Aluvión de críticas a las medidas antiabortistas de Castilla y León: “Podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual de las mujeres”

El anuncio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), de que el Gobierno autonómico instaurará medidas antiabortistas, entre las que se incluyen obligar a los sanitarios a ofrecer a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido del feto, obtener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica, ha desatado una ola de indignación entre p...

El anuncio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), de que el Gobierno autonómico instaurará medidas antiabortistas, entre las que se incluyen obligar a los sanitarios a ofrecer a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido del feto, obtener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica, ha desatado una ola de indignación entre políticos y colectivos médicos.

El primero en reaccionar ha sido el procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta Francisco Igea, que ha tildado el proyecto de “machismo irredento e imposición moral del Gobierno de Vox”. En un escrito que ha registrado en las Cortes de Castilla y León, Igea, que es médico de profesión, recuerda que ni la ecografía 4D ni la escucha del latido fetal han sido aprobados “por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia” de la comunidad.

Desde la dirección del PP nacional no quieren entrar a comentar la medida. Fuentes de Génova alegan que “no pueden valorar continuamente las decisiones de los gobiernos autonómicos”. Y ponen el acento en que ha sido una iniciativa promovida por Vox, informa Virginia Martínez.

La coordinadora de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha calificado el anuncio de García-Gallardo de “ocurrencia” y defiende que el vicepresidente de la Junta “juega con la integridad y salud de las mujeres”. La socialista lamenta que Vox apuesta por un “Estado vigilante más que emancipador” que propicia “tutelajes escandalosos” que atentan contra la capacidad femenina para ejercer ese derecho, que debe estar “garantizado” por las Administraciones. La política leonesa asegura, en declaraciones a EL PAÍS, que le causa un “dolor especial por esas mujeres que pueden sufrir traumas” con unas políticas que “no van a suponer menos abortos”.

Fuentes del Ministerio de Igualdad advierten de que “las medidas podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz”. “Nos preocupa profundamente por el retroceso que supone en un derecho esencial para las mujeres, el derecho al aborto, que es un hito en la lucha feminista de nuestro país”, añaden las mismas fuentes.

“Las propuestas planteadas por Vox pueden, en la práctica, suponer coacciones a las mujeres a la hora de poder decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y también a los sanitarios y sanitarias en el ejercicio de sus funciones, y además podrían implicar una desigualdad entre territorios que obligaría a las castellanas y leonesas a tener que trasladarse muchos kilómetros lejos de sus residencias para ejercer un derecho”, señalan fuentes del ministerio.

La ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), ha arremetido desde su cuenta de Twitter contra el PP, que gobierna en coalición con Vox en Castilla y León, y los supuestos gestos de moderación que ha protagonizado en el arranque del año. “Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP”, ha escrito Montero.

Para el líder de su partido en Castilla y León, Pablo Fernández, las medidas anunciadas “únicamente van a generar más situaciones de dolor y sufrimiento a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo”. “Las mujeres no necesitan la tutela de Vox ni de nadie, son medidas incluso susceptibles de aplicar el código penal, que castiga la obstaculización del derecho al aborto”, ha advertido.

La coalición que dirige la Junta, formada por PP y Vox, pactó en su acuerdo de Gobierno trazar iniciativas de promoción de la natalidad y apoyo a las familias. Después del Consejo de Gobierno de este jueves, García-Gallardo, vicepresidente del Ejecutivo autonómico y líder regional de Vox, ha anunciado las polémicas medidas “negociadas y consensuadas” con Sanidad, encabezada por el consejero Alejandro Vázquez (PP). Gallardo ha declarado que la nueva normativa obligará a los profesionales sanitarios a “decirle a la mujer que tiene esas tres posibilidades”: escuchar el latido fetal, el respaldo psicológico y la ecografía 4D del feto. Ha admitido que las embarazadas podrán obrar como quieran: “No se la va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere”.

“Pretenden coaccionar a las mujeres”

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha definido como “inaudito” el anuncio de la Junta, y ha defendido que “pretende coaccionar a las mujeres”. Tudanca ha criticado también la escasez de servicios públicos para el aborto en Castilla y León y ha reprochado que el vicepresidente aluda a ese apoyo psicológico y de salud mental, cuando la comunidad tiene graves retrasos en dar cita para estos servicios para los ciudadanos. “Mañueco tiene que reflexionar, vamos de escándalo en escándalo”, ha zanjado.

En el mismo sentido, se ha pronunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha criticado que este tipo de medidas “lo que hacen es intimidar a las mujeres para que no ejerzan su derecho al aborto”. La también candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid se ha preguntado si “este es el coste que tiene que pagar el PP para seguir gobernando”.

Las críticas a las medidas han llegado también desde los sindicatos. El responsable de Sanidad de UGT en el territorio, Miguel Holguín, considera “indecente e insoportable tener que seguir soportando la inutilidad de medidas ideológicas más propias de HazteOír que de un gobierno serio y democrático”. Holguín señala que, para García-Gallardo, “una embarazada que decide abortar tiene que ser considerada una enferma mental que debe acudir a un psicólogo”, algo que ve “deleznable”, y sostiene que para el vicepresidente es “labor de su Gobierno extorsionar emocionalmente a una mujer ante una decisión trágica pero razonada y responsable”.

Mercedes Gago, secretaria del sindicato de enfermería Satse en la autonomía, aprecia que “no debería haber requisitos diferentes de los que se establecen en la ley a nivel nacional, la mujer tiene libertad para tomar sus decisiones y también el profesional debe de tener libertad para decidir hacerlo o no y que ninguno reciba coacciones”.