El obispo de Huesca y Jaca, acusado de encubrir durante nueve años a un escolapio pederasta en México
Dos testimonios afirman que Pedro Aguado, siendo superior de la orden, fue informado en 2010 de abusos sexuales del religioso, pero no hizo nada hasta 2019, cuando la madre de una víctima contactó con él
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EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
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Un ciudadano mexicano, Javier Alcántara, de 31 años, acusa al obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, de haber conocido en 2010 los abusos sexuales cometidos por un escolapio, José Miguel Flores Martínez, en Ciudad de México y de no haber hecho nada durante nueve años como superior general de esta orden. Aguado ocupó este cargo de 2009 a junio de 2025, cuando tomó posesión de la diócesis oscense.
Alcántara, que ha denunciado a Aguado y a otros dos responsables escolapios mexicanos en la fiscalía general de Ciudad de México, fue víctima de este cura y sostiene que la orden, al conocer los abusos sexuales en 2010, simplemente lo sacó del país. Flores fue enviado a España a estudiar una maestría y luego a Ecuador, antes de regresar de nuevo a México.
El obispo de Huesca y Jaca, contactado por este diario, asegura que solo conoció acusaciones contra este religioso en 2019, cuando Alcántara ya era adulto y lo denunció a la orden, y que entonces, como superior de los escolapios, tomó medidas contra él: le abrió un proceso canónico y fue expulsado del sacerdocio en 2020.
Sin embargo, le contradice el testimonio de un exreligioso escolapio mexicano recabado por este diario, que en 2010 era el superior de la comunidad donde estaba Flores y corrobora las acusaciones. Baltazar Sánchez, que dejó la orden hace cuatro años y actualmente es sacerdote de una parroquia de Nueva York, asegura a EL PAÍS que él informó personalmente a Aguado en 2010 de los abusos de Flores sobre al menos dos menores, que se lo habían contado. “Los mismos jóvenes lo platicaron conmigo. Entonces yo lo expresé inmediatamente al superior provincial de México, y luego al superior general, Pedro Aguado. Se lo dije en persona”, dice en conversación con este periódico. “Hice a conciencia el proceso que tenía que hacer, yo informé (...) Sí lo supieron”, resume. A continuación, confirma, los dos salieron de la comunidad: la orden trasladó al cura a España, y a él lo mandaron a Estados Unidos. Si esto es así, en 2010 Aguado tenía la obligación legal de haber denunciado al agresor de un menor, según la ley mexicana. En total, según la información disponible, al menos hay tres víctimas de este escolapio.
En todo caso, las acusaciones contra Aguado no terminan aquí. Alcántara denuncia que la orden permitió que su agresor, después de ser expulsado del sacerdocio en 2020, siguiera dando misa y en contacto con menores, aunque había sido enviado a una casa de la orden en Tlaxcala, “sin poder comunicarse con nadie salvo con su madre”. Continuó ejerciendo de cura hasta su muerte en 2022, pese a que la víctima advirtió de ello a Aguado en correos electrónicos a los que ha tenido acceso este diario. Además, cuando el agresor falleció, los escolapios le rindieron un homenaje, en el que lo presentaron “como un católico libre de reproche y ejemplo que todos debían seguir”, denuncia.
Aguado sí admite estas acusaciones. Reconoce que es “algo ciertamente gravísimo” que el religioso siguiera ejerciendo como sacerdote tras ser expulsado y fue una “imprudencia pastoral” que luego recibiera honores.
Son estos hechos los que finalmente llevaron a Alcántara a presentar una denuncia el pasado mes de mayo ante la fiscalía mexicana. En ella acusa a otros dos responsables mexicanos de los escolapios, Fernando Hernández Avilés y José Luis Sánchez Macías. Contra su agresor, ya fallecido, no cabe actuación, pero Alcántara dice que quiere que se le escuche y que quienes “han cometido encubrimiento sean interrogados y castigados”.
La denuncia relata que este joven sufrió violaciones y otras agresiones sexuales de Flores entre 2006 y 2010, cuando estaba en las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe en Tlalcolijia, y la del Sagrado Corazón, ambas en Ciudad de México. Solo salieron a la luz cuando llegó un nuevo cura, Baltazar Sánchez: “Se dio cuenta de que José Miguel me violaba y me dijo que lo iba a denunciar”, relata Alcántara en su denuncia. Admite que, para protegerse, él lo negó e incluso avisó al abusador. Sin embargo, recuerda que a la semana siguiente, coincidiendo con una visita pastoral a la comunidad escolapia de Pedro Aguado, superior de la orden, Flores desapareció, y Sánchez fue enviado al extranjero.
Localizado por EL PAÍS, Baltazar Sánchez corrobora el relato de esta víctima: “Yo observé algo, aparte porque otros jóvenes ya me habían comentado otros casos y como este jovencito estaba muy cercano a aquel padre... (...) Él lo negó. En ese momento defendió al padre”, recuerda. Por tanto cuando luego habló con Aguado no le mencionó su caso, porque no estaba seguro, solo el de los otros dos chicos.
El obispo de Huesca y Jaca no ha querido hablar con EL PAÍS y solo ha querido responder preguntas por escrito. En sus respuestas, Aguado niega que tuviera conocimiento de la agresión sexual a Alcántara en 2010, y afirma que tampoco “tuvo ni ha tenido ninguna otra información de abusos de José Miguel Flores”, según una portavoz de la orden. En cuanto al traslado del cura, afirma que “no fue ni mucho menos repentino y respondió a los cambios usuales que cualquier institución religiosa hace dando respuesta a las necesidades pastorales de sus fieles y de su comunidad”.
Los abusos, según la denuncia de la víctima, empezaron cuando tenía 11 años y el cura, que era amigo de la familia, 49. Tras empezar como monaguillo el religioso le llevó a su despacho y le tocó el pene, y a los 15 días le besó en la boca, “diciéndome que era lo que hacía un padre con su hijo”, se lee en la denuncia. Después, le invitó un fin de semana a Tlaxcala, a casa de su madre. “Durante la noche se metió en mi cama, comenzó a besarme y a masturbarme”, señala. Asegura que la tercera noche le penetró, sangró mucho y le pidió que le llevara a su casa, pero no dijo a nada a su madre.
“José Miguel me dijo que me había violado por mi bien, que la experiencia me iba a ayudar con las mujeres”, relata en la denuncia. A partir de ese momento, asegura, empezó a sufrir depresión. Sostiene que, durante un año, el cura no volvió a abusar de él pero en 2007 sufrió nuevas violaciones.
Javier sufrió luego adicciones y tras pasar por una clínica contó todo a su madre. En septiembre de 2019 contactaron con Pedro Aguado, que recibió a la madre en Roma y luego viajó a Cancún a reunirse con la víctima. Según Alcántara, “me abrazó, me pidió perdón, me dijo que no iba a permitir que eso pasara en su congregación y que iba a denunciar a José Miguel ante al Vaticano. También que pensaría en un plan para ayudarme [económicamente y con los estudios]”. Además le dijo que, a la espera de la sentencia del Vaticano, Flores “ingresaría en un monasterio aislado en España”.
Una sentencia en latín y sin copia
El 8 de octubre de 2020 el cura fue expulsado del clero y Aguado voló a México para comunicárselo a la víctima: “Me enseñó una hoja con la sentencia del Vaticano, pero era en latín. Me la leyó, sin entregarme una copia”. Le dijo que el agresor iría a una casa de la orden en Tlaxcala “y que solo saldría para visitar a su madre y que él se encargaría de supervisar que eso se cumpliera”.
En realidad, nada de eso sucedió, denuncia la víctima. Flores falleció en 2022 sin haber dejado de ejercer, pese a que desde diciembre de 2019, según los correos a los que ha tenido acceso este periódico, la víctima informó de ello a Aguado, porque había fotos y vídeos en Facebook del cura dando misa. Por ejemplo, un año después de la expulsión del cura del sacerdocio, el 10 de octubre de 2021, con el comentario: “Gracias P. Miguel por celebrar [la misa de la eucaristía]”.
Alcántara envió esas fotos a Aguado, que le contestó en un correo electrónico: “Javier, el p. Miguel tiene ABSOLUTAMENTE prohibido comunicarse con nadie salvo con su mamá. Y la prohibición es también sobre las redes sociales. Voy a enterarme de si eso que dices es suyo y te escribo. Sigue adelante, Javier”.
Preguntado por el comportamiento del cura, Aguado responde: “Nunca tuvimos constancia ni información de que incumpliera las normas impuestas que, de manera clara y contundente y con su compromiso a acatar y a seguir, se le habían comunicado. Obviamente, no siendo sacerdote, no podía celebrar la misa. Si alguna vez lo hizo, es algo ciertamente gravísimo. Lamentablemente lo hemos sabido a posteriori y, lógicamente, ya no podemos corregirlo”.
Pero la víctima incluso ha encontrado fotos del cura inmediatamente posteriores a la denuncia donde aparece rodeado de menores, cuando se supone que ya estaba apartado por la orden. Una está fechada el 15 de noviembre de 2019 [en Facebook se lee que es una Celebración Eucarística de Clausura Generación 2016-2019] y en esas fechas, según el propio obispo, tendría que haber estado en un monasterio en Huesca.
Aguado lo explica en las respuestas a este diario: “Durante la investigación, se le trasladó a una casa nuestra, en Peralta de la Sal. Es un lugar aislado, sin ningún contacto con menores, y con la absoluta prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal. Allí estuvo mientras duró la fase de investigación. Fue enviado allí al comienzo del proceso, en 2019″. Después preciso que “estuvo algo menos de un año″. La madre informó a Aguado en septiembre de 2019, y él se reunió con la víctima el 7 de octubre. La foto en Facebook es de un mes después, y Flores aún seguía en contacto con menores.
La víctima también lamenta que el cura recibiera, tras su fallecimiento, un homenaje de los escolapios: “En la homilía, Hernández Avilés lo presentó como amigo y como un católico libre de reproche, y ejemplo que todos debían seguir. También dijo que José Miguel pasó toda su vida haciendo el bien”. Aguado responde: “Lamentablemente tuvimos conocimiento del funeral después de su celebración. Para nosotros y para los escolapios de México fue una imprudencia pastoral y un hecho que la Curia General de la institución no conocía y, por lo tanto, jamás aprobó”.