El Constitucional suspende la ley gallega que abría la puerta a multar a quienes se negaran a vacunarse
El tribunal admite a trámite el recurso del Gobierno contra varios preceptos de la norma, por estimar que invade competencias estatales
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno contra la ley de salud aprobada por el Ejecutivo de Galicia, que contemplaba entre otras medidas la posibilidad de sancionar a las personas que rechazaran vacunarse contra la covid-19. La admisión a trámite del recurso implica que los artículos recurridos, entre ellos el relativo a la vacunación obligatoria, quedan en suspenso hasta que el tribunal decida sobre el fondo del asunto y dicte sentencia. En principio, el Constitucion...
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno contra la ley de salud aprobada por el Ejecutivo de Galicia, que contemplaba entre otras medidas la posibilidad de sancionar a las personas que rechazaran vacunarse contra la covid-19. La admisión a trámite del recurso implica que los artículos recurridos, entre ellos el relativo a la vacunación obligatoria, quedan en suspenso hasta que el tribunal decida sobre el fondo del asunto y dicte sentencia. En principio, el Constitucional intenta que el período de suspensión no supere los cinco meses, pero esta medida es prorrogable por plazos iguales hasta que se resuelva el recurso.
La ley de salud gallega fue impugnada por el Gobierno el pasado 30 de marzo, mediante un recurso de inconstitucionalidad que le permite solicitar la suspensión de los preceptos que estime contrarios a la Constitución. En este caso, el recurso se centra en varios preceptos y entiende que la Xunta de Galicia ha legislado sobre materias que son de competencia estatal. Para formular la impugnación, el Ejecutivo contó con un dictamen favorable del Consejo de Estado. Uno de los artículos más polémicos de la ley impugnada establece que será sancionable con una multa que puede llegar a los 3.000 euros “la negativa injustificada al sometimiento a medidas de prevención consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley”. La nueva legislación gallega, por tanto, abría la puerta a la vacunación obligatoria y determinaba sanciones para el incumplimiento de medidas sanitarias.
A criterio del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la norma excedía las competencias autonómicas y tenía elementos inconstitucionales. El trámite se inicia horas después del fracaso en las negociaciones técnicas entre la Xunta y La Moncloa para aproximar posturas. Sin embargo, ambos gobiernos han acordado convocar una comisión bilateral de cooperación para clarificar sus diferencias.
El recurso se posa sobre tres aspectos generales de la reforma que, según el Gobierno, le otorgan a la Xunta la capacidad para imponer medidas y sanciones que no le corresponden. Se refiere concretamente al control que podría tener el Ejecutivo autonómico sobre las personas enfermas y sus contactos. En este contexto se recoge la polémica posibilidad de multar a las personas que se nieguen a vacunarse, pero también aborda el aislamiento de contactos, el cierre de municipios y el establecimiento de horarios para limitación de la movilidad.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a La Moncloa de “deslealtad”, tras mantener una reunión, este martes, con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. Ambos han apelado al diálogo para encontrar una solución. Durante el último mes, Feijóo se ha mostrado “convencido” de que la norma gallega es “muy sólida” y no vulnera la Constitución, sino que “llena un vacío legal”. “No obligamos a vacunar a nadie”, ha subrayado insistentemente el presidente de la Xunta, quien ha esgrimido que el polémico artículo solo abre la puerta a imponer la inmunización en el caso de que así se decidiese desde el Gobierno del Estado. “Eso no nos corresponde a nosotros porque no es nuestra competencia”, ha admitido.
El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha argumentado que el informe del Consejo de Estado que avala la apelación de La Moncloa no se refiere a que la norma sea inconstitucional sino a la falta de un marco jurídico: “El Consejo de Estado no dijo que la normativa fuese anticonstitucional, sino que, para que pudiera haber normativas autonómicas, lo que tenía que hacer el Estado es una normativa general. Esperemos que lo hagan”, ha asegurado este lunes. La falta de respaldo legal para hacer frente a la pandemia ha sido un reclamo constante del Ejecutivo de Feijóo desde el verano pasado, cuando la gestión regresó a las manos de las comunidades autónomas.
La norma fue aprobada a finales de febrero en el Parlamento gallego, por el PPdeG en solitario, ante las quejas de la oposición por la limitación de derechos fundamentales y la forma en la que se tramitó el documento: por la vía de urgencia en el legislativo y por propuesta del grupo popular, a pesar de que la norma fue impulsada por el presidente de la Xunta. Tanto el grupo parlamentario del BNG como el del PSdeG han acusado a Feijóo de usar este mecanismo para saltarse los controles legales que habrían detenido la reforma.