La Iglesia católica venderá en Canadá 42 inmuebles para pagar indemnizaciones por agresiones físicas y sexuales
La venta, por parte de la arquidiócesis de San Juan de Terranova, incluye 12 templos para cubrir montos a un centenar de víctimas del antiguo orfanato de Mount Cashel
La Corte Superior de la provincia de Terranova y Labrador (este de Canadá) autorizó esta semana la venta de 42 inmuebles pertenecientes a la arquidiócesis de San Juan de Terranova, entre ellos 12 templos. Las sumas obtenidas servirán para indemnizar a un centenar de víctimas de agresiones físicas y sexuales del antiguo orfanato católico de Mount Cashel.
Los jueces provinciales dieron luz verde a estas transacciones inmobiliarias luego de que la firma Ernst & Young, el supervisor designado, entregara un...
La Corte Superior de la provincia de Terranova y Labrador (este de Canadá) autorizó esta semana la venta de 42 inmuebles pertenecientes a la arquidiócesis de San Juan de Terranova, entre ellos 12 templos. Las sumas obtenidas servirán para indemnizar a un centenar de víctimas de agresiones físicas y sexuales del antiguo orfanato católico de Mount Cashel.
Los jueces provinciales dieron luz verde a estas transacciones inmobiliarias luego de que la firma Ernst & Young, el supervisor designado, entregara un informe sobre el proceso de ofertas presentadas que dio inicio a principios de junio. Las ventas permitirán obtener 20,6 millones de dólares canadienses. El proceso incluía 61 inmuebles, pero solo se presentaron ofertas consideradas a un precio justo para 42. El siguiente paso contemplado por la arquidiócesis es poner en el mercado otras 70 propiedades ubicadas en zonas rurales. Las transacciones deberán, de igual forma, ser aprobadas por el órgano judicial.
Varias de las propiedades tendrán como dueños a organizaciones y grupos católicos. Tal es el caso de la basílica de San Juan Bautista, el segundo templo más grande de Canadá de esta religión, que pasará a manos de una fundación para que continúe como sitio de culto. Otras iglesias podrían ser reconvertidas en recintos para otras actividades, una situación que no es nueva en el país. En una carta dirigida a los fieles, el arzobispo Peter Hundt indicó que son momentos difíciles, pero necesarios para “cumplir con nuestras obligaciones legales con las víctimas de agresiones sexuales y para reestructurarnos de forma positiva y sostenible”.
La Corte de apelaciones de Terranova y Labrador decretó en 2019 que la arquidiócesis de San Juan de Terranova era responsable de los crímenes cometidos en el antiguo orfanato de Mount Cashel, entre los años 40 y 60, por integrantes de la Congregación de los Hermanos Cristianos. Dicha congregación se había declarado en bancarrota en 1992. El caso llegó ante la Suprema Corte de Canadá. En enero de 2021, el máximo órgano judicial confirmó que la arquidiócesis debía indemnizar a un centenar de víctimas. El monto total ronda los 50 millones de dólares canadienses (unos 38 millones de dólares).
La Iglesia católica en Canadá ha tenido que enfrentar otras demandas. El diario Ottawa Citizen publicó que la arquidiócesis de la capital del país ha tenido al menos 41 procesos judiciales o arreglos económicos, entre 1950 y 2016, en casos de agresiones sexuales a menores. La Congregación del santísimo redentor desembolsó 20 millones de dólares canadienses en agosto de 2014 por ilícitos cometidos por sus miembros en el seminario quebequés de Saint-Alphonse, mientras que los Clérigos de Saint-Viateur pagaron 30 millones de dólares en 2016 por agresiones en una escuela de Montreal para niños con deficiencias auditivas. El papa Francisco realizará una visita a Canadá del 24 al 30 de este mes. Algunos grupos de víctimas han solicitado reunirse con el pontífice.
Este domingo, el Papa declaró en Roma que se trata de un “viaje de penitencia” destinado a “conocer y abrazar a los pueblos indígenas”. El principal motivo de la visita papal es reiterar las disculpas por el papel que la Iglesia tuvo en los antiguos internados para niños autóctonos. Entre 1883 y 1996, una red de 139 centros de este tipo operó en Canadá para asimilar a los menores por la fuerza. Su financiamiento corrió a cargo del Gobierno federal, mientras que su administración estuvo en manos de grupos religiosos (católicos en su mayoría). Tras sus muros se vivía un catálogo de horrores: negligencia, castigos físicos, agresiones sexuales, racismo, explotación laboral. Se estima que más de 6.000 niños fallecieron en los internados. El hallazgo de centenares de tumbas sin marcar desde mayo de 2021 en terrenos de estas antiguas instituciones ha provocado consternación dentro y fuera de Canadá.
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