Las pulseras antimaltrato en el centro de la polémica: ¿Cómo funcionan? ¿Qué fallo hubo?

Las pulseras de control telemático permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas que tienen impuestas órdenes de alejamiento de sus víctimas, de manera que sirven para proteger a las mujeres, que a su vez llevan dispositivos, y documentar posibles quebrantamientos. Son más de 4.500 los hombres que las llevan puestas. Una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, de la que alertó la Fiscalía en su memoria general, ha desatado una nueva tormenta política, y ha puesto en el foco estos dispositivos, que se utilizan en España desde 2009. No hay constancia de que ninguna mujer haya sido asesinada llevando encima uno de estos dispositivos antimaltrato. Un total de 21.036 que la han tenido en algún momento desde 2009, cuando comenzaron a implantarse.

¿Cómo funcionan los brazaletes?

Cuando un juzgado lo decreta, se instala una pulsera en la muñeca o el tobillo del agresor que tiene orden de alejamiento y que o bien ha sido ya condenado o bien está a la espera de sentencia. La manipulación del dispositivo acarrea una multa. El quebrantamiento de una orden de alejamiento, regulado en el artículo 468 del Código Penal, puede acarrear penas de prisión de seis meses a tres años si la protegida es víctima de violencia de género. A la víctima se le proporciona un teléfono inteligente que alerta en el caso de que el hombre se acerque a ella quebrantando la prohibición de aproximación. Su instalación busca garantizar la seguridad de la mujer, documentar un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento y disuadir al agresor del incumplimiento de las prohibiciones impuestas judicialmente. La pulsera de geolocalización tiene una correa que detecta roturas y manipulaciones, una vida útil de 12 meses y se puede cargar de forma sencilla. La víctima puede recibir notificaciones en su teléfono y hacer videollamadas, enviar imágenes y lanzar un mensaje de alerta al centro de control. Además, el terminal puede detectar una caída y enviar una alerta que hará que el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) se ponga en contacto con ella para verificar su estado. El teléfono de la víctima puede emitir alertas visuales, sonora y de vibración cuando el dispositivo del investigado está cerca. También cuenta con un botón de emergencia para alertar de una situación de peligro. Si el agresor se acerca a la mujer o a la zona de exclusión fija (a la que no puede ir por orden judicial), la pulsera sufre daños o pierde la cobertura, el sistema lanza alerta al centro Cometa, y este actúa en función de la situación: llamando al agresor, contactando con las fuerzas y cuerpos de seguridad o hablando con la víctima.

¿Para qué situaciones está prevista esta medida?

Inicialmente, las pulseras se instalaban para proteger a víctimas de violencia de género, pero en virtud de la ley del solo sí es sí también se puede utilizar para controlar la localización de agresores sexuales. Ya no funcionan solo por parejas (un agresor, una víctima), sino que la pulsera de un investigado o condenado se puede sincronizar con el terminal de varias víctimas y también una víctima puede estar protegida frente a varios agresores.

¿Ha habido alguna víctima mortal de violencia machista que portara el dispositivo?

No consta, a día de hoy, ningún asesinato por violencia de género en el que la mujer fuera asesinada mientras portaba el dispositivo. Sí ha habido, que le conste a este diario, un asesinato en el que había orden de alejamiento y dispositivos activos tanto para víctima como para agresor. Pero, en el momento del crimen, ella no llevaba consigo el aparato de forma voluntaria: se lo había dejado conscientemente en casa, por lo que era imposible que saltara ninguna alerta al sistema.

¿Qué fallo en el sistema hubo y cuánto duró?

El sistema Cometa es el que se ocupa del seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato, los dispositivos que víctimas de la violencia machista y sus agresores llevan cuando judicialmente se decide una orden de alejamiento. En 2023, la adjudicación del servicio cambió de empresa ―de Telefónica, que subcontrataba con Securitas Direct, a la UTE (unión temporal de empresas) entre Vodafone y Securitas―, y en esa transición hubo un fallo en el volcado de datos de un proveedor a otro que provocó que durante unos meses no se pudieran conocer los movimientos de los agresores antes del 20 de marzo de 2024, lo que, según la Fiscalía General del Estado, supuso una “potencial desprotección de las víctimas”, como apuntó en su última memoria anual, que provocó “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”.

¿Cuándo se produjo el cambio?

En marzo de 2024, se hizo un cambio de sistema que incluyó modificaciones tecnológicas, cambio de las empresas que gestionan estas pulseras (ahora Vodafone y Securitas) y la ampliación de la protección a víctimas de delitos sexuales. La transición de una empresa a otra ya se anunciaba problemática, como se desprende de la valoración que realizó en 2023 el ministerio de Igualdad, entonces en manos de Irene Montero. Según el informe técnico de Igualdad que valoró a la nueva adjudicataria ―el de ponderación de los criterios de adjudicación―, en el apartado llamado “Plan de transición de salida del servicio”, que podía valorarse hasta con 10 puntos, Igualdad le dio un 3,6: “diseño deficiente”, “planificación poco detallada”, “asignación de recursos deficiente”, “poco preciso”, “y el calendario con tareas, hitos, tiempo y la previsión de incidencias no presenta un grado de coherencia adecuado para la complejidad del plan necesario para acometer las tareas”.

¿Cuántos procedimientos judiciales se han visto afectados?

La Fiscalía, que en su memoria destacaba que el fallo había supuesto una “potencial desprotección de las víctimas” y “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones de agresores”, no quiso dar cifras. En una nota publicada este jueves matizó esas afirmaciones y remarcó que “las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, porque los dispositivos funcionaron”. Además, detalló que las absoluciones referenciadas fueron “mínimas”. La nota habla de “fallos puntuales” e insiste en que el dispositivo funcionaba. Añade que “la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos [de las pulseras] se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos”. Respecto a las absoluciones a las que alude la Memoria, fuentes del organismo aseguran que estas son una “minoría de los casos”, y que también hubo condenas cuando se reabrieron los procedimientos una vez recuperado el acceso a los datos.

¿Han salido a la calle violadores o agresores por este fallo puntual?

No. La Fiscalía insiste en que llevar el dispositivo es un elemento más del que dispone el juez para agresores ya condenados o que están a la espera de condena y como medida cautelar. Las multas por el mal uso, la manipulación o el fallo de un dispositivo inciden sobre un quebrantamiento de la orden de alejamiento, pero nunca sobre el delito de base que llevó al agresor a la cárcel o a juicio por violencia de género. Ejemplo: un agresor cuya condena le permite, pasado un tiempo, salir a la calle en régimen de visitas, lo hará, si tiene impuesta la medida, con el brazalete, que volverá a quitarse cuando entre de nuevo en prisión. Si durante esa visita hay un fallo o una manipulación que quiebre la orden de alejamiento, no decae el delito por el que ingresó en la cárcel.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.