Condenado el director de una residencia en La Palma por prácticas vejatorias contra internos con discapacidad

La Residencia para Personas con Discapacidad de Triana, en la isla La Palma (Canarias), ha supuesto un infierno para tres de sus usuarios, con discapacidad severa. Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma considera probado que el director de la residencia, Jose Ameen Mustafá Díaz., cometió tres delitos contra la integridad moral al someter durante años a tres usuarios a “prácticas vejatorias y humillantes”, según la sentencia a la que ha accedido EL PAÍS y que ha adelantado la Cadena Ser. ...

La Residencia para Personas con Discapacidad de Triana, en la isla La Palma (Canarias), ha supuesto un infierno para tres de sus usuarios, con discapacidad severa. Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma considera probado que el director de la residencia, Jose Ameen Mustafá Díaz., cometió tres delitos contra la integridad moral al someter durante años a tres usuarios a “prácticas vejatorias y humillantes”, según la sentencia a la que ha accedido EL PAÍS y que ha adelantado la Cadena Ser. La jueza, además, impone al condenador una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los responsables legales de los internos en concepto de daños morales.

La sentencia explica que la dirección del centro —dependiente del Cabildo de La Palma, aunque con gestión privada— sometía a tres de estos internos a prácticas como el “aislamiento abusivo en el denominado Espacio Reeducativo, privándolos de la compañía del resto de internos y personal del Centro por espacios prolongados de tiempo”. Además, les echaba encima garrafas de agua fría, “extraídas del frigorífico”; usaba “mecanismos de contención física” como manoplas, sujeciones en la deambulación, sujeciones en cama, camisas de fuerza y sujeciones en las sillas “de forma abusiva y arbitraria”; y restregaba en la cara y la boca de los residentes sus heces y orines, supuestamente “a fin de corregir determinadas conductas relacionadas con el control de esfínteres”.

Una de las denunciantes e impulsoras del caso es la periodista palmera Eugenia Paiz, madre de Rebeca, actualmente de 30 años y que sufre un autismo con “conductas disruptivas de autolesión”. Rebeca ingresó en abril de 2012 y sufrió maltratos durante ocho meses. “Seis días después”, relata Paiz en conversación telefónica, “visito a mi hija con previo aviso al centro, y me la encuentro sedada y babeando por el exceso de medicación. Es ahí cuando comienza mi periplo”.

Paiz pone en conocimiento del Cabildo los hechos, el cual abre un expediente. Esta investigación, de hecho, la obliga a mantener a su hija en el centro, dado que si no la corporación insular la habría cerrado, explica. “Durante el juicio, la defensa me preguntaba por qué mantenía a mi hija ahí, sabiendo que la estaban maltratando. Y lo hacía porque soy mejor ciudadana que madre, porque si no me sacrificaba y pagaba el precio, las cosas no iban a cambiar”. De hecho, durante los ocho meses que transcurrieron, relata la denunciante, el condenado la llamaba para amedrentarla explicándole que iba a encerrar a su hija en el espacio. “He pasado momentos de muchos momentos de flaqueza, muchos momentos de soledad”.

Fue la presidenta entonces presidenta del Cabido, María Guadalupe González Taño (Coalición Canaria), la que informó a Eugenia Paiz la gravedad de lo que ocurría en el centro. Derivó el expediente a la Fiscalía, que presentó acusación. “Creo que todos tenemos que vigilar a los vigilantes”, asegura en declaraciones a la Cadena Ser la fiscal, Rosa Rubio, quien es la delegada de la Especialidad Civil y de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en las islas Canarias. “Ha sido un camino muy largo, pero que demuestra que podemos llegar a saber lo que pasa en un centro y hacer justicia”, incide.

“Me siento en la obligación de hacer pedagogía de los derechos fundamentales de mi hija y de todas las personas como ella”, concluye Eugenia Paiz, “para que esta sentencia no quede guardada en un cajón. Las multas y las condenas por sí solas no sirven de nada”. Y reclama que estos centros sean de titularidad completamente pública. “No puede permitirse que las empresas hagan negocio con algo que forma parte de nuestro bienestar”.