La primera ley de servicios sociales de la democracia permitirá acceder a un mínimo de prestaciones en todo el país

En España no hay un único sistema público de servicios sociales, sino uno por autonomía, con lo que existen grandes desigualdades —también entre los ayuntamientos— y es imposible conocer qué asistencia reciben los usuarios en todo el país. El anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que se aprobará previsiblemente este martes en Consejo de Ministros en primera lectura, mandata a las comunidades a acordar con el Ministerio de Derechos Sociales un mínimo de prestaciones común para todo el territorio y a crear un sistema de inf...

En España no hay un único sistema público de servicios sociales, sino uno por autonomía, con lo que existen grandes desigualdades —también entre los ayuntamientos— y es imposible conocer qué asistencia reciben los usuarios en todo el país. El anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que se aprobará previsiblemente este martes en Consejo de Ministros en primera lectura, mandata a las comunidades a acordar con el Ministerio de Derechos Sociales un mínimo de prestaciones común para todo el territorio y a crear un sistema de información estatal —que no existe—. La norma, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, pretende además simplificar el proceso para recibir ayudas de emergencia, aquellas que perciben las familias más vulnerables (para comida, ropa o pagar los suministros, por ejemplo) y que en la actualidad pueden demorarse hasta varios meses. También busca que los servicios sociales sean más personalizados y menos burocráticos.

“Las dos graves crisis económicas vividas en España [2008 y 2020] han tensionado fuertemente unas estructuras de servicios sociales que ya se encontraban, en términos generales, infradotadas y no suficientemente desarrolladas, en relación con las necesidades de las personas, o comparadas con el grado de desarrollo de los sistemas educativo o de salud, o con los servicios sociales de otros países de nuestro entorno”, señala el anteproyecto en la exposición de motivos. En el texto se reconoce que los servicios sociales están “precarizados y debilitados, tensionados por la presión asistencial”, y que “en muchas ocasiones el modelo de intervención se ha construido centrado en los servicios y no tanto en las personas, sus necesidades y preferencias”.

El objetivo de la norma es sentar las bases de una red de sistemas de servicios sociales, conseguir que estos sean menos asistencialistas, y reducir las diferencias que hay en la atención a lo largo del territorio. En la actualidad existen 17 sistemas independientes (más Ceuta y Melilla), sin conexión entre sí. Si bien hay un catálogo de referencia para todo el país con prestaciones y servicios, data de hace ya casi 10 años. Ahora, el objetivo es lograr uno que realmente se cumpla, que esté actualizado y que vaya más allá, fijando también estándares de calidad para cada una de las prestaciones y servicios.

La normativa, que será la primera ley de la democracia en servicios sociales, está incluida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, y su aprobación en el primer semestre de este año es uno de los compromisos pactados con la Comisión Europea en el marco de los fondos Next Generation. Aunque la ley se tramitará de urgencia, los plazos son muy ajustados porque aún debe volver a pasar en segunda vuelta por Consejo de Ministros antes de su tramitación parlamentaria, y en las Cortes muy posiblemente las competencias autonómicas serán un importante asunto de discusión. Los partidos nacionalistas ya han recalcado en diversas ocasiones que ostentan la competencia exclusiva en la materia, si bien el Gobierno recalca que tiene la tarea de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a determinados derechos.

El anteproyecto, en cualquier caso, no define una serie de servicios que deban ser comunes a todo el territorio, sino que mandata a la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales (hasta ahora denominada consejo territorial) a consensuarlos. Para ello dispondrán de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la ley. Pero el mandato a la Conferencia Sectorial va más allá. Lo primero que tiene que decidir es cuál es el mínimo de satisfacción de las necesidades vitales (en aspectos como autonomía o recursos materiales en situaciones de emergencia social) que, de no alcanzarse o estar en riesgo, obligue a la intervención pública.

Para lograr cubrir esas necesidades, se fijará este catálogo común de servicios, que no solo deberá describir el nombre de la prestación, también qué actuaciones comprende, a qué población va dirigida, cuál es la forma de acceso y cuáles son los requisitos de calidad que se le exigirán. Así, deberá establecerse cuál es la ratio de profesionales, en qué intensidad deben prestarse los servicios y cuál debe ser la especialización del personal, entre otros aspectos. Mientras, el ministerio elaborará un instrumento común de valoración que servirá de referencia para unificar los criterios de diagnóstico ante la vulnerabilidad social, que también deberá ser debatido en esta conferencia sectorial. Para ello, se fijan distintos plazos de tiempo.

Historia social única

Cuando una persona se muda de una comunidad a otra, automáticamente tiene derecho a atención sanitaria o educativa en su nuevo destino, pero no ocurre lo mismo con los servicios sociales: debe volver a pasar por todo el proceso desde el inicio, y si antes recibía una ayuda, puede tardar muchos meses en volver a recibirla o incluso puede serle denegada. El mínimo común de servicios facilitará optar a una de estas prestaciones en otra autonomía. La Conferencia Sectorial deberá regular la manera de lograrlo, aunque no se fija un plazo específico para ello. Además, se creará una historia social única, que aglutinará toda la información del usuario para que los servicios sociales de todas las administraciones puedan acceder a ella. Algo actualmente imposible.

También se regulan derechos y deberes de los usuarios. Entre los derechos, no será necesario un tiempo mínimo de empadronamiento o residencia en un municipio para acceder a una ayuda que sea considerada esencial (algo que pasa a menudo), y no se podrá excluir a nadie de un servicio por no tener recursos económicos (como ocurre con los copagos). El anteproyecto establece el derecho a la atención integral y de calidad, a la existencia de un profesional de referencia (que ahora existen en muchas localidades, pero no en todas), y en que los usuarios tendrán pleno acceso a la información personal, y a no tener que presentar documentos o información innecesaria para la intervención, o que ya obre en poder de la Administración.

La normativa es una larga reivindicación en el sector. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, recalca que “en España todos los sistemas de protección social del Estado de Bienestar tienen sus leyes nacionales, desde educación a sanidad. Pero el cuarto pilar, los servicios sociales, no la tienen. Es bueno regular unos mínimos”.

Sistema de información estatal

El anteproyecto sienta las bases para la creación de un sistema de información estatal de servicios sociales, que integrará los datos derivados de los servicios públicos del sector en todo el país y permitirá conocer mejor la realidad actual y cuyos datos serán de acceso púbico (garantizando el anonimato). Actualmente estamos a ciegas. El objetivo es aumentar la cooperación entre administraciones con un sistema que permitirá la interoperabilidad. El ministerio deberá financiarlo. La Conferencia Sectorial dispondrá de dos años tras la entrada en vigor de esta ley para decidir qué información y datos debe contener este sistema de información, así como los plazos y condiciones para su transmisión. Además, también se crean nuevos órganos vinculados a los servicios sociales, como la Comisión Interministerial de Servicios Sociales, el Observatorio de los Servicios Sociales y el Consejo Asesor en Servicios Sociales.

Otro objetivo del anteproyecto es facilitar el cobro de las ayudas de emergencia social, un tipo de prestaciones cuyo objetivo es paliar situaciones de urgencia, necesidades básicas como alimentación, ropa, vivienda o suministros. En gran parte de los municipios se tramitan como subvenciones, con procedimientos rígidos y complejos que ralentizan el proceso. La norma abre la puerta a crear una regulación específica más sencilla, en el marco de la Ley de Subvenciones, que deberá negociarse entre Hacienda y Servicios Sociales en los próximos seis meses.

Otra de las novedades del anteproyecto es la consideración de los servicios sociales como esenciales. Algo que ya se declaró de forma extraordinaria y coyuntural durante la pandemia. Este cambio implicará que deberá asegurarse la atención a todas las personas en situaciones de emergencia. Además, al ser declarados servicios esenciales, las tasas de reposición (a quién se puede contratar para suplir una jubilación) son superiores a las del resto de servicios. En este caso, se equipara por ejemplo a la situación de los policías.

Además, el anteproyecto establece que la litigiosidad de los servicios sociales pase de la jurisdicción contencioso-administrativa, más lenta y farragosa, a la social. Con eso se espera resolver con más celeridad cualquier exigencia de prestación o derechos.