El Gobierno autoriza los 190 millones de la red pública de cuidados para que las madres puedan trabajar
Las comunidades deben ratificar el Plan Corresponsables para que se repartan los fondos. Igualdad calcula que será a partir de abril
El Ejecutivo ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros repartir 190 millones de euros de los presupuestos entre las comunidades autónomas para crear una red pública de cuidados profesionales que atienda a menores de 14 años mientras sus madres trabajan. El objetivo del llamado Plan Corresponsables es facilitar la conciliación, que se ha revelado aún más complicada durante la pandemia; crear “empleo de calidad” en el sector de los cuidados, precarizado y copado en más del 90% de los casos por las mujeres; y poder certificar la experiencia profesional de las cuidadoras no formales, las ...
El Ejecutivo ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros repartir 190 millones de euros de los presupuestos entre las comunidades autónomas para crear una red pública de cuidados profesionales que atienda a menores de 14 años mientras sus madres trabajan. El objetivo del llamado Plan Corresponsables es facilitar la conciliación, que se ha revelado aún más complicada durante la pandemia; crear “empleo de calidad” en el sector de los cuidados, precarizado y copado en más del 90% de los casos por las mujeres; y poder certificar la experiencia profesional de las cuidadoras no formales, las que trabajan y cobran en negro, para que entren en la red y mejoren sus condiciones.
El llamado Plan Corresponsables, cuyos detalles se dieron a conocer la semana pasada, ha dado su primer paso oficial en el Consejo de Ministros tras meses de reuniones entre el Ministerio de Igualdad y los gobiernos autonómicos. Pero aún debe de ser ratificado por las comunidades autónomas en una conferencia sectorial, que el ministerio prevé cerrar en semanas para que el proyecto se ponga en marcha ya en abril con el fin de favorecer la corresponsabilidad y, sobre todo, el empleo femenino. Según datos de Eurostat de 2019, por cada hombre que abandona su trabajo remunerado para cuidar, hay 17 mujeres que lo hacen.
La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha explicado este martes que se trata de una “política semilla”, es decir, un plan piloto, “porque es el primer paso para construir un sistema estatal de los cuidados”. Vera ha admitido que 190 millones “son austeros para abarcar la crisis estructural de los cuidados”. Los datos que se conocen sobre este sector le dan la razón. Por ejemplo, la socióloga María Ángeles Durán, una experta y estudiosa del asunto que acuñó el término cuidatoriado, calcula que el trabajo no remunerado de los cuidados que ejercen mayoritariamente las mujeres (encargarse tanto de niños como de mayores y de la marcha del hogar) equivaldría a más de 28 millones de empleos a tiempo completo, un 55% del Producto Interior Bruto. Es decir, en España habría 10 millones más de empleos de cuidado que de todo el resto.
La cobertura de este primer año del Plan Corresponsables, que el ministerio espera ampliar en próximos presupuestos, irá dirigida “con carácter prioritario” a familias monoparentales —formadas en más del 80% de los casos por mujeres—; víctimas de violencia machista, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o familias en las que existan otras personas a las que cuidar, como mayores o enfermos. El coste para las familias, que deben fijar las comunidades, tendrá en cuenta la renta y podrá ser gratuito para aquellos con menos recursos.
El plan contempla tanto una bolsa de cuidado profesional en el domicilio “por un número determinado de horas semanales” como habilitar servicios en escuelas, centros municipales o polideportivos para que las familias lleven allí a sus hijos fuera del horario escolar.
Las comunidades deberán certificar la experiencia de las cuidadoras que no hayan cotizado o hayan trabajado en negro “para que pasen a formar parte del mercado laboral un mercado asalariado y en condiciones dignas”, según Vera. El Ministerio de Igualdad, no obstante, no ha fijado ni un mínimo salarial ni condiciones mínimas para garantizar esas condiciones de las cuidadoras y cuidadores de la futura red. Son las autonomías las que pondrán esos criterios, ha señalado la secretaria de Estado, aunque el ministerio hará un “seguimiento” y estará “pendientes de que estas condiciones se cumplan”.