La Comisión impulsa una investigación europea para evitar la publicidad engañosa de los ‘influencers’

La Comisión Europea va a impulsar una investigación en varios países para detectar y evitar la publicidad engañosa de los grandes influencers, esos usuarios de las redes sociales que tienen miles de seguidores y cuyos mensajes llegan a una gran audiencia, en su mayoría joven. Así lo ha anunciado este martes el ...

La Comisión Europea va a impulsar una investigación en varios países para detectar y evitar la publicidad engañosa de los grandes influencers, esos usuarios de las redes sociales que tienen miles de seguidores y cuyos mensajes llegan a una gran audiencia, en su mayoría joven. Así lo ha anunciado este martes el Ministerio de Consumo, que ya realizó una investigación sobre el tema el pasado verano y mandó avisos de sanción a varios de ellos. Además, la Comisión ha lanzado una web para recordar las obligaciones legales de estos creadores digitales.

La iniciativa, surgida en el seno de la entidad europea, implicará a varios países del continente y también a las comunidades autónomas españolas. El objetivo es revisar las publicaciones de influencers y determinar si cumplen con la legislación de la Unión Europea. Según ha anunciado el departamento de Alberto Garzón en un comunicado, la actuación se centraliza desde la Oficina de Enlace Única de la red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) de la Dirección General de Consumo.

Los influencers suben a diario vídeos y fotos a las redes sociales y plataformas de vídeo —como Instagram, TikTok, Twitter, Youtube y Twitch— y tienen un gran eco en la audiencia, lo que los convierte en grandes prescriptores. Muchas marcas aprovechan este tirón para pedirles que manden mensajes recomendando todo tipo de productos (comida basura, videojuegos, maquillaje, bebidas energéticas...). El precio que las empresas pagan para que se publiquen esos mensajes, vídeos o fotos puede ser de miles de euros si el usuario tiene millones de seguidores. La mayoría de estos prescriptores no suelen avisar de que se trata de publicidad pagada, con lo que esos mensajes se camuflan entre consejos y experiencias reales, haciendo muy difícil que quienes los reciban sean capaz de distinguirlos.

Según Consumo, en las próximas semanas la Comisión Europea y las autoridades nacionales de la red de CPC “realizarán un barrido online y examinarán las publicaciones de influencers y creadores de contenido para comprobar si cumplen con las obligaciones legales fijadas en las directivas europeas relativas a las prácticas comerciales desleales y al comercio electrónico”.

En Francia, a principios de verano, ya se aprobó una ley que prohíbe a los influencers promocionar consejos sobre cirugías estéticas, dietas peligrosas o criptomonedas, entre otras cuestiones, y con sanciones que pueden llegar hasta los 300.000 euros de multa y los dos años de prisión. En España por el momento, no existe ninguna normativa específica para las redes sociales en esta cuestión, pero el ministerio considera que las autoridades europeas de Consumo son las competentes para vigilarlas siempre que puedan verse afectados los intereses de los consumidores.

Para el ministerio, “el objetivo es que el comercio online sea igual de seguro y ofrezca las mismas garantías a las personas consumidoras que el offline [en comercios], ya que la legalidad de la publicidad en redes sociales es una de las prioridades comunes de las autoridades europeas en materia de protección al consumidor”.

Protección en internet

No es la primera vez que Garzón se fija en estos creadores de contenidos y sus malas prácticas. El pasado julio, su departamento realizó una investigación en las principales redes sociales para identificar posibles casos de publicidad encubierta por parte de estos usuarios y envió advertencias de sanción a varios de ellos al comprobar que habían difundido mensajes publicitarios sin avisarlo en el 78% de los casos. El ministerio no ha revelado ni a qué comunicadores se le notificó ni cuándo se producirían las posibles sanciones, que podrían llegar hasta los 100.000 euros. En cualquier caso, todavía no hay ninguna multa por esta iniciativa en España.

Mientras, la Comisión Europea ha lanzado este martes el Influencer Legal Hub, un espacio que proporciona información clave sobre la legislación europea en el ámbito de la protección al consumidor. A través de vídeos animados y recursos desarrollados por expertos académicos, los influencers pueden conocer sus obligaciones legales (en particular, cuándo, dónde y cómo deben divulgar sus mensajes publicitarios en las redes sociales) y qué derechos tienen las personas consumidoras cuando compran productos o servicios. Eso sí, la mayoría de la información y vídeos solo están disponibles en inglés.