Por qué no tiene sentido crear registros de médicos dispuestos a hacer abortos
Lo que propone Feijóo va en contra de la ley, de lo que han hecho las comunidades del PP y de lo que sucede con cualquier prestación sanitaria
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un servicio dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud y, como en cualquier otro, no existen registros de profesionales dispuestos a prestarlo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto crearlos, en lugar del de objetores de conciencia. Esto no solo choca con la ley en vigor y con lo que sucede con la eutanasia, sino con lo que aprobaron y están haciendo la mayoría de las comunidades del PP.
“A una mujer qué le interesa: ¿saber cuáles son los médicos que le pueden asistir o le interesa saber cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla?”, se ha preguntado Feijóo en una entrevista en Antena 3.
La respuesta es que los registros no son públicos. No son listas que las mujeres pueden consultar para saber qué médicos están dispuestos o no a atenderlas. Son documentos internos destinados a organizar los servicios hospitalarios, de forma que sea posible practicar abortos, algo muy minoritario en los de titularidad pública (tan solo suponen el 21%).
La creación del registro de objetores proviene de la reforma de la ley del aborto de 2023 y sus características están detalladas en un protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en diciembre de 2024, con el voto a favor de las comunidades del PP.
La mayoría de ellas, además, ya lo han creado. Como adelantó EL PAÍS, tan solo quedan por hacerlo Asturias (gobernada por el PSOE), Baleares, Aragón y Madrid (por el PP). Todas excepto esta última han mostrado su voluntad de ponerlos en marcha.
Madrid, en boca de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se niega, en contra de lo que establece la ley y de lo que votó su propio consejero de Salud en el CISNS. El argumento es que no quiere crear “listas negras” de médicos objetores para no señalarlos. Como su presidente nacional, parece no conocer el protocolo, que dice lo siguiente:
“El registro solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE, sin discriminación para ningún profesional. Solo se incluirá al personal que interviene directamente en la IVE: médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeras/os y matronas. El acceso al registro estará restringido al personal encargado de la gestión y organización de recursos humanos para la IVE. Los datos no se compartirán entre comunidades autónomas. Se garantizará la protección de datos de los objetores de conciencia”.
Es algo parecido a lo que sucede con el registro de objetores de conciencia para la eutanasia, que todas las comunidades crearon ―incluida Madrid― sin que se generase alrededor ninguna polémica.
Sin estas listas, que mandata la ley, es prácticamente imposible organizar un servicio para hacer abortos en los hospitales públicos. Lo que no dice esta norma es que los IVE tengan que realizarse preferentemente en centros públicos: “La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”.
El hecho de que comunidades como Andalucía o Madrid practiquen la gran mayoría de los IVE (en torno al 98%) en centros privados no supone un incumplimiento de la ley, mientras todas las mujeres puedan recibir el servicio de forma gratuita y sin obstáculos.
Lo que sí dice la ley es que “las usuarias del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad efectiva”. Esto no sucede en Ceuta y Melilla, los únicos territorios donde el sistema sanitario está gestionado por el Gobierno central, y donde las mujeres tienen que marcharse para recibir el aborto porque no pueden hacerlo en sus ciudades, ni por la pública ni por la privada.