El Supremo avala que Educación rebaje la ratio a 23 alumnos por clase en Infantil
El TSJCV anuló la orden de la consejería tras el recurso presentado por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza
El Tribunal Supremo, a través de la sección cuarta de la sala de lo Contecioso-Administrativo, ha revocado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y avala la orden de la Consejería de Educación valenciana que rebaja la ratio en la educación Infantil a 23 alumnos por aula en una treintena de municipios donde en 2017, fecha en que se aprobó la orden, el índice de natalidad descendía.
El Alto Tribunal ha estimado así el recurso presentado por la Abogacía de la ...
El Tribunal Supremo, a través de la sección cuarta de la sala de lo Contecioso-Administrativo, ha revocado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y avala la orden de la Consejería de Educación valenciana que rebaja la ratio en la educación Infantil a 23 alumnos por aula en una treintena de municipios donde en 2017, fecha en que se aprobó la orden, el índice de natalidad descendía.
El Alto Tribunal ha estimado así el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat contra la decisión del TSJCV de anular la orden de Educación, que rebajaba de 25 a 23 el número máximo de alumnos por clase, bajo el argumento de que invadía competencias del Estado. El titular de Educación, Vicent Marzà, lamentó en su día que el tribunal valenciano dijera que la Generalitat no podía bajar la ratio porque era una competencia estatal, cuando en Galicia y otros territorios se hacía.
La orden de la consejería data de 2017 y establecía en 23 el número máximo de alumnos por aula en determinados municipios valencianos para mejorar la calidad educativa y reducir la proporción de alumnado por grupo. Concretamente, se aprobó en los municipios donde se registraba un descenso del índice de natalidad, lo que aprovechaba para mantener las unidades, sin incrementar el gasto.
La resolución fue recurrida por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Centros Católicos de la Comunidad Valenciana y el TSJCV decidió anularla y la Generalitat defendió su instrucción acudiendo al Supremo. La Abogacía insistió, entre otros argumentos, en que el Estado marcaba una ratio de máximos pero no de mínimos e insistió en que la competencia educativa era autonómica.
Tres años después, el Tribunal Supremo le da la razón a Educación al estimar que la orden se ajusta a derecho. Mantiene, tras estudiar las normativas estatales y autonómicas, que la norma básica impide que se sobrepasen los 25 alumnos por aula pero no imposibilita que pueda reducirse el número. “No establece un número fijo de alumnos, sino un límite máximo”, apostilla.
El Supremo reconoce que la finalidad de la norma es impedir que se degrade la educación mediante la masificación y para ello el legislador establece un umbral de existencia, establecimiento ese número máximo de alumnos por aula “que no pueden superarse porque empeoraría el servicio educativo”.
Con lo establecido en la orden de Educación, la finalidad de mejora no quiebra la educación, sino que se respeta y se garantiza cuando se rebaja el número de alumnos por aula, “pues se sobrepasa ese umbral de la exigencia”.
La portavoz de Educación del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ana Besalduch, ha celebrado la sentencia porque demuestra que la máxima de “más profesores y ratios más bajas es fundamental para mejorar la calidad educativa”. “El recorte de las ratios no es una ocurrencia”, ha dicho Besalduch, quien ha destacado que el Gobierno valenciano ha recuperado 4.000 profesores que el PP despidió en 2012.
Las resoluciones del Alto Tribunal no paran de sucederse en las últimas semanas respecto a materias en las que la Generalitat ha legislado. Los últimos reveses asestados por el Tribunal Supremo a las normas autonómicas se refieren a los decretos que regulan el uso del valenciano en las Administraciones Públicas y la creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos. En ambos casos, el Supremo ha dado la razón a sendas sentencias emitidas previamente por el tribunal superior valenciano previo recurso del PP.