Los fallos en las pulseras antimaltrato exponen las grietas de un sistema vital para la protección de las víctimas de violencia machista

Ninguna mujer ha sido asesinada llevando una de las llamadas pulseras antimaltrato. Ninguna de las 21.036 que la han tenido en algún momento desde 2009, cuando comenzaron a implantarse. Especialistas de distintos ámbitos e institucione...

Ninguna mujer ha sido asesinada llevando una de las llamadas pulseras antimaltrato. Ninguna de las 21.036 que la han tenido en algún momento desde 2009, cuando comenzaron a implantarse. Especialistas de distintos ámbitos e instituciones apuntan, desde su puesta en marcha, a la utilidad y la efectividad del sistema Cometa, que se ocupa de los aparatos que llevan tanto víctimas como agresores cuando un juez impone una orden de alejamiento; y que desde 2024 amplió el servicio a las víctimas de violencia sexual. La Fiscalía General del Estado reconoce en su última memoria anual “la indiscutible utilidad de los dispositivos como instrumento para proteger a las víctimas”. Y, con ese reconocimiento, hacen también otro: el de los fallos que también tiene el sistema, con 4.515 de esos dispositivos activos actualmente, según los últimos datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Entre las “anomalías” mencionadas por la Fiscalía en su informe, una fue la ausencia de información durante unos meses el pasado año sobre los movimientos de los agresores, cuando se produjo el cambio de las empresas que llevaban antes Cometa (Telefónica y Securitas Direct) a las nuevas (Vodafone y Securitas). Un fallo en el volcado de datos de una a otra adjudicataria que provocó “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios” porque no había forma de demostrar que se habían quebrantado las órdenes de alejamiento.

Lo cierto es que la transición de una empresa a otra ya se anunciaba problemática, como se desprende de la valoración que realizó en 2023 el ministerio de Igualdad, entonces en manos de Irene Montero. Según el informe técnico de Igualdad que valoró a la nueva adjudicataria ―el informe técnico de ponderación de los criterios de adjudicación―, en el apartado llamado “Plan de transición de salida del servicio”, que podía valorarse hasta con 10 puntos, Igualdad le dio un 3,6: “diseño deficiente”, “planificación poco detallada”, “asignación de recursos deficiente”, “poco preciso”, “y el calendario con tareas, hitos, tiempo y la previsión de incidencias no presenta un grado de coherencia adecuado para la complejidad del plan necesario para acometer las tareas”. Aun así, a pesar de la baja valoración del plan de transición presentado por la nueva adjudicataria (Vodafone y Securitas), en el otro bloque a examinar, que se valoró de 0 a 30 puntos y en el que había tres apartados (dispositivos, seguimiento y servicio de operación), la puntuación subió hasta los 23,9. En el global, 27,5 sobre 40. Había al menos otra empresa aspirando al contrato. La adjudicataria anterior, Telefónica con Securitas Direct, no se había presentado a la nueva licitación. Fuentes responsables de la empresa no han aclarado a EL PAÍS por qué no concurrieron.

El desajuste en el registro de los movimientos de los agresores, ya solucionado ―aunque ni las empresas ni el Ministerio de Igualdad han querido responder cuánto ha durado ni a cuántos casos ha afectado―, fue un episodio puntual. Pero hay otros fallos que se mantienen en el tiempo, como “los problemas derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de Cometa a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta el centro Cometa (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil), para decidir sobre la formulación de denuncia”, que también apunta esa memoria.

Los dispositivos, a veces, “un auténtico instrumento de tortura para la víctima”

Desde las fiscalías de Castellón y Pontevedra, por ejemplo, se pone “de manifiesto los múltiples fallos que se han detectado con los nuevos dispositivos y con el prestador del servicio, con las consiguientes disfunciones que provocan en el estado de alerta de la perjudicada, confirmándose que por parte de Cometa se remiten incidencias cuando han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos y que los equipos son sustituidos con cierto retraso”.

Y desde otras se señaló “lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos”.

Un relato que hizo, desde otro ángulo, María Tardón Olmos, magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuando compareció en una sesión de la Subcomisión para la Renovación y Actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género el pasado año. Entre otras cuestiones, afirmó “que no es excepcional que el dispositivo se convierta, en ocasiones, en un auténtico instrumento de tortura para la víctima, que, a veces, recibe de madrugada la advertencia de que su agresor está fuera de control”.

“Es absolutamente así”, dice al teléfono Joaquín Castillo, que fue uno de los técnicos de calle [el personal que se ocupa de la instalación y desinstalación de las pulseras así como de ir a los avisos que se generan] del sistema Cometa desde 2019 y hasta que entró la nueva adjudicataria, en 2024. Habla de otros problemas en las ubicaciones que provocan que no se sepa dónde están exactamente los agresores; o informes con localizaciones imprecisas; o la retirada de la pulsera por parte de estos hombres con la posibilidad de “engañar” al sistema con una ubicación falsa.

Castillo fue también parte del equipo que, con la antigua concesión (Telefónica y Securitas Direct), diseñó unos nuevos dispositivos que asegura que “eran los más adecuados para proteger a las víctimas porque estaban hechos específicamente para ello”. Ahora, “los teléfonos que usan no están fabricados para el uso que se les da sino que son teléfonos normales reconvertidos”; y las pulseras “han empezado a ponerse en las muñecas, donde es más factible que sean retiradas, en vez de en el pie en el ángulo correcto”.

“Cualquier fallo puede convertir a las víctimas en presas”

Habla también de cómo se mantenían activos los anteriores y los nuevos: “La pulsera llevaba antes una pila de botón que duraba año y medio y se conectaba vía radio con el dispositivo. Seis meses antes de quedarse sin pila, daba una señal de batería baja, saltaba una alerta de mantenimiento e íbamos a cambiar en ese periodo la pila para que nunca se quedara sin batería. Ahora se le está dando al agresor la responsabilidad de que cada noche enchufe su pulsera para cargarla”.

Y durante la migración de los antiguos a los nuevos aparatos, “por ejemplo, hubo una víctima que estuvo una semana en su casa porque le habían dejado los dispositivos antiguos sin señal y no habían ido a ponerle el nuevo. Y tenía al agresor a 150 metros de ella. Cualquier fallo puede convertir a las víctimas en presas”.

Castillo dice que es “frustrante” ver “el empeoramiento de un servicio” no solo por la cuestión técnica, sino por la personal, en un sistema “del que depende la seguridad de miles de mujeres”. “Despidieron a la gente que mejor conocía el sistema con el nuevo contrato, porque llevaban años creciendo a medida que crecían los dispositivos y participando en sus mejoras”, expone. Suma, además, el miedo a hablar “por las consecuencias”, aunque sea off the record, del personal actual del sistema, que firmó un acuerdo de confidencialidad.

Las zonas más desprotegidas, las rurales

Pero, “sobre todo”, alega que son “las zonas rurales o con peor cobertura” las que se ven más perjudicadas. Pone como ejemplos Tenerife, o zonas de Cuenca o Burgos: “Los dispositivos anteriores funcionaban con Movistar, es decir, Telefónica, el mayor proveedor del país. Cuando no hay cobertura, la señal no sale. Si en ese momento el agresor se acerca, queriendo o sin querer, desde el centro se desconoce. Cuando los dispositivos la vuelven a coger es cuando llega la alerta a Cometa, pero a lo mejor han pasado dos horas en las que has tenido una mujer en riesgo. Si ya con la anterior había problemas, con una que cubre menos, lo que antes pasaba una de cada 200 veces, ahora puede ser una de cada 20. Es algo que es imposible evitar, pero sí se puede mejorar”.

Lo piensa también María Auxiliadora Díaz, es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas, en Canarias, también miembro del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, y presidenta del Observatorio Iberoamericano sobre Violencia de Género. Ella, afirma al teléfono, nunca ha tenido “ninguna incidencia que haya dado lugar a la desprotección de la víctima”.

Lo que sí ha podido ocurrir es el salto de las pulseras porque el territorio de Canarias, dice, “es muy abrupto, y es verdad que está todo el rato pitando”. Algo que a veces es un fallo y a veces “son los agresores haciendo que salten las pulseras y usan el propio dispositivo de protección para ejercer maltrato psicológico contra ellas”.

En el caso de “que sí suponga una desprotección”, alega que “supone que se exigirá responsabilidad a las entidades que estén detrás de estos medios”. Tanto Vodafone como Securitas no han respondido a las preguntas de este diario “por cuestiones de confidencialidad” y han remitido al Ministerio de Igualdad. Defienden, sin aportar más detalle, que el sistema tecnológicamente dio “un salto cualitativo” desde que pasó a sus manos. Díaz, la magistrada, cree que un sistema del que depende la vida de las mujeres y sus hijos e hijas “tiene que funcionar bien, debería poder funcionar sin un fallo”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.