Los jesuitas admiten abusos a 81 menores desde 1927

La Compañía de Jesús ha reconocido este jueves que al menos 81 menores y 37 adultos han sufrido abusos sexuales a manos de 96 miembros de su orden desde 1927, la fecha más lejana hasta la que se ha podido remontar la primera investigación interna de una institución católica en España. Ha llevado dos años, sigue el ejemplo de transparencia puesto en marcha, por ejemplo, en la Iglesia de Francia, Irlanda o Alemania, y comenzó a raíz de las informaciones de EL PAÍS y otros medios. “Sentimos vergüenza, dolor y pesar”, ha declarado Antonio España, provincial de la orden en la presentación del infor...

La Compañía de Jesús ha reconocido este jueves que al menos 81 menores y 37 adultos han sufrido abusos sexuales a manos de 96 miembros de su orden desde 1927, la fecha más lejana hasta la que se ha podido remontar la primera investigación interna de una institución católica en España. Ha llevado dos años, sigue el ejemplo de transparencia puesto en marcha, por ejemplo, en la Iglesia de Francia, Irlanda o Alemania, y comenzó a raíz de las informaciones de EL PAÍS y otros medios. “Sentimos vergüenza, dolor y pesar”, ha declarado Antonio España, provincial de la orden en la presentación del informe en Madrid.

La inmensa mayoría de estos casos, registrados en colegios, no eran conocidos hasta ahora y por eso es un dato llamado a reventar las escasas estadísticas conocidas sobre los abusos de menores en la Iglesia católica española. La contabilidad que lleva a cabo este periódico, ante la ausencia de datos oficiales y la negativa de diócesis y órdenes a investigar el fenómeno, señala hasta el momento 123 casos desde 1986, con casi 400 víctimas. Son cifras extraídas de procedimientos judiciales y hemerotecas. De ellos, solo ocho casos involucraban a jesuitas, y si ahora solamente esta orden admite de golpe 81 víctimas, queda en evidencia que el recuento conocido apenas refleja una parte de la realidad del escándalo, a la espera de que la Conferencia Episcopal Española (CEE), las diócesis y las órdenes religiosas acometan una investigación interna similar.

La congregación ha dado un dato esencial de contexto: sus 96 acusados suponen un 1,08% de los 8.782 jesuitas que han pasado por la congregación desde 1927. Si se extrapolara ese dato a otras congregaciones y a la Iglesia española en casi un siglo los datos se dispararían. El único estudio publicado en España en 1996, de Félix López Sánchez y editado por el Ministerio de Asuntos Sociales, estima que el 4,17% de los sacerdotes y religiosos podrían ser responsables de abusos, en línea con las estadísticas de Estados Unidos y otros países. Los propios jesuitas, que admiten que es “un estudio limitado”, aseguran que no saben cuántos de todos estos casos son nuevos, no publicados antes en los medios. Tan solo indican que los casos de 13 acusados no constaban en sus archivos y han aparecido en la investigación gracias a testimonios de víctimas. Se trata de siete jesuitas vivos y seis fallecidos.

Investigación iniciada en 2018

La investigación, que comenzó en diciembre de 2018 con un primer estudio en Cataluña, marca un antes y un después en la respuesta de la Iglesia en su actuación contra el encubrimiento de los abusos. Iniciativas como esta son las que exigen las víctimas desde hace años a la CEE, para que promueva una investigación similar en las 70 diócesis españolas. Ha habido acciones aisladas y la propia estructura de la Iglesia complica una labor única, cada obispo y cada orden actúa por su cuenta, en función de su sensibilidad con el problema. La diócesis de Cartagena abrió una investigación de casos cometidos desde 1950. La de Bilbao hizo lo mismo y encontró solo tres casos. La de Solsona emprendió un estudio desde 1930. Todas las de Cataluña anunciaron una investigación interna.

Los jesuitas han recabado los datos de sus archivos, de las informaciones de los medios, y de testimonios internos y de las víctimas, que se han puesto en contacto con ellos en los últimos dos años, a través de comisiones de escucha y de un correo electrónico. Del casi centenar de acusados por abusos, solo 25 continúan con vida, 17 de ellos acusados de abuso de menores. La Compañía detalla que otros 15 acusados fueron exculpados, aunque solo algunos por los tribunales y el resto en procesos canónicos. En los casos que hay datos, pues de muchos se han perdido, de las 81 víctimas que eran menores de edad, 46 fueron niños y 18 niñas.

Las comunidades autónomas con más casos de abusos a menores son Andalucía (14), Cataluña (10), País Vasco (10), Madrid (ocho), Navarra (seis), Asturias (tres) y Castilla y León (tres). El superior de la orden, que ha pedido perdón “por la desconfianza generada”, ha admitido que la Compañía guardó silencio durante décadas y que no escuchó a las víctimas. En el informe se lee: “Sentimos el dolor de las víctimas, provocado por algunos compañeros nuestros. Sentimos las ocasiones en que no se escuchó a quien quería respuestas y en que se afrontaron de manera insuficiente acusaciones que deberían haber supuesto medidas tajantes (...) Los abusos a menores y personas adultas en la Iglesia y en la sociedad han sido durante demasiado tiempo una realidad mal entendida y gestionada”.

“Ayudas económicas”

Otra novedad importante es que los jesuitas reconocen que en siete de estos casos la congregación pagó “una ayuda económica” a las víctimas, para terapias o apoyo, aunque ha puntualizado que no las consideran indemnizaciones, dado que no hay habido ningún proceso judicial de por medio. Es la primera vez que una institución religiosa admite esta práctica. Este periódico reveló los dos primeros casos conocidos en España de pagos a víctimas de abusos: en la abadía de Montserrat, 7.200 euros, y los jesuitas a una víctima de Salamanca, 72.000 euros en 2002. Posteriormente, en febrero de 2020, los maristas se convirtieron en la primera orden en pactar una indemnización con 31 víctimas de sus centros en Cataluña, tras un procedimiento judicial. No obstante, en el juicio solo fue procesado uno de los 18 profesores denunciados, que finalmente fue condenado a 21 años de cárcel.

En su investigación, la orden califica como abuso las conductas que van “desde el lenguaje impropio o provocaciones, a los tocamientos (estos son la mayor parte de los casos de los que tenemos constancia) y en algún caso relaciones sexuales”. Antonio Allende, delegado de educación de los jesuitas, ha reconocido que las víctimas y los medios de comunicación han hecho que la verdad salga a la luz: “No fuimos nosotros quienes dimos a conocer los abusos, fueron las personas que los sufrieron, y debemos agradecerles que dieran este paso. La respuesta básica que debemos dar es: creemos en lo que decís. Debemos poner el foco no en la defensa de la institución, sino en el reconocimiento de las víctimas. Con verdad, reparación y justicia”.

Solo cuatro casos llegaron a la justicia civil

El caso más reciente del que la orden dice que tiene constancia fue cometido en 2012. La última denuncia, que hace alusión a un caso antiguo, les llegó en 2020 y actualmente está siendo investigada. En el pasado solo se llevaron a cabo cuatro procesos canónicos que, según los Jesuitas españoles, “acabaron con la suspensión del ejercicio del ministerio del acusado y su reclusión en comunidades aisladas”. Solo cuatro fueron juzgados civilmente: uno de ellos fue sobreseído, otro fue en los años 80, un tercero tuvo lugar en 2006 (se trata de abusos sobre un adulto) y el último está pendiente de juicio. También hay otro proceso canónico en marcha. En el resto de casos solo hubo “medidas canónicas disciplinarias internas”. De los 65 acusados de pederastia, seis fueron expulsados de la orden y otros siete la abandonaron. La Compañía ha aseverado que aquellos acusados que siguen con vida y forman parte de la congregación “están apartados del contacto con menores y cuatro de ellos suspendidos de su labor ministerial”.

La congregación no ha querido revelar los nombres de los acusados ni otro dato decisivo: los lugares concretos y los municipios donde tuvieron lugar los hechos (parroquias, colegios, seminarios...), tan solo ha dado datos por comunidades autónomas. Lo ha justificado porque no desea arrojar sospechas sobre determinados centros. A preguntas de este periódico, acerca de si la orden es consciente de que no divulgar esos datos hace perder uno de los principales medios para que salgan a la luz nuevos casos, la respuesta ha sido: “Hemos querido encontrar un equilibrio entre evitar una caza de brujas y enviar el mensaje de que las posibles víctimas se fíen de la voluntad de buscar la verdad de la Compañía”.

Las víctimas ven “ridículas” las cifras

La asociación nacional de víctimas de abusos a menores Infancia Robada valora el paso de la Compañía, pero lo ve “insuficiente” porque las cifras son “ridículas”. “Se olvidan de que las víctimas no denuncian cuando quieren, solo cuando pueden, y en 1927 nadie podría denunciar algo así. Valoramos el esfuerzo de los jesuitas en bucear en el pasado, en informar de datos y estadísticas, pero esto debe ser considerado como solo un inicio liviano de algo más: reconocimiento y reparación. Asumir responsabilidades de facto y entablar una vía de comunicación con sus víctimas para depurar culpas y proceder a sanciones e indemnizaciones”, ha declarado Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación. Subraya que es necesario que cuenten con las víctimas y ha tendido su mano para colaborar con la Iglesia “para labrar un presente y futuro de dignidad, reconocimiento y reparación sin olvidar el pasado”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es