Patronales de la dependencia recurrirán a la justicia europea si no se equipara al 4% el IVA de todos los servicios

Tres patronales de la dependencia se han mostrado este lunes dispuestas a recurrir a la justicia europea si el PSOE no “levanta el veto” a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que pide equiparar el IVA al 4% en todos los servicios. Quieren acabar con lo que consideran “una injusticia histórica”. Actualmente quien sufraga un centro de día o una residencia de su bolsil...

Tres patronales de la dependencia se han mostrado este lunes dispuestas a recurrir a la justicia europea si el PSOE no “levanta el veto” a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que pide equiparar el IVA al 4% en todos los servicios. Quieren acabar con lo que consideran “una injusticia histórica”. Actualmente quien sufraga un centro de día o una residencia de su bolsillo asume un tipo del 10%, frente al 4% de los servicios públicos y concertados. Según las empresas que trabajan en el sector, esto puede implicar que una persona con plaza en una residencia privada asuma un coste más de 100 euros mensuales superior al que iría aparejado con un tipo hiperreducido. “Tenemos aún 10 días por delante para que se quite el veto, pero es verdad que si esto no pasa, no tendremos más remedio que hacer otras acciones”, ha explicado este miércoles durante una rueda de prensa la presidenta del Círculo de Atención a las Personas (Ceaps), Cinta Pascual. Se ha mostrado dispuesta a utilizar todas las vías posibles, según ha dicho.

A la rueda de prensa han asistido tanto Pascual, como el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, y el secretario general Asociación Estatal de Servicios para la Dependencia (AESTE), las tres grandes patronales que agrupan a empresas del sector de las residencias, aunque todas ellas también prestan servicios de ayuda a domicilio o centros de día, entre otros. Para reivindicar este cambio, han suscrito un manifiesto, impulsado por Ceaps, junto a representantes de “más de ocho millones de pensionistas y jubilados”. Entre las organizaciones firmantes figura la Plataforma Estatal de Asociaciones de Mayores, CEOMA, y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). Pascual ha precisado que no es una cuestión de “fiscalidad”, sino de “justicia”.

Según ha explicado Pascual, si las personas dependientes que aguardan para conseguir una plaza pública o concertada en una residencia acuden a una plaza privada mientras esperan, tienen que pagar un precio medio de 1.777,62 euros al mes, más un IVA del 10%, una cantidad superior a la pensión media en España, que es de 1.170,96 euros — a fecha de diciembre de 2020—. Esta situación no debería producirse “si se cumpliera la ley”, que dice que la persona dependiente debe recibir el servicio o prestación que solicita en un plazo máximo de 180 días. Sin embargo, “se tarda de media 438 días”, ha criticado Pascual.

“Injusticia social”

Por ello, mientras no cambie esta situación, los firmantes del manifiesto piden corregir lo que consideran “una injusticia social”: que estas personas tengan que pagar un IVA del 10% por estos servicios privados cuando por un servicio idéntico contratado en la pública o la concertada este impuesto es del 4%. Aseguran que esta diferencia puede suponer hasta 120 euros más al mes, en el caso de que la residencia cueste 2.000 euros (con el tipo al 10% serían 200 euros y con el 4% serían 80 euros). Los representantes de las tres patronales se han mostrado “esperanzados” en que el PSOE cambie de opinión y la enmienda presentada por el PP, por ERC y por el PDeCAT pueda ser finalmente sometida a votación y salir adelante.

En caso de que no sea así, anuncian que acudirán a los tribunales. “Si esta semana no se atiende nuestra petición de enmienda, iremos a la justicia europea”, ha subrayado el secretario general de AESTE, Jesús Cubero. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, quien ha apuntado que la situación actual es “claramente discriminatoria”.