La unidad policial que integra todos los servicios para auxiliar a las víctimas de violencia machista

En Almonte (Huelva), si una trabajadora de los servicios sociales intuye que la persona a la que atiende está descuidada o que el comportamiento de sus familiares ha cambiado, no pasa desapercibido; si un profesional sanitario sospecha que las visitas continuadas de una paciente para revisarse golpes o heridas no son causadas por caídas esporádicas, como ella alega, no se queda en una mera conjetura; si una docente observa que un alumno empieza a bajar en su rendimiento escolar y que falta a las clases, no se pierde en un comentario en el claustro de profesores; si los vecinos escuchan gritos ...

En Almonte (Huelva), si una trabajadora de los servicios sociales intuye que la persona a la que atiende está descuidada o que el comportamiento de sus familiares ha cambiado, no pasa desapercibido; si un profesional sanitario sospecha que las visitas continuadas de una paciente para revisarse golpes o heridas no son causadas por caídas esporádicas, como ella alega, no se queda en una mera conjetura; si una docente observa que un alumno empieza a bajar en su rendimiento escolar y que falta a las clases, no se pierde en un comentario en el claustro de profesores; si los vecinos escuchan gritos o golpes en la casa de al lado, tampoco se reduce a un comentario de reprobación entre sus cuatro paredes. Todos estos comportamientos que pueden evidenciar síntomas de un posible maltrato contra la mujer se comunican a la unidad Prommesas, en la que la Policía Local de este municipio de 24.577 habitantes ha conseguido involucrar a todos los servicios sociales locales que actúan como un radar para prevenir la violencia machista y contra los menores.

Paqui Borrero es la principal impulsora del Programa Mujer Menor en Servicios de Apoyo Social (que da lugar al acrónimo Prommesas). Lo ideó cuando era la jefa de la Policía Local de Almonte partiendo de una premisa clara: “Estamos dedicando mucho tiempo a elaborar leyes, protocolos, órdenes… y muy poco a ver si se están cumpliendo en el día a día en nuestros municipios. No estamos haciendo una evaluación de la realidad, que es lo que sí hacemos en esta unidad diariamente”, señala.

Borrero puso en marcha su unidad en 2012, después de haber intentado otra iniciativa, llamada Minerva, en 2006. Desde el primer momento se decidió involucrar al resto de servicios sociales. “Ellos son nuestros ojos, están en las casas, observan la relación de los familiares, ven muchas cosas a las que nosotros no podemos acceder”, explica. Esa colaboración se fue tornando tan fluida que, finalmente, en 2014, la propia unidad policial se instaló en el edifico María Zambrano, donde se encuentran el resto los servicios sociales de Almonte. “Esto favorece la agilidad en la resolución de problemas porque nosotros estamos junto a ellos y la comunicación es directa e inmediata”, explica Antonio Luis Estévez, el responsable del centro.

Su presencia en ese edificio además de anómala podría resultar disuasoria, pero el hecho de que trabajen siempre de paisano —como recomienda la legislación a la hora de trabajar con las víctimas de violencia de género― no solo facilita la complicidad, sino que puede hasta servir de ayuda a las mujeres porque saben que si acuden allí no van a ser señaladas en el pueblo, como ocurriría si las vieran entrar en la comisaría de la Policía Local o a la sede de la Guardia Civil. Prommesas tiene sus instalaciones justo al lado del despacho de la psicóloga, la abogada para la mujer, la trabajadora social y el servicio de participación ciudadana, que reúne a las asociaciones vecinales, y justo encima de donde se encuentra el servicio de ayuda al domicilio, la oficina de atención al emigrante, el servicio de educación y el de atención a mayores. Son los ojos y los oídos de la unidad.

La importancia del expediente único

Cada 15 días todos sus responsables se reúnen para hacer seguimiento de los casos abiertos y poner en común la información sobre personas o familias donde han detectado que podría haber indicios de violencia machista o contra los menores. También hacen encuentros específicos si hay un asunto concreto que así lo requiera. Toda esa información engrosa el expediente único de cada una de las víctimas o perfiles sospechosos, un documento que exige la ley de violencia de género para hacer accesible la información de la víctima a cualquier profesional implicado en la intervención, atención o seguimiento de la mujer, pero que en la práctica es muy difícil de cumplimentar precisamente porque la coordinación multidisciplinar que ha logrado la unidad Prommesas es muy poco frecuente. “Nosotros llevamos haciéndolo desde 2012. Ahora también se ha puesto en marcha el llamado Protocolo Cero para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad puedan detectar casos de violencia de genero, y también nosotros llevamos haciéndolo desde hace más de una década”, afirma Borrero.

Ella tiene las claves de por qué su unidad funciona. “Esto va de personas, y no todas valen para trabajar en asuntos de violencia machista, se necesita una sensibilidad y, sobre todo, se necesita creérselo, aquí estamos personas que creen en lo que hacen, que tienen puestas las gafas de ver y que saben que tienen que llegar hasta el final y cuestionárselo todo”, indica con vehemencia. Ahora forman parte de la unidad tres policías locales —Borrero, Juan Antonio Alonso, el coordinador del equipo, y Rocío Núñez―, pero, hasta la jubilación hace unos meses de dos compañeros, eran cinco en el grupo. Borrero no tiene prisa por encontrar sustitutos porque lo esencial para ella es que los nuevos mmiembros cumplan con esas premisas de voluntad e implicación que son el mantra que imbrica toda la actividad de Prommesas.

Ese expediente único donde aparecen los informes y las valoraciones de todo el equipo de los servicios sociales, del centro de salud y de los centros educativos es imprescindible para convencer al juez de que otorgue una orden de alejamiento y, además, empodera a la víctima porque le da muchas más pruebas para convencerse de denunciar o para defender su caso más allá que la presentación de la denuncia y un parte de lesiones, si lo tiene. “El 99% de las denuncias solo tienen esos dos elementos, se dice que la casa está destrozada, pero no se aportan fotos. Nosotros aportamos las imágenes y todo tipo de pruebas”, señala Bueno. “Esto no va de poner una denuncia e irse a tu casa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad no podemos ser cómplices del silencio. Cuando luego nos lamentamos de que un juez no ha dictado una orden de protección tendríamos que preguntarnos si nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo cuando solo aportamos un papel con cuatro líneas de denuncia. Tenemos que hacer las cosas bien por las víctimas”, enfatiza Borrero.

Prommesas se coordina con la propia Policía Local, que cuando tiene constancia de un caso de violencia machista acude directamente a la unidad; con la Guardia Civil, con quien comparte el 50% de las víctimas que se encuentran dentro del sistema VioGén; con el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), para el control de la renta activa de inserción que perciben las mujeres que han sufrido violencia de género; con los juzgados, hasta el punto de que son la única policía local que actúa como policía judicial en Almonte; con la Fiscalía de Menores, a la que aportan mucha información sobre la familia y el entorno del menor; con el centro de salud, al que acuden para solicitar cualquier tipo de documentación sobre posibles episodios de maltrato que no les hubieran trasladado previamente para determinar si podría haber algún episodio camuflado de violencia; y con los servicios sociales de Almonte, del que forman parte. “Somos el nexo de unión con las tres administraciones”, explica Bueno.

Las mujeres que sufren violencia machista son la piedra angular del programa. Además del reparto equitativo con la Guardia Civil de las víctimas incluidas en el sistema VioGén —a la unidad le corresponden una media de 23 mujeres, explican―, también se ocupan de tramitar todas las diligencias sobre casos no denunciados, pero que han podido ser detectados por los distintos profesionales que forman parte de ese radar multidisciplinar de Prommesas; realizan las valoraciones de riesgo de la víctima o se ocupan de los traslados a las casas de acogida y del cumplimiento de las órdenes de alejamiento. “Hemos acompañado a los niños al colegio, les hemos hecho mochilas, avisamos a los compañeros si algún agresor sale de permiso penitenciario para que estén prevenidos por su pudiera acercarse a la víctima…Y también hacemos seguimiento, las llamamos para que no se sientan solas”, explica Borrero.

Si les llega un caso nuevo o tienen sospechas activan sus redes y recaban los informes de todos los servicios sociales con los que trabajan y buscan antecedente penales del supuesto agresor para poder elaborar el expediente único y citar a la víctima para que, si lo estima conveniente presente una denuncia. “Si rehúsa, pero sabemos que hay menores le trasladamos el expediente al juez para que actúe en consecuencia, porque ellos también son víctimas de la violencia de género”. Gracias a sus fuentes de detección, la unidad consiguió desmantelar una red de venta de bebés. “Fue una trabajadora social la que detectó que cada vez que iba a visitar a una mujer en concreto después de dar a luz a su casa, ella no sabía dónde estaba nada y nos trasladó su sospecha”, explica Barrero. La investigación llevó a constatar que esa mujer había sido contratada como vientre de alquiler y que el responsable le proporcionaba una casa en muy buenas condiciones solo para las visitas de la funcionaria.

Prevenir para no tener que detener

En Prommesas se actúa con una premisa. “Detener es difícil, pero más difícil es no tener que hacerlo”. Con esos radares multidisciplinares consiguen detectar entre tres y cuatro casos de violencia machista no denunciados. Su ubicación estratégica junto con el resto de servicios sociales evita la revictimización, porque permite atender a la mujer con absoluta discreción, una circunstancia que en un municipio donde todos se conocen es importantísima, y favorece la proximidad. “Muchas mujeres no quieren acudir a la Policía, quieren primero tantear una asistencia más social y si hay la más mínima sospecha de maltrato, los compañeros nos las derivan y al ir de paisanos se sienten más cómodas”, explica Bueno.

Y para no tener que detener, el trabajo de prevención es esencial. “Cada año acabamos atendiendo el mismo número de casos de violencia de género, alrededor de 30, eso significa que no estamos haciendo las cosas bien”, sentencia Borrero. Para ella la educación es el principal motor de cambio y por eso las charlas en los institutos y con los alumnos de Bachillerato son esenciales. “Se está enseñando ahora mucha educación vial en las escuelas, pero y la igualdad, eso debería ser transversal”, abunda. En esas presentaciones ante los chavales también ha detectado potenciales casos que han ido a supervisar. “Un chaval me dijo que su madre quería trabajar, pero que su padre no la dejaba. Inmediatamente fui a preguntar a sus profesores y al director del centro cómo era ese entorno familiar”, señala Borrero.

La unidad Prommesas, afortunadamente, no hace honor a su nombre y es una realidad que trabaja sobre el terreno para asegurarse de que ninguna víctima está sola. Y con todo, son conscientes de que, aunque consiguen detectar nuevos casos al mes gracias a esas antenas que son los servicios sociales con los que trabajan “no son la realidad”. “Hay una población flotante que no podemos detectar”, se lamenta Borrero, y para identificarlas siguen trabajando.