Cuando no saltan las alarmas: un profesor condenado a 10 años por abuso de menores siguió ejerciendo en otro centro

Las familias del colegio de los maristas Fuensanta de Murcia han descubierto esta semana que uno de sus profesores, docente de 2019 a 2021, en realidad había sido condenado a 10 años de cárcel por abuso de menores en otro centro de Sagunto, Valencia, en 2019. Lo han sabido porque el Supremo confirmó la pena el pasado mes de abril y se publicó la noticia con el nombre del acusado. Se han enterado ahora porque la resolución anterior, dictada por la Audiencia de Valencia en 2019, no trascendió y el acusado se trasladó a Murcia, donde fue contratado al inicio de curso por los maristas. La congrega...

Las familias del colegio de los maristas Fuensanta de Murcia han descubierto esta semana que uno de sus profesores, docente de 2019 a 2021, en realidad había sido condenado a 10 años de cárcel por abuso de menores en otro centro de Sagunto, Valencia, en 2019. Lo han sabido porque el Supremo confirmó la pena el pasado mes de abril y se publicó la noticia con el nombre del acusado. Se han enterado ahora porque la resolución anterior, dictada por la Audiencia de Valencia en 2019, no trascendió y el acusado se trasladó a Murcia, donde fue contratado al inicio de curso por los maristas. La congregación asegura que ignoraba la condena, porque no constaba en el certificado del docente del Registro Central de Delincuentes Sexuales, un documento que obligatoriamente se exige a profesores, monitores y cualquier persona que trabaje con niños en el momento del contrato. Y la razón, argumentan, es que una condena no aparece en este registro hasta que es firme. Varias instituciones confirman que, en efecto, es así, desde la consejería de Educación de Murcia a los ministerios de Justicia y el de Educación, así como la Fiscalía General del Estado.

La ley 26/2015 señala: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual”. Los maristas citan también la ley orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Fuentes de la Fiscalía explican que se produce un conflicto entre la presunción de inocencia del acusado y la protección de menores, y admiten que es un asunto complejo en el que podría abrirse un debate para una revisión del sistema o una posible reforma legal.

La excepción es si un juez ordena medidas cautelares a la espera de sentencia firme, pero no siempre se toman. En ese caso se deben incluir también en el registro, y se prolongan hasta la resolución definitiva, explican fuentes judiciales. “El problema también es que el SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia), las bases de datos con varios registros de información sensible, a veces funciona como una escopeta de feria, tiene fallos”, sostiene una magistrada. “Son los letrados de administración de justicia del juzgado de instrucción los que deben meter los datos. Además cada comunidad autónoma tiene su sistema y a veces no hay comunicación entre juzgados, se ha visto en algunos casos de violencia de género”.

Lo cierto es que de este caso se desprende que, en los años que transcurren hasta que una condena por abusos de menores es definitiva, y si el juez no ordena medidas cautelares, puede suceder que un profesor siga dando clase si la noticia no trasciende y si los colegios no obtienen la información por otras vías. En este caso pasaron casi cinco años desde la denuncia, en 2017, y casi tres desde la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, en julio de 2019, pasando por la del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, noviembre de 2019, hasta la definitiva del Supremo en abril de 2022. La pena de 10 años de cárcel estaba acompañada de cuatro años más de libertad vigilada y 16 años sin poder ejercer un oficio en contacto con niños.

Entretanto el docente, Juan Tomás Sánchez, cambió de comunidad autónoma y fue a un centro de otra orden religiosa. Estaba en el colegio San Vicente Ferrer de Sagunto, de la Fundación Educativa Santo Domingo, de los dominicos, y reapareció en los maristas de Murcia, en su centro llamado Fuensanta, uno de los dos que esta congregación tiene en la ciudad y que está dedicado a educación infantil y primaria. Los maristas se niegan a revelar los detalles de la labor del profesor, pero según padres de alumnos era profesor de religión de tercero de primaria e incluso era tutor de uno de los cursos.

La denuncia del colegio de Sagunto fue en 2017. El acusado, según la sentencia, abusó de dos alumnos del colegio, menores de edad. Les ofrecía clases particulares de repaso en su casa, y después veían una película, momento que aprovechaba para hacerles tocamientos e introducir la mano bajo el pantalón en la zona de sus genitales. Los dos chicos no dijeron nada a sus padres ni en el colegio, pero un compañero les escuchó hablar de ello, lo contó a su madre y ella alertó al centro. La dirección avisó entonces a sus padres y se presentaron denuncias. Desde 2017 se pierde la pista del docente, pero en 2019, ya con una sentencia de primera instancia, recala dos cursos en los maristas de Murcia, hasta 2021.

Los padres de alumnos del colegio murciano han sabido todo ahora, al encontrar la noticia de la condena definitiva, que en algunos medios incluía el nombre del reo. La madre de una alumna presentó una denuncia el pasado lunes en la Consejería de Educación de Murcia, a la que ha tenido acceso este diario, para solicitar una investigación de lo ocurrido. Fuentes de este departamento señalan que no se abrirá ninguna investigación porque “el sistema no ha fallado”. Explican que periódicamente el ministerio de Justicia les remite los datos de condenados por delitos sexuales para que los crucen con sus listados de profesores, y este caso no apareció porque no era una condena firme.

Después de que el diario La Verdad publicara el caso, el centro emitió este martes un comunicado para explicar lo ocurrido: “En cuanto conocimos esta sentencia iniciamos un proceso de investigación para saber si se habían podido producir hechos similares en Maristas. No tenemos conocimiento, hasta el momento, de ninguna situación de riesgo o hechos de este tipo en relación con esta persona y que afectasen a nuestro alumnado. (…) Para evitar la presencia de personas con conductas inapropiadas o delictivas en nuestras obras maristas estamos revisando actualmente nuestro protocolo de selección de personal para mejorarlo y hacerlo más seguro y exhaustivo”.

No obstante, hay algunas preguntas que los maristas no quieren responder. Una antigua alumna del colegio de Murcia, entre 1998 y 2001, asegura a este diario que el profesor condenado ya estaba en esos años en el centro, y era el “hermano Juan”. La orden no aclara si Tomás Sánchez es o fue marista, y por tanto ya le conocían, ni tampoco si trabajó en el centro en el pasado, ni las razones por las que, si fue así, lo abandonó. En redes sociales el docente condenado contiene varias referencias a sus “hermanos” maristas y en la web del colegio aparece nombrado como coordinador de catequesis de los grupos de iniciación cristiana del centro.

Por otro lado, padres de alumnos recuerdan que al final del curso, en 2021, el profesor anunció que dejaba el centro para irse a Sudamérica. Sus redes sociales revelan, en efecto, que viajaba frecuentemente a Colombia, a localidades con comunidades maristas, como Manizales y La Pola, donde también colaboraba en centros religiosos y tenía contacto con menores. Los maristas también se niegan a informar sobre su destino tras la marcha del colegio. En abril de 2022, fecha de la sentencia del Supremo, el profesor aparece radicado en Bogotá en una página de servicios de clases particulares. En ella se presenta así: “Mi experiencia de más de 15 años en docencia avala mi trabajo serio y profesional. Aparte de colegios, he dado formación a adultos en inteligencia emocional y otros temas de espiritualidad y crecimiento personal, ya que soy teólogo. Como pedagogo y psicopedagogo he trabajado no solo en aulas, sino también en consulta con niños, jóvenes y algunos adultos con problemas personales, especialmente centrado en menores con conductas disruptivas”.

El abogado que llevaba su representación hasta la sentencia del Supremo ha confirmado a este diario que podía salir del país y no le habían retirado el pasaporte, si bien tras la condena debía regresar, y comunicó su propósito de hacerlo. Después cambió de letrado y pretendía presentar un recurso de amparo al Constitucional. Fuentes judiciales confirman que ingresó en prisión el pasado mes de agosto.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es en América Latina, puede escribir a abusosamerica@elpais.es