La presión para ser la ‘buena’ víctima: por qué hay quien renuncia a una indemnización tras una agresión sexual

La semana pasada, en un juicio por violencia sexual, la defensa del acusado preguntó cómo era posible que la víctima hubiese vuelto a salir a bailar si la agresión se produjo en una discoteca. El pasado año, el acuerdo de conformidad por el que dos policías municipales de Estepona no entraron en prisión tras agredir a una chica de 18 años a la que habían ...

La semana pasada, en un juicio por violencia sexual, la defensa del acusado preguntó cómo era posible que la víctima hubiese vuelto a salir a bailar si la agresión se produjo en una discoteca. El pasado año, el acuerdo de conformidad por el que dos policías municipales de Estepona no entraron en prisión tras agredir a una chica de 18 años a la que habían dado el alto poco antes en un control policial, provocó comentarios sobre lo verdadera de aquella denuncia. Cuando se conoció en 2019 que el futbolista Cristiano Ronaldo había pagado más de 300.000 euros a la modelo Kathryn Mayorga, la mujer que lo había denunciado por violación en 2009, la idea que sobrevoló fue que la denuncia era falsa y ella solo quería dinero. Justo la contraria, —que la denuncia es verdadera porque ella no quiere dinero—, fue la que saltó hace unos días, cuando la mujer que ha denunciado a Dani Alves por violación renunció a su derecho a ser indemnizada por el futbolista.

Todo responde a un patrón que aún se sigue dando en los procesos por estos delitos: cómo han de ser las mujeres antes, durante y después de la agresión, también antes, durante e incluso después del juicio. Violeta García, psicóloga experta en violencia sexual, sigue encontrando “que hay que encajar dentro del cliché de buena víctima, la que corresponde a los estereotipos de la cultura de la violación: una mujer decente agredida por un desconocido que pone una denuncia inmediatamente”. Y que después está “destruida y se recluye en casa”.

Esos estereotipos que persisten en el imaginario social suponen también un peso para las propias víctimas, que en ocasiones se ajustan a ese falso estándar porque “sienten que de esa manera serán menos juzgadas”, dice la psicóloga. Eso es lo que ha ocurrido, coinciden todas las expertas consultadas por este periódico, con esa mujer de 23 años que ha decidido renunciar explícitamente a su derecho a la indemnización si Alves es condenado porque, dijo a la magistrada, su objetivo es que se haga justicia y el exjugador del Barça pague con cárcel.

Indemnizaciones por debajo de los 6.000 euros

“Es como que el dinero nos contamina”, dice Herminia Suárez, abogada de la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales (Adavas) durante 25 años. Ya jubilada, en su memoria está la frase “no quiero dinero, quiero justicia, no quiero que duden de mi palabra”. La ha escuchado a lo largo de su carrera de mujeres que, al explicarles sus derechos, directamente los rechazan. Cuando no lo hacen, no siempre reciben la reparación económica a la que tienen derecho.

José Miguel Ayllón, abogado de la Asociación de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos, apunta “la cantidad de casos en los que no se cobra la indemnización, tanto en estos como en otros delitos”. Suárez añade que “a la hora de cobrar, o los agresores se han declarado insolventes y no se cobra o en casos como el de Alves, que son muy solventes, ellas no quieren por si se las malinterpreta”, y recuerda el estudio del Grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona —Las violencias sexuales en el Estado español: Marco jurídico y análisis jurisprudencial—, un análisis de 167 sentencias entre 2016 y 2017 en Madrid, Cataluña y Anducía.

Ese informe refleja que en los fallos que estudiaron, un 6,06% hubo una renuncia a la indemnización. En los que no, escriben las investigadoras, las indemnizaciones por agresiones y abusos sexuales “son miserables”. Entre el 58% y el 60% tienen indemnizaciones por daños morales “inferiores a los 6.000 euros, siendo prácticamente el 42% de ellas inferiores a los 3.000″. Y afirmaron que “con estas cantidades tan nimias se está minimizando el daño sufrido, se relativiza hasta llevarlo a un segundo plano, dando la sensación en ocasiones que los años de prisión a los que se condena al agresor compensan el daño moral que sufre la víctima” y “se obvia así que el daño moral de la víctima puede durar toda la vida, que la agresión puede condicionar su vida sexual, sentimental, laboral, familiar”.

“Pesa más el juicio social” que los derechos de las víctimas

Para la abogada de Adavas, en la relación que existe entre estos delitos y el dinero subyace también “esa idea de que si te pagan, eres accesible”. “A una mujer se la puede violentar por dinero, ahí está la prostitución. Hemos interiorizado la relación del dinero con el sistema prostitucional, como si además la prostitución no fuesen violaciones por las que los hombres pagan”, plantea Suárez.

También esboza otro aspecto, que esa negativa a una restitución económica puede tener que ver “con marcar distancia, con una línea roja de preaviso de que no habrá acuerdo, de que ningún dinero la va a poder resarcir de ese daño. Y es verdad, pero el dinero es igualmente suyo, lo estipula claramente la legislación, que establece una serie de cuestiones para evaluar, situaciones por las que se sabe que pasarán las víctimas”.

La ley, la de Garantía Integral de la Libertad Sexual, establece que la indemnización “por daños y perjuicios materiales y morales”, de acuerdo con las leyes penales sobre la responsabilidad civil derivada del delito, “deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de, al menos, el daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad; la pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; el daño social, entendido como el daño al proyecto de vida; el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva”.

Cuando se renuncia a un derecho así, tan pormenorizado, es “porque pesa más el juicio social al que las mujeres creen que serán sometidas, y muchas veces lo son. Lo hacen para defenderse y protegerse del escrutinio público”, insiste García, la especialista, que pertenece a la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente, de Cataluña.

La bolsa oculta de violencia sexual

Esa presión que aún existe sobre las víctimas es también una de las razones por las que la violencia sexual es una de las que tienen mayor cifra oculta. “Del 90%”, cifró esta semana la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. Es decir, que se estima, desde las instituciones, que solo denuncia una de cada diez mujeres. Según la última Macroencuesta de violencia sobre la mujer, de 2019, en España, más de 1,8 millones de mujeres de 16 años o más han sufrido violencia sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas; fuera de ese ámbito de las relaciones, más de 1,3 millones. “Son cifras muy bajas” de denuncia, apunta Graciela Atencio, una de las fundadoras y directora de Feminicidio.net.

Detrás está “la misma” casuística que las expertas apuntaban antes. Dice Atencio que se dan “porque las víctimas se encuentran con diversas cuestiones. La cultura de la violación, que las culpabiliza a ellas y pone en duda su testimonio y su experiencia de violencia; el terror que sienten por tener que pasar por un proceso de revictimización, como muchas veces suponen los procesos penales, no solo dentro de los tribunales sino en los medios y en la calle; y se enfrentan también a una idea a veces generalizada de que los delitos de violencia sexual quedan impunes”.

Para Suárez, todo está relacionado y deriva de una justicia que durante “muchos años, hasta no hace tanto, ha minimizado los delitos sexuales y ha centrado la responsabilidad del propio delito en las víctimas y no en los responsables, en los agresores”, dice refiriéndose a cómo se ha dirimido —hasta la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, ahora en pleno debate por las rebajas y excarcelaciones de pena que está conllevando su aplicación—, la existencia de violencia sexual y la diferencia entre abuso y agresión por cómo y cuánto se hubiese resistido la víctima, ya que el criterio era la violencia y la intimidación que el agresor hubiese tenido que emplear para cometer el delito.

“Llevamos toda la historia acarreando la culpa y el castigo cuando somos víctimas de agresiones sexuales. Y esto todavía está grabado a fuego en la socialización de las mujeres”, concluye la abogada, y lo comparte Atencio, para quien el caso de Alves es paradigmático desde dos perspectivas. Por un lado, en la renuncia de la víctima a la indemnización “para demostrar la veracidad de los hechos, una idea que hay que erradicar porque supone un perjuicio más para las víctimas”.

Y por otro, en positivo, que “puede servir como ejemplo de buenas prácticas, porque todo hasta ahora ha funcionado en el proceso, y eso demuestra que debemos trabajar en crear entornos sociales, jurídicos, psicológicos y de actuación para que las víctimas no se sientan amenazadas por la culpabilización y la misoginia que hay detrás de las sospechas que recaen siempre sobre ellas, trabajar para crear entornos seguros que las lleven a denunciar y a no renunciar a sus derechos”.