Igualdad desoyó los reiterados avisos internos sobre múltiples fallos en las nuevas pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad recibió durante meses avisos del mal funcionamiento de las llamadas pulseras antimaltrato por parte de técnicos que trabajaban con ellas, y hasta la fecha no...

El Ministerio de Igualdad recibió durante meses avisos del mal funcionamiento de las llamadas pulseras antimaltrato por parte de técnicos que trabajaban con ellas, y hasta la fecha no se han solucionado esas deficiencias.

Este es un fragmento de un correo electrónico enviado el lunes 26 de mayo de 2025 por parte de un técnico de Cometa, el sistema de seguimiento de esos dispositivos, a la subdirectora general de Coordinación Institucional en Violencia contra las Mujeres en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Zulema Altamirano, que había entrado al cargo en octubre de 2024: “El verano pasado, tras unos primeros meses de cierto optimismo en que las cosas mejorarían tras completar la migración, llegó el momento de apatía porque esas mejoras nunca llegaban, veíamos cada día cómo prácticamente ninguna víctima era protegida, usuarios que nos decían verbalmente que si no ocurría nada era porque ellos no querían, pérdidas de cobertura constantes, saltos de GPS, señales que no entraban nunca a panel (vamos, los mismos problemas que ahora continúan sin solución)”.

Ese correo se envió después de varias reuniones del equipo de ese centro a lo largo de meses con el Ministerio de Igualdad en el último año y medio, al menos tres ―una en diciembre de 2024, otra en febrero de 2025, y otra en mayo de 2025―, en las que Altamirano siempre estuvo presente, y en la última, la de mayo, también lo estuvieron la ministra, Ana Redondo, y el CEO de Vodafone España (adjudicataria actual del contrato). Altamirano contestó a aquel email haciéndose cargo de la situación y agradeciendo que le informara de los fallos; y ella confirma esas reuniones de las que, dice, fueron “una de las prioridades” desde que entró, “saber qué pasaba y conocerlo de primera mano, y para eso hay que hablar con el personal” que trabaja ahí. Desde el Ministerio no se ha aportado ninguna otra información a este diario y se ha declinado la petición de entrevistar a la ministra.

El remitente del correo electrónico es uno de los múltiples trabajadores que han dado cuenta a diversos responsables no solo del centro Cometa sino del Ministerio de esos errores. El sistema anterior tampoco era perfecto, pero estas fuentes afirman que fue a peor con el cambio de empresa, desde la primavera de 2024, cuando las adjudicatarias dejaron de ser Telefónica y Securitas Direct ―que habían mantenido el servicio desde su inicio, en 2009―, y pasaron a ser Vodafone y Securitas.

Del buen funcionamiento de esos aparatos dependen 4.515 de esos dispositivos activos actualmente, según los últimos datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 4.515 dispositivos que son 4.515 mujeres, y las que tienen, sus hijos e hijas.

Y que ese servicio no está funcionando tan bien como debería se ha conocido esta semana, cuando se ha hecho público que durante unos meses ―entre cuatro y ocho, dependiendo de la fuente― no se tuvo acceso a los movimientos de los agresores anteriores al 20 de marzo de 2024, es decir, el histórico, por lo que en los juicios por quebrantamiento de condena hubo “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”, según la memoria de la Fiscalía General del Estado.

Por el momento, ni Fiscalía ni Igualdad han dado una horquilla exacta de tiempo ni un número exacto de casos ni tampoco el motivo por el que sucedió. La cuestión es que ese fallo, puntual, “ya solucionado”, y sin ninguna incidencia este año 2025, como confirmaron ambas instituciones, no ha sido ni está siendo el único.

El personal de Cometa lleva dando traslado de lo que ocurre desde el primer día que comenzaron los fallos. “Además de todo lo que se informa por escrito, tanto en las reuniones como diariamente, se informaba de dispositivos de muy mala calidad, deficiencia en los mantenimientos y los tiempo para hacerlos, y errores de cientos de metros en las localizaciones”, dice el ya extécnico de Cometa. Y es ya extécnico porque Securitas, la empresa por la que él estaba contratado en el centro de Control, lo despidió el 16 de junio.

“¿Las razones? Mails que envié quejándome del estado del servicio y de las condiciones laborales que teníamos los empleados, alegando que en algunos de esos mails compartía ‘información confidencial”. Denunció un despido improcedente, fue a conciliación (un proceso que se da en estos casos para ver si se llega a un acuerdo antes de ir a juicio) el 22 de julio: “Reconocieron el despido improcedente y me indemnizaron económicamente”.

Hay otros mails en los que los trabajadores preguntan cómo responder ante determinadas circunstancias que se les están dando por problemas con el dispositivo o el sistema. Por ejemplo, al llegar el verano, hicieron la consulta de qué hacer cuando uno de los agresores que portan la pulsera la había mojado, ya que dice en las instrucciones del dispositivo que es resistente al agua, “pero todos sabemos que durante el uso práctico esto no se cumple”, se lee en otro de esos correos. “Esto es falta de acción frente a las roturas de pulseras por la mala calidad”, dice el extécnico.

Recuerda, también, que “el año pasado hubo una caída de más de 24 horas del sistema, en julio. Y luego ha habido varias caídas más desde entonces, no tan prolongadas en el tiempo, pero sí alguna de varias horas”. Y explica, por último, que no es solo una cuestión de eficacia del servicio, sino del estado en el que se encuentran los trabajadores y trabajadoras para prestar ese servicio que califica de “esencial”.

En otro de esos correos se puede leer: “Esto no es una cuestión de la ‘actitud con la que venimos a trabajar’, es una cuestión de un ambiente laboral en un límite crítico para todas las trabajadoras. Tanto por parte del funcionamiento del mismo y el desgaste que provoca como por el ambiente al que nos vemos sometidos”.

¿Dónde empezó todo esto? Fuentes cercanas tanto al centro como a los procesos indican que en la licitación de 2019, ya Telefónica y Securitas Direct no se presentaron “por motivos económicos”, y al no concurrir ninguna otra empresa, Igualdad, en aquel momento en manos del PSOE y dependiente de la vicepresidenta Carmen Calvo, negoció una prórroga con una subida de la oferta.

Con el traspaso de esa cartera de PSOE a Podemos, y ya con Ministerio propio, Irene Montero heredó ese contrato prorrogado con Telefónica. Y dice al teléfono Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en esa legislatura de coalición, que hay algo en lo que estuvieron “totalmente de acuerdo con el equipo anterior”, y es que Telefónica, junto a Securitas Direct, “estaban en una situación de posición dominante”.

“Creían que se lo iban a volver a llevar ellos, y o que no se iba a presentar nadie o que quien se presentara no tenía posibilidad. Nos dijeron, entre otras cosas, que no podía haber dispositivos multiagresor, es decir, que si una víctima tenía orden de alejamiento de dos agresores, o de tres, tenía que llevar dos o tres dispositivos con ella”. Rosell habla de eso porque para cuando iba a llegar la siguiente licitación, la de 2023, había una cuestión que había cambiado: la Ley de Libertad Sexual, en vigor desde septiembre de 2022, incluyó para las víctimas de violencia sexual la ampliación de “la prestación del sistema de seguimiento por medios telemáticos”.

Era necesario no solo ampliar el número de dispositivos, sino también de personal, y hacer un cambio en la propia tecnología, porque mientras que es menos habitual que una víctima de violencia machista en la pareja o expareja tenga dos órdenes de alejamiento con dispositivo activo en vigor, sí puede serlo más en violencia sexual, cuando se producen agresiones múltiples. “No podíamos decirles a las víctimas de violencia sexual que iban a tener un dispositivo de seguridad y que iban a tener que llevar tres o cuatro dispositivos con ellas, el estrés era inasumible”, añade Rosell.

Había, por tanto, que ampliar y modificar el sistema. Pero Telefónica, según la exdelegada, aseguró que era imposible. Hicieron entonces un estudio de mercado “sobre el estado de la técnica” y vieron que “la tecnología multiagresores era factible”. Y se abrió entonces el concurso público viendo que la prórroga que tenían con Telefónica llegaba a su fin, en febrero-marzo de 2024.

Fuentes cercanas al proceso alegan que la telefonía “presionó” entonces para mantener el contrato no solo alegando que esa tecnología no era posible sino que tenían “exclusividad” con Attenti, la empresa israelí que da la tecnología al sistema. Preguntado un portavoz de Telefónica por este diario acerca de por qué la empresa no se presentó a la nueva licitación, respondió: “No podemos entrar ahí, en la confidencialidad de los pliegos de cada proyecto o licitación y del análisis que se realice por la compañía”.

Sin embargo, Attenti, dicen estas mismas fuentes, viendo que no se presentaba Telefónica, hizo un acuerdo también con Vodafone, que fue finalmente la adjudicataria. La fecha de formalización de ese contrato fue el 6 de noviembre de 2023. Se le adjudicó a pesar del informe técnico de Igualdad que valoró a la nueva adjudicataria ―el de ponderación de los criterios de adjudicación―, que en el apartado llamado “Plan de transición de salida del servicio”, que podía valorarse hasta con 10 puntos, le dio un 3,6 por detalles como estos: “Diseño deficiente”, “planificación poco detallada”, “asignación de recursos deficiente”, “poco preciso”, “y el calendario con tareas, hitos, tiempo y la previsión de incidencias no presenta un grado de coherencia adecuado para la complejidad del plan necesario para acometer las tareas”.

Explica Rosell que en el resto de apartados, como la tecnología y los dispositivos, “las mejoras eran patentes”, y añade que todo esto “es evidentemente supervisado por un equipo técnico especializado, que es quien revisa, hace las preguntas específicas y valora las características de la propuesta”. En el otro bloque a examinar, que se valoró de 0 a 30 puntos y en el que había tres apartados (dispositivos, seguimiento y servicio de operación), la puntuación subió hasta los 23,9. En el global, 27,5 sobre 40.

Tras eso, dicen esas mismas fuentes, hubo “reticencias” para hacer el traspaso de información por parte de Telefónica. Para ese momento de transición entre adjudicatarias, el ministerio de Igualdad ya había pasado de manos de Podemos al PSOE, con Ana Redondo como ministra.

La cuestión, ahora, dicen diversas personas cercanas a Cometa, es saber por qué un contrato que iba a suponer una mejora en un servicio del que dependen la vida y la seguridad de miles de mujeres no está ofreciendo esas mejoras. O, en palabras del técnico que trabajó en ese centro hasta junio, “por qué lleva meses dando fallos que no se solucionan”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.