“¡Indulto para María ya!”

Decenas de personas se concentran en distintas ciudades de España para pedir al Gobierno que impida que María Salmerón entre en prisión por incumplir el régimen de visitas con su exmarido, condenado por maltrato

María Salmerón, en el centro con un abrigo beige, en la concentración de Sevilla, para pedir su indulto.Paco Puentes
Sevilla -

Con los labios y los ojos pintados de morado, rodeada de decenas de mujeres ondeando pañuelos del mismo color y al ritmo de batucada, María Salmerón (57 años) ha vuelto a alzar su voz -como lamentablemente ha hecho tantas veces en los últimos años- para pedir al Gobierno que se pronuncie sobre su última petición de indulto. La medida de gracia impediría que entre en prisión para cumplir una pena de nueve meses de cárcel por desobediencia, que se le impuso por no observar el régimen de visitas de su hija con su exmarido, condenado por maltratarla física y psicológicamente. “A ver si conseguimos...

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Con los labios y los ojos pintados de morado, rodeada de decenas de mujeres ondeando pañuelos del mismo color y al ritmo de batucada, María Salmerón (57 años) ha vuelto a alzar su voz -como lamentablemente ha hecho tantas veces en los últimos años- para pedir al Gobierno que se pronuncie sobre su última petición de indulto. La medida de gracia impediría que entre en prisión para cumplir una pena de nueve meses de cárcel por desobediencia, que se le impuso por no observar el régimen de visitas de su hija con su exmarido, condenado por maltratarla física y psicológicamente. “A ver si conseguimos una respuesta. El Ministerio de Justicia no puede quedarse callado, si no me concede el indulto tendrá al menos que dar razones para que pueda recurrir”, señalaba a este diario antes de intervenir ante las personas que se han congregado a las siete de la tarde en la Plaza Nueva de Sevilla para apoyarla. A la misma hora, también se manifestaban a favor del indulto para Salmerón frente al Ministerio de Justicia en Madrid, en Granada, en Alicante y en Valencia, entre otras ciudades.

“Conmigo siempre se ha tenido en cuenta la presunción de culpabilidad, nunca la de inocencia, y por eso estoy así”, ha dicho Salmerón, muy emocionada, megáfono en mano. La sevillana ha relatado cómo en la condena que ahora le ordenan cumplir sí hizo caso a dos juezas: “La que puso punto y final a las visitas en el punto de encuentro y dijo que mi hija podría ver a su padre ´cuándo, dónde y como quiera, si quiere´y a otra que resolvió que ella tenía mucha madurez”. “Se presentaron esas pruebas y se presentó mi hija, pero no se tuvieron en cuenta. Sí se tuvieron en cuenta las declaraciones de la pareja de mi maltratador y la de una trabajadora social del punto de encuentro con la que no tuvimos relación”, ha concluido.

Entre gritos de “¡Indulto para María ya!”, en la concentración de Sevilla se ha pedido al Gobierno que reaccione. “Un Gobierno que guarda silencio es cómplice del maltratdor”, ha dicho una de las intervinientes en el acto, al que han asistido varios representantes de Unidas Podemos y del sector de no adscritos, tanto del Parlamento andaluz, como del Ayuntamiento hispalense. Cuando en 2020 el juzgado confirmó la última sentencia de 2019 que la condenaba a nueve meses de prisión por no cumplir “reiteradamente, impidiendo y haciendo ineficaz el derecho de visita del otro progenitor” el régimen de visitas, Salmerón, el 9 de septiembre de ese año, presentó su cuarto indulto. Desde entonces, y a diferencia de los otros tres anteriores que fueron tramitados con celeridad, no ha recibido ninguna noticia del Ministerio de Justicia. La jueza que ha ordenado su ingreso en prisión considera que “debe entenderse desestimada la petición de indulto” al haber transcurrido el plazo de un año desde que lo solicitó. Salmerón se ha dirigido al Defensor del Pueblo para que la ayude a agilizar los trámites, explica.

Hace dos años, cuando Salmerón anunció a las puertas de los juzgados de Sevilla, en el Prado de San Sebastián, que había pedido un nuevo indulto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró en un tuit que “ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la violencia machista y del maltratador”. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia con María Salmerón. Gracias por luchar por los derechos de todas”, añadió.

Dos años después, la titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla acaba de ordenar, en una providencia fechada el 29 de marzo, el inmediato ingreso en prisión. La parte del Gobierno liderada por Unidas Podemos está presionando para que Justicia acelere los trámites de un indulto que, según el escrito del juzgado, tuvo entrada en el registro el 9 de febrero de 2021. La formación morada también presentó una pregunta en el Parlamento el 11 de abril interesándose por el estado de la petición. Sin embargo, la situación en la que se encuentra esta sevillana evidencia las dificultades del Ejecutivo para cumplir su promesa de amparar a “las madres protectoras”.

Salmerón creyó que divorciándose de su marido, a los cinco meses de nacer su hija Miriam, escaparía al maltrato físico y psicológico al que estaba sometida. Ese, sin embargo, fue el principio de una espiral judicial agitada por el padre de la niña que, apoyado por la Asociación Víctimas de la Ley de Violencia de Género, ha ido denunciando los distintos incumplimientos del régimen de visitas de la niña. En ese tiempo ha convertido la infancia de su hija en una pesadilla —tal y como la propia Miriam detalla en las cartas que escribía de niña para exorcizar su miedo y soledad― y ha exprimido la capacidad de resiliencia de su exmujer.

Revictimización

Cuando se divorció era el año 2000. Aún quedaban cuatro años para la aprobación de la ley de violencia de género y 21, la edad de Miriam, para que saliera adelante la de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que obliga a la suspensión del régimen de visitas a los padres que hayan maltratado a la madre Con este marco legal probablemente Miriam no tendría que haber tenido que pasar por el calvario de suplicar en el punto de encuentro que no la llevaran con su padre y toparse con la incomprensión de las trabajadoras sociales, tal y como ella relató a este diario en una entrevista. Ni Salmerón tendría que haber vivido dos décadas bajo la incertidumbre de obtener un indulto que le librara de entrar en prisión por impedir que su hija conviviera con un maltratador, tal y como sentenció el Tribunal Supremo en 2008. El alto tribunal lo condenó a 21 meses de prisión, aunque nunca puso un pie en la cárcel por la duración de la pena y por carecer de antecedentes.

En este tiempo, Salmerón ha sido condenada por desobediencia en cuatro ocasiones y ha sido indultada en tres, aunque el último indulto fue anulado por el Supremo. Es un ejemplo paradigmático de la revictimización a la que se ven abocadas muchas mujeres víctimas de violencia de género debido a las lagunas judiciales. “Si los gobiernos hubieran legislado para que esto no hubiera pasado, yo no estaría aquí”, ha puntualizado Salmerón esta tarde.

“Parece ser que tienen recelo porque ya le han concedido tres”, explica el abogado de Salmerón, José Estanislao, sobre el silencio del Ministerio de Justicia. La providencia de la jueza en la que se da a Salmerón 15 días para ingresar voluntariamente en la cárcel aún no le ha sido notificada formalmente a la destinataria. Estanislao está tratando de ganar tiempo y ha interpuesto un recurso de aclaración por un error en la fecha de solicitud del indulto en el escrito judicial del que aún no ha recibido respuesta. También está interesado en obtener una respuesta en firme por parte del ministerio. “Si no se lo quieren otorgar, al menos que lo argumenten, que no dejen pasar el tiempo sin más”, sostiene.

Salmerón ha recibido varios reconocimientos por su ejemplo en la lucha por la violencia de género, entre otros uno del Gobierno en 2015, a pesar de o quizás precisamente por no plegarse a unas decisiones judiciales —las del régimen de visitas, primero, y sus condenas después― si no “injustas”, como aseguraba la ministra Montero en su tuit, incomprensibles desde el actual prisma legal. Su hija, que reconoce que si ella está viva es porque su madre incumplió el régimen de visitas —esa desobediencia por la que debe entrar en prisión―, está orgullosa de ella. “Le ha costado la vida, pero va a servir para que no vuelva a pasarle a ninguna otra mujer”, aseguraba a EL PAÍS. Ambas llevan bregando en los tribunales 20 años. Toca un último asalto.



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