El Consejo de Europa pide que España garantice la atención médica a las personas trans y protección para los intersexuales

España es un país garantista para las personas LGTBIQ+, sobre todo en el contexto actual mundial de retroceso generalizado. De hecho, según el Rainbow Map, elaborado por la Asociación Internacional LGTBI+ (ILGA), España es el quinto mejor país de Europa para las personas del colectivo. Lo que no quita, subraya la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa en su último informe sobre el país, que no haya cosas por mejorar. Sobre todo, con respecto a los derechos de las personas trans e intersexuales en todo el territorio, aunque también en la lucha contra los discursos de odio, algo que también afecta a otras comunidades vulnerables, especialmente la migrante.

“Las personas LGTBI+ continúan enfrentando prejuicios y discriminación en su vida diaria y el acceso a la atención médica de afirmación de género sigue planteando desafíos”, subraya el nuevo informe del ECRI, el quinto dedicado a España, pero el primero desde 2017.

Mucho ha pasado desde entonces. Ha habido avances en materia legislativa, como la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, de 2017, conocida popularmente como Ley Zerolo, y la Ley para la igualdad real y efectiva y no discriminación (la 4/2023, conocida como Ley trans). También en “buenas prácticas” para combatir los discursos del odio como para mejorar la formación de los profesionales de la justicia y agentes del orden para “responder ante crímenes de odio”, celebra el organismo especializado del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo.

“Desde 2017, España ha logrado avances significativos en la lucha contra el racismo, la intolerancia y la discriminación mediante la promulgación de nueva legislación y la puesta en marcha de diversas iniciativas”, señala al respecto el organismo del Consejo de Europa.

Con todo, la ECRI ve todavía necesario que España mejore en algunos aspectos, especialmente para proteger de la discriminación y del odio a la comunidad LGTBI+ y migrante, así como a otros colectivos.

Entre otros, recomienda que se “intensifiquen sus esfuerzos para garantizar que las personas trans tengan acceso seguro, asequible y oportuno al tratamiento necesario para la reafirmación de género”. Algo que ya queda recogido en la ley 4/2023, aunque de facto no se aplica en todo el territorio. En marzo de este año, el Gobierno presentó a las autonomías su estrategia LGTBI+, que emana de la citada norma, con casi 300 medidas y un plan presupuestario. Sin embargo, para su desarrollo estas medidas deben ser acordadas con los gobiernos regionales, mayoritariamente conservadores y que en algunos casos, como en Valencia, han aprobado legislación que recorta derechos LGTBI+.

Protocolo intersex

La ECRI también pide “intensificar” los esfuerzos para proteger los derechos humanos de las personas intersexuales (aquellas que nacen con características sexuales que no encajan en el binarismo hombre-mujer, y que representan entre el 1 y 2% de la población). Concretamente, considera que se debe garantizar que “todas las comunidades autónomas dispongan de protocolos para su atención sanitaria, basados en su derecho a la integridad física y a la diversidad”, así como que los profesionales sanitarios reciban una “formación adecuada” sobre los protocolos y que las personas intersexuales y sus familias “puedan acceder fácilmente a un asesoramiento adecuado”.

Justamente, esta semana la Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado que España es el segundo país de la UE con más agresiones físicas o sexuales contra personas intersex: 4 de cada 10 han sufrido este tipo de violencias en los últimos cinco años.

Otro de los reclamos de la comisión es el establecimiento de la Autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación. Como el informe del organismo cerró sus conclusiones en marzo, no recoge que el Gobierno español nombró antes del verano como presidenta de esa Autoridad a María Teresa Verdugo, hasta entonces fiscal delegada de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Málaga.

El Consejo de Europa advierte ante la “persistencia” del discurso de odio. Reconoce los esfuerzos realizados; especialmente, que “figuras políticas de alto nivel” hayan combatido esos argumentos “pronunciándose en contra de todas las formas de racismo e intolerancia”. También destaca “los esfuerzos para combatir el discurso de odio en internet”, con, entre otras medidas, la adopción de un protocolo específico.

Sin embargo, el organismo lamenta que el odio persiste, con especial incidencia en la política y en el espacio virtual, dirigido principalmente contra los gitanos, los migrantes, los musulmanes y las personas de ascendencia africana. Además, constata que ha aumentado contra los judíos y las personas trans, resume la comisión, a la que también le preocupa la infradenuncias de esos delitos de odio, contra lo que también pide actuar.

Otro de los asuntos que trata son los problemas de inclusión de migrantes, especialmente de los menores no acompañados que, al llegar a la mayoría de edad, tienen dificultades para desarrollar su vida, encontrar empleo y alojamiento.

En este sentido, cuando no amaina aún el debate político entre Gobierno y algunas comunidades sobre el reparto de menores migrantes, la ECRI pide “medidas decididas en todo el país para garantizar una transición fluida de los jóvenes migrantes que llegaron a España como menores no acompañados desde el sistema de protección infantil a una vida adulta independiente”. Para ello reclama, entre otras medidas, “programas de inclusión específicos” focalizados en la formación, las salidas laborales o la vivienda.

En el mismo sentido, consideran “prioritario” la introducción de “un sistema eficaz de registro de los controles de identidad realizados por los agentes del orden”. Esto debe formar parte de una política destinada a “detectar y combatir cualquier práctica de discriminación racial que afecte en particular a las personas de ascendencia africana, los migrantes y las personas de origen migrante, así como a los gitanos”. Para esta última población, ECRI también reclama “medidas preventivas y correctivas a nivel nacional para poner fin a cualquier forma de segregación de facto”, así como una iniciativa “urgente, a largo plazo y con recursos suficientes, destinada a mejorar el rendimiento educativo de la población gitana”.