Maltratadores de violencia machista que cambian de sexo en el registro civil para intentar eludir condenas

Algunos maltratadores de violencia machista se han cambiado de sexo en el Registro Civil para figurar legalmente como mujeres en su documentación y tratar así eludir su ingreso en prisión; intentan hacer uso de uno de los derechos que se protegen en la llamada ley trans, la posibilidad de que una persona mayor de 16 años acuda al Registro Civil y obtenga un DNI que la identifique con su nombre y sexo sentidos, previo consentimiento informado con el único argumento de su libre voluntad. Los casos son esporádicos, pero llevan meses sucediéndose en un goteo, según denuncian las expertas en violencia de género. Otra cuestión es cuánto tiempo conseguirán dilatar sus procesos judiciales o con qué rapidez se le pondrá freno a estas maniobras desde el Poder Judicial y desde las Administraciones, ya que mientras los retrasos se eternizan, las perjudicadas son las víctimas.

El último ejemplo surgió este miércoles en Sevilla, donde en agosto del año pasado un agresor acudió al Registro para cambiar su sexo en el DNI. Ahora, ese cambio ha hecho que el juez de Violencia sobre la Mujer que investiga sus coacciones y amenazas durante el último año se haya inhibido. El magistrado trasladó hace 10 días las pesquisas a los juzgados de Instrucción, ya que al constar administrativamente el maltratador como mujer, el juzgado especializado en violencia machista no puede investigarle.

La historia, sin embargo, se remonta a 2019. El acusado fue condenado aquel año por maltratar a su pareja, y en 2023 se suspendió la pena por haber pedido el indulto al Gobierno. En el último año ha seguido hostigando a su víctima y ahora estas diligencias están en un limbo al cambiar de juzgado. Está por ver los efectos dilatorios que vaya a tener su cambio de sexo en el Registro Civil, si el reparto del asunto a los juzgados de instrucción se hace de manera rápida y si la investigación se acelera porque el órgano judicial tenga poca carga de trabajo.

En paralelo, la Fiscalía de Violencia de Género dispone de seis meses para investigar si el cambio que hizo el agresor para aparecer como mujer en los documentos oficiales fue con la intención de eludir a la justicia. Si el ministerio público hallara pruebas de un fraude procesal, pedirá al registro revertir el cambio de sexo para que el maltratador vuelva a aparecer en el Registro como hombre. Mientras, la víctima está atemorizada ante la cascada de amenazas y coacciones, que no cesan por parte de su expareja. “Desde hace un año la actuación delictiva sigue igual y esperamos que la Fiscalía actúe de oficio ante un fraude de ley indubitado”, protesta José Antonio Sires, abogado de la mujer afectada, que vive en la capital andaluza.

A 800 kilómetros de distancia, en Bilbao, se ha producido un caso muy similar. La Fiscalía de Gipuzkoa avanzó este martes que pedirá la nulidad del cambio de sexo administrativo de un ertzaina que intentó agredir la semana pasada a su pareja con un cuchillo y amenazó con dañar a sus dos hijas, si se demuestra que pidió ese cambio con el fin ilícito de eludir la acusación por violencia de género.

El policía vasco solo será acusado por ahora de violencia doméstica y no por violencia machista, y las pesquisas determinarán si fue al Registro solo para que su condena fuera menor tras el intento de agresión, o si realmente el agresor es una persona trans. Todo apunta a que el ertzaina lo hizo con esa intención, ya que fuentes cercanas al agente han subrayado que no había comunicado a familiares ni allegados su cambio de sexo, ni había modificado su nombre ni su forma de vestir, informa Europa Press.

“Si se demuestra que el maltratador ha cambiado de sexo con fines espurios, de forma torticera, vulnera el espíritu de la ley trans y por tanto lo hace por los beneficios penales. Que consiga o no frenarlo, dependerá de cada caso. Las leyes son como seres vivos, hay que dejar que se asienten. Pero no veo ningún error en una ley recién nacida [la ley trans], que responde a colectivos de personas que se sienten aprisionados en sus cuerpos”, opina Flor de Torres, fiscal delegada de Violencia de Género en Andalucía.

De Torres aboga por reflexionar sobre el espíritu de las leyes para corregir los desajustes que ahora están aprovechando ciertos abogados por todo el país. “Los jueces y fiscales estamos obligados a respetar el espíritu de las leyes, y no dañar a los colectivos que han luchado por sus derechos. La congruencia es perseguir los fraudes de ley que se produzcan. Hay una línea temporal que fija que por el hecho de que se cambien de sexo, eso no dejará impune los hechos pasados”, añade. Otra cuestión son los delitos o crímenes que se produzcan después del cambio de sexo registral, que en principio serán investigados por juzgados de Instrucción y los maltratadores podrían así eludir los agravantes penales para este tipo de violencia que recoge la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004.

Esta fiscal veterana confirma que en la provincia de Málaga ya ha visto varios casos que tras el cambio de sexo en el Registro han tenido que ser trasladados desde un juzgado de Violencia a otro de Instrucción. “Son hechos puntuales, no hay reiteración de conducta”, matiza. Lo cierto es que en estos casos complejos se entrecruzan dos normas, la ley integral contra la violencia de género y la ley trans, y esta convivencia puede traer desajustes y formas de interpretación, alertan las juristas especializadas. Y hay ocasiones, por ejemplo, en los que a los maltratadores puede salirles mal el intento de dilatar los procesos judiciales si es que ese es su objetivo; puede ocurrir cuando la saturación de los juzgados de Violencia sea mayor que la de los de Instrucción, y los casos avancen más rápidamente en este último órgano.

Tras el cambio de sexo registral del maltratador, la Fiscalía de Violencia suele abrir, de oficio o a petición de las acusaciones personadas, unas diligencias preprocesales para decidir si instan un expediente de nulidad al juzgado de lo civil donde el hombre hizo esa modificación, tras comprobar que hubo fraude. “Lo coherente es revertir ese cambio de sexo, pero dependerá de las pruebas obtenidas para probar la intención de fraude y así instar al registro civil a revertir la fotografía de esa persona. El elemento nuclear es el registro civil, que arrastra la competencia tras la colisión”, ilustra De Torres. En tal caso, el hombre que se cambió de sexo en los documentos oficiales volverá a aparecer como hombre por orden del juzgado de lo civil.

Concepción García, abogada de esta misma provincia andaluza, también tiene un cliente que se plantea hacer ese cambio: “Estando condenado por violencia, me dijo recientemente que estaba pensando cambiarse de sexo. Como me parece un despropósito, ni le contesté. Es un fraude eludir una condena por violencia solo por ir al Registro Civil”, precisa.

Sin embargo, mientras que la justicia decide si el hombre que se cambia de sexo lo hizo con la intención de impedir la investigación por su caso, los efectos en las víctimas son patentes. “Los agresores repiten ‘denúnciame, denúnciame, que no conseguirás el castigo que merezco porque me cambiaré de sexo”, revela Amparo Díaz, abogada especializada en violencia machista de Sevilla. “El impacto es una inseguridad sobre las consecuencias jurídicas y dónde ingresarán en prisión, si lo harán en una cárcel de mujeres y cómo se le aplicarán los cursos para reformar su conducta, siendo una mujer entre rejas”, ejemplifica esta letrada.

Al margen de los palos en las ruedas de la justicia, las Administraciones deberán revisar el acceso de las víctimas de estos agresores a los recursos económicos a su disposición, a menudo insuficientes. Cuando la situación de peligro es extrema, ellas necesitan medidas urgentes, como un techo para huir de su agresor, pero estas ayudas públicas pueden verse en el aire si los Gobiernos autonómicos no actúan con celeridad, ya que en puridad administrativa y mientras el cambio de sexo no se revierta, han sido atacadas por una mujer, por lo que no tendrían acceso a las múltiples herramientas que ahora la normativa establece para ellas.

Díaz pone un ejemplo sencillo: “Si un lunes un hombre es denunciado por maltrato, el martes solicita el cambio de sexo, y una vez tiene reconocido dicho cambio de sexo, solicita atención psicológica en el mismo centro de atención que su expareja, ambos estarán siendo tratados en el mismo centro. Ese es el impacto potencial de esta amenaza. La Administración debe buscar soluciones que no están previstas en la ley. Hay que proteger al colectivo trans, y a la vez hay que potenciar la seguridad jurídica, aunque parece que los juzgados estén actuando con celeridad”.