La Fiscalía defiende el indulto parcial de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre
El ministerio público propone rebajar su pena a dos años de cárcel por sustracción de menores, pero mantener la privación de cuatro años de la patria potestad de su hijo
La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al Juzgado de lo Penal 2, encargado de ejecutar sentencias, en el que informa a favor de la concesión del indulto parcial a María Sevilla, quien fue presidenta de la asociación Infancia Libre. La mujer fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores, por haber retenido a su hijo durante más de un año y mantenerlo en paradero desconoc...
La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al Juzgado de lo Penal 2, encargado de ejecutar sentencias, en el que informa a favor de la concesión del indulto parcial a María Sevilla, quien fue presidenta de la asociación Infancia Libre. La mujer fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores, por haber retenido a su hijo durante más de un año y mantenerlo en paradero desconocido, incumpliendo así la sentencia en la que se otorgaba la custodia a su expareja, el padre del niño. Ella afirma que ocultó a su hijo para protegerle de los abusos sexuales que cometía el padre, unos abusos que no se han considerado probados judicialmente y de los que el hombre se declara inocente.
La Fiscalía defiende rebajar a dos años la pena de cárcel, algo que abriría la puerta a que no tenga que cumplir condena en prisión, y el Ministerio Público parece mostrarse partidario de ello al indicar que esto “podría conllevar una grave consecuencia en las relaciones materno-filiales” respecto a la otra hija de Sevilla, fruto de una relación posterior, y que podría “incidir negativamente en su desarrollo afectivo-emocional”. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia madrileño han informado a Efe de que el juez que dictó condena contra Sevilla también apoya el indulto parcial, en sintonía con la Fiscalía.
Sevilla solicitó el pasado 31 de diciembre un indulto ante el Ministerio de Justicia, respaldado por más de un centenar de asociaciones feministas, que lo consideraban “urgente”. Una vez tenga todos los informes, el Gobierno deberá decidir sobre el indulto. El Juzgado de lo Penal 2 denegó hace unos meses que se suspendiera su ingreso en prisión mientras el Ejecutivo tomaba una decisión. Sevilla entró en un centro de inserción social el pasado febrero.
El Ministerio Público defiende ahora rebajar la pena de cárcel y fijarla “exclusivamente” en dos años de prisión al considerar que se trata del primer delito por el que Sevilla ha sido condenada, aunque se opone al indulto total por la “contumacia en impedir la relación entre padre e hijo” y en “desoír las resoluciones judiciales dictadas que la obligaban a facilitar y restablecer dicha relación”. Es decir, que propone que se mantenga la retirada de la patria potestad de su hijo durante cuatro años, tal y como establecía la sentencia que la condenó.
En el juicio, que se celebró el pasado 1 de octubre, la Fiscalía solicitó una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su expareja elevó la solicitud a cuatro años y medio, mientras que su defensa solicitó la libre absolución.
La Fiscalía arguye en su escrito que no hay arrepentimiento por parte de Sevilla “en el sentido de reconocimiento expreso y claro” en relación con los hechos ni con los perjuicios ocasionados al menor y al padre “al privarles de la posibilidad de relacionarse durante un prolongado periodo de tiempo”. En cualquier caso, sí recuerda que Sevilla “ha mostrado asumir sus responsabilidades, abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado, e ingresando voluntariamente en centro de cumplimiento, encontrándose así a disposición judicial”.
Las penas impuestas, afirma el ministerio público, son proporcionales a los hechos, y la de privación de la patria potestad por cuatro años es la “mínima aplicable” en este caso. Cuando pase ese tiempo el hijo ya será mayor de edad.
A su entender, no hay razones de equidad o utilidad pública que justifiquen un indulto total tanto por motivos de “prevención especial”, ya que el cumplimiento de una pena busca restaurar la paz social, alterada por la comisión de un delito, como por motivos de “prevención general”, para evitar una sensación de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos. “Máxime cuando, a raíz de estos hechos y otros similares, parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada Yo también lo haría, de la que se hace eco la prensa, y que parecen fomentar actuaciones similares”, manifiesta la Fiscalía.