruebe en esta legislatura”, ha indicado Rego este miércoles. La ministra ha asegurado que han recogido la petición de las asociaciones de víctimas, “especialmente en relación a la Iglesia y otro tipo de instituciones”. “Muchas veces necesitan años para poder dar el paso, y consideramos que hay que ser muy garantistas y muy exigentes para proceder con esto”, ha proseguido. “Es una cuestión casi de sentido común y de justicia en este país”. Algo parecido a lo que ya había manifestado en redes sociales este martes, cuando compartió en redes sociales su preocupación por el caso de pederastia revelado por este diario, que ha llevado al Vaticano a abrir una investigación contra un obispo español, Rafael Zornoza.
En las últimas semanas, se han ido conociendo detalles de la reforma que el ministerio plantea de la Lopivi. Entre ellos, por ejemplo, la creación de una comisión de reconocimiento de las víctimas de violencia sexual durante la infancia, especialmente en el seno de instituciones públicas (como centros educativos) y privadas (como la Iglesia o clubes deportivos). Algo a lo que podrían recurrir víctimas cuyos casos hayan prescrito ya, que podrían pasar a ser reconocidas como tal sin tener sentencia judicial, algo muy común entre quienes sufrieron abusos hace décadas en el ámbito clerical.
La Lopivi, aprobada en 2021, ya amplió hasta los 35 años el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores, que hasta entonces comenzaba a correr cuando las víctimas cumplían 18 años. E incorporó medidas para proteger a los niños víctimas de cualquier tipo de violencia. Pese a que se consideró una ley pionera, las organizaciones de infancia reclaman, cuatro años después, que esta norma termine de desarrollarse.
Fuentes del ministerio explicaron hace unas semanas, cuando se conocieron las líneas principales de la modificación que plantea Juventud e Infancia, que desde su entrada en vigor se han detectado lagunas estructurales, especialmente en cuanto a la protección jurídica de los menores. Por ello, plantean medidas para evitar la revictimización y que se refuerce el derecho a la escucha de los menores. También se recogen medidas sobre violencia vicaria.