Igualdad admite por primera vez fallos en las pulseras antimaltratadores y pide disculpas a las víctimas

Por primera vez, y de forma pública, Igualdad ha reconocido “fallos” en las pulseras antimaltratadores y ha pedido “disculpas” a “todas las mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento". Lo ha hecho la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, que ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para informar “de forma urgente” sobre las incidencias registradas con los dispositivos de control telemático de agresores machistas. En la sala, todos los grupos excepto Bildu y Junts.

“Comparezco hoy a petición propia y a petición del PP en calidad de delegada como responsable del servicio de dispositivos Cometa. Quería venir a explicarles a ustedes el funcionamiento y la situación actual de este servicio”, ha comenzado así Martínez su intervención sobre unos aparatos que, a fecha de 31 de agosto pasado, registra 4.730 víctimas en el sistema y “gestionan cada día 30 millones de geoposicionamientos”, según la actualización de cifras que ha hecho la delegada, con un 0,0004% de errores ―lo que corresponde a 120― “de todos los tipos”, desde pérdidas de cobertura en zonas rurales a averías o desconexiones.

Esos fallos, aunque se conocía que eran conscientes de ellos y que habían sido admitidos internamente, hasta ahora no habían sido reconocidos públicamente. Se produjeron “muchas incidencias diarias, sobre todo mientras se ajustó el sistema”, ha afirmado Martínez. Incidencias que comenzaron tras el cambio de adjudicataria ―de Telefónica y Securitas Direct a Vodafone y Securitas― en noviembre de 2023, durante una transición “compleja” de una a otro empresa porque “no se puede apagar la plataforma del viejo adjudicatario y encender la del del nuevo, porque hay que trasladar esa información y cambiar los dispositivos con cada una de las personas que los portan”, ha dicho la delegada.

En el informe de Igualdad para el cambio de concesión, el “Plan de transición de salida del servicio”, que podía valorarse hasta con 10 puntos, obtuvo un 3,6 por detalles como estos: “Diseño deficiente”, “planificación poco detallada”, “asignación de recursos deficiente”, “poco preciso”. Pero no fue solo la transición, durante el proceso de adaptación al nuevo sistema, y al menos durante un año y cuatro meses, los problemas fueron múltiples.

Desde errores en los posicionamientos, a veces de kilómetros, aunque la delegada ha afirmado que los nuevos dispositivos tienen “mejor localización”; baterías que debían durar un año pero se acaban en 24 horas, que se contrapone a “la mayor autonomía” a la que ha hecho referencia Martínez; o la posibilidad de manipular los dispositivos, que contraviene las cláusulas del contrato según el pliego de prescripciones técnicas, y que sí es una de las cuestiones que ha reconocido.

Lo ha hecho cuando ha hablado de “las novedades” que estudian para la próxima licitación: “Los nuevos [dispositivos] deben ser compatibles con el sistema [con el actual] y no podrán ser manipulables”. Sin embargo, durante días desde el pasado miércoles, Igualdad solo repitió “las pulseras funcionan”.

Fue entonces cuando salieron a la luz los primeros problemas, después de que la Fiscalía General del Estado incluyera en su memoria anual que habían existido “anomalías” debido a un fallo en el volcado de datos de una a otro empresa adjudicataria en 2024 que hizo que durante unos meses ―todavía ninguna institución ha especificado cuántos exactamente― se perdiera el histórico de los movimientos de los agresores anteriores al 20 de marzo del pasado año.

Por ese apagón temporal de datos se produjeron, según el Ministerio Público, sobreseimientos provisionales y absoluciones en aquellos casos en los que no se pudo demostrar los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento porque el centro Cometa no podía enviar los informes de las localizaciones de los inculpados o encausados.

Sobre esto, Martínez ha afirmado que el “número importante de casos” a los que la Fiscalía se refirió en su memoria, para ella, “es una valoración opinativa que no se corresponde con datos”, porque los pidió “inmediatamente”, pero “hasta ahora” no se le ha “proporcionado”.

También ha recordado que “los sobreseimientos provisionales se reabren una vez se cuenta con la información necesaria”; y que en los procesos judiciales, los informes de Cometa “no son la única prueba” en los juicios, que cuentan con el testimonio de la víctima, a veces de otras personas que han presenciado lo que estuviera ocurriendo, y de los propios trabajadores del centro, “que han acudido como testigos” cada vez que se les ha requerido.

Sí ha reconocido también este jueves por primera vez que desde el pasado año les han llegado “quejas”. “Ocho quejas, es verdad que en alguna se explica más de un caso, pero no tengo lo que se está diciendo por ahí”, y ha concretado “un escrito de Fiscalía” de finales de octubre de 2024 que a ella le llegó “en noviembre”, “poniendo de manifiesto las incidencias con las bases de datos”. En diciembre, ha asegurado, estaban solucionadas.

También otros, “pocos”, de órganos judiciales como la Audiencia Provincial de Granada u otros a través del Consejo General del Poder judicial, “poniendo en conocimiento algunas situaciones puntuales que se daban”, que “se remitieron a Cometa y se abrió investigación”. “Se dio respuesta a cada una de estas quejas”, ha añadido.

Sobre el nuevo contrato, Martínez ha concretado solo algunas cuestiones: que están trabajando en los pliegos, que la adjudicación será de tres años con dos prorrogables para dar más “estabilidad al sistema”, que avanzan todo lo posible hacia un sistema público, que se contempla un refuerzo de personal y una mayor formación, y que aún no hay presupuesto pero que van “a procurar y a garantizar que sea el suficiente para que se gestione el servicio”.

Y sobre las posibles penalizaciones a Vodafone y Securitas que varias portavoces han puesto sobre la mesa, Martínez ha afirmado que están, todavía, en ejecución del contrato: “Los primeros meses yo estaba centrada en garantizar que se pudiera hacer bien sin que corrieran peligro las víctimas, que era muy complejo, y las penalizaciones ya veremos. Estamos viendo, estamos auditando cada paso y estamos pidiendo explicaciones de determinadas cuestiones”.

“Un sistema dependiente de la tecnología no pude ser infalible 100%. Tenemos que prever incidencias, respondemos con protocolos y auditando a las empresas adjudicatarias y en su caso pidiendo las responsabilidades oportunas, las penalidades están siempre ahí”, ha añadido Martínez en una comparecencia que, como ha introducido Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, se ha producido un día después de que el pleno de la Cámara Baja, tras una petición del Partido Popular, reprobase y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por este mismo asunto; y que salió a favor gracias a los votos de PP y Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.