Esvásticas, insultos y lgtbifobia: el calvario de una estudiante bisexual
Un juzgado investiga a un colegio de Ourense por desatender a una joven que sufrió una campaña de acoso durante meses
El curso pasado, María (nombre ficticio) llevaba meses soportando insultos, amenazas y vacío. Quiso suicidarse y solo la irrupción in extremis de una amiga cortocircuitó su plan. Antes de aquello, María defendía con ilusión el movimiento LGTBI en los debates de clase. A sus 15 años, era cariñosa y habladora. Hoy, un juzgado investiga al orensano Colegio Luis Vives —una cooperativa educativa privada, concertada y laica— tras una demanda de los padres por no haber prevenido presuntamente este caso de acoso.
Para entender esta hist...
El curso pasado, María (nombre ficticio) llevaba meses soportando insultos, amenazas y vacío. Quiso suicidarse y solo la irrupción in extremis de una amiga cortocircuitó su plan. Antes de aquello, María defendía con ilusión el movimiento LGTBI en los debates de clase. A sus 15 años, era cariñosa y habladora. Hoy, un juzgado investiga al orensano Colegio Luis Vives —una cooperativa educativa privada, concertada y laica— tras una demanda de los padres por no haber prevenido presuntamente este caso de acoso.
Para entender esta historia de autolesiones, mensajes de WhatsApp con esvásticas y homofobia hay que remontarse a septiembre de 2022. Primer día de curso. María comienza cuarto de la ESO en el centro donde aterrizó hace más de una década. Es una joven participativa, que quiere ser psicóloga, como su madre, y defiende el feminismo y los derechos de las minorías.
Desde que contó en casa que era bisexual, con 12 años, jamás tuvo problemas. Y era habitual que expresara abiertamente su orientación en su grupo local de scouts, donde ingresó con nueve.
Dos compañeros la sitúan en su punto de mira, según la demanda. Uno de ellos, que ya la había hostigado por redes sociales un año antes, intensifica el cerco. “El primer día de clase le dijeron que era una persona enferma que debería estar muerta por su condición sexual, que su presencia en clase resultaba molesta y que, si no se cambiaba o se suicidaba, sufriría durante el curso”, relata el padre, Juan F., un informático de 49 años.
El progenitor se enteró del acoso un año después, cuando su hija se derrumbó y les relató la verdad que le atormentaba. Desveló que recibía constantes invectivas, insultos y menosprecios por parte de dos chicos de su clase.
Un secreto en el móvil
El vía crucis estaba en secreto en su móvil. El número de la chica había sido agregado un año antes, por parte de uno de los acosadores, a un chat de WhatsApp titulado “No al LGTBI+”. El grupo contenía una bandera arcoíris tachada y esvásticas. “Nosotres sabemes limpier” (sic), decían algunos mensajes, burlándose del lenguaje inclusivo.
Tras analizar el teléfono, la familia descubrió que la estudiante recibía, también a través de esta aplicación de mensajería y la red social Instagram, una catarata de insultos del líder de los acosadores. El chat de clase se transformó en un canal más de propagación de odio. Una imagen desfigurada de la chica con el mensaje “El de abajo es gay” precedía a otras invectivas. Aunque María no contesta y bloquea a sus acosadores, su pesadilla continúa.
Un mes después de descubrir el abuso, los padres mantienen la primera reunión con la dirección del Luis Vives. En el encuentro, muestran los mensajes de odio del móvil e instan a activar el protocolo de prevención de acoso. “En una segunda cita, los representantes del centro —la directora, el psicólogo y la jefa de estudios— dijeron que era muy grave lo que estaba ocurriendo y que constituía un delito de acoso y odio”, relata el padre.
La directora, según la demanda, indicó que no era necesario recurrir a la Xunta de Galicia porque el colegio ya disponía de un protocolo propio, tildó el caso de “incidente” en un primer momento y zanjó, cinco meses después, el castigo a los acosadores con una expulsión de clase de dos días, que no del colegio.
El colegio activó el protocolo antiacoso medio año después de recibir la primera notificación de la familia y cinco días antes de que la chica intentara quitarse la vida, según la demanda. Y cerró el procedimiento nueve días después de su apertura tras concluir que no hubo acoso. Según la demanda, el colegio entendió que no se daban los criterios necesarios: intención de hacer daño, posición de fuerza de los agresores y repetición de los hechos.
Y precisamente por esa percepción de que nada se movía, la familia denunció el pasado marzo los hechos ante la Policía Nacional. “A consecuencia de todo, María se ha autolesionado y ha mostrado tendencias suicidas”, confesaron los progenitores a los agentes, según la denuncia.
Este diario ha intentado sin éxito recabar la versión de la responsable del Luis Vives. “El centro educativo no va a efectuar declaración alguna fuera de los ámbitos en los que debe hacerlo”, responde por correo electrónico su directora, Iria Vence.
Los padres revelaron a las autoridades que la joven está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. “Se encuentra en una situación difícil, traumática, devastadora, que le implica una amenaza seria a su seguridad e integridad”, recoge un informe pericial sobre el caso encargado por la familia a la psicóloga Eva Benita. “Episodio de ansiedad, reúne pastillas del padre, pero no las ingiere”, matizaba el parte que el Servicio Gallego de Salud emitió tras el frustrado intento de suicidio.
El abogado Fernando Gómez-Chaparro, que ha elaborado una demanda en la que reclama 50.000 euros al colegio Luis Vives de Ourense por “inactividad” en la prevención del acoso, carga contra la actitud de este centro concertado. “No tomaron ninguna medida de protección de la estudiante y abrieron el protocolo de acoso cuando ya era tarde. El daño causado a la víctima es cierto, tal y como muestran los informes periciales”, explica este letrado especializado en este tipo de casos. Su demanda fue admitida a trámite el 13 de septiembre por el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense.
En paralelo, la Fiscalía de Menores abrió el pasado mayo unas diligencias preliminares sobre el caso y tomó declaración a la víctima tras la denuncia de sus padres a la Policía Nacional, según el abogado Jorge Oteyza, que también representa a la familia. Este diario ha intentado recabar sin éxito la versión del ministerio público.