Detenidos los dueños de dos residencias de Burgos por desfalcar tres millones en bienes a sus ancianos
La Policía Nacional afirma que los arrestados habían conformado un complejo entramado empresarial para apoderarse de la herencia de las víctimas
No entregaban los documentos que se les solicitaban, llevaban el registro de sus pacientes “de aquella manera, apuntaban a unos ancianos y a otros no”, la pasada primavera les faltaba una página entera en el libro de registro... Las irregularidades de las residencias de mayores Real Antigua I y Real Antigua II en Burgos se acumulaban en la gerencia de los Servicios Sociales. Tanto, que acabaron denunciándolas a la Fiscalía, que a su vez activó una investigación de la Policía Nacional que culminó la semana pasada con la detención de lo...
No entregaban los documentos que se les solicitaban, llevaban el registro de sus pacientes “de aquella manera, apuntaban a unos ancianos y a otros no”, la pasada primavera les faltaba una página entera en el libro de registro... Las irregularidades de las residencias de mayores Real Antigua I y Real Antigua II en Burgos se acumulaban en la gerencia de los Servicios Sociales. Tanto, que acabaron denunciándolas a la Fiscalía, que a su vez activó una investigación de la Policía Nacional que culminó la semana pasada con la detención de los dos propietarios de esos dos centros de ancianos. Se trata de dos hombres, “pareja de hecho y de unos cuarenta años” —según fuentes de la investigación—, que supuestamente han desfalcado a sus pacientes hasta tres millones de euros engañándoles para que pusieran las herencias y bienes a su nombre. Hay cuatro casos probados y una decena de investigaciones abiertas, por el momento, según fuentes de la investigación.
“Buscaban a ancianos en fase terminal o muy deteriorados, con escasa familia o visitas”, señalan fuentes policiales. “Llegaron a nombrar a sus víctimas como administradores de las sociedades con las que habían conformado un complejo entramado empresarial para apoderarse de la herencia de sus pacientes”, recoge la nota de la Policía.
La pareja fue arrestada en su casa la madrugada del miércoles de la semana pasada y puestos en libertad el sábado, con la retirada de sus documentos y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado de instrucción número 4 que dirige la causa. Están acusados de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, delito contra la integridad moral y blanqueo de capitales. Pero actualmente, según fuentes de la Consejería de Familia, siguen con la actividad de sus residencias al 100%, aunque ayer en su teléfono solo respondía un contestador automático.
Bien cuidados
“Los ancianos estaban bien cuidados, por eso la juez no ha cerrado las residencias, la cuestión es la estafa”, señalan fuentes de los Servicios Sociales, que ahora realizan inspecciones en estas residencias cada semana. “Lo controles habituales, al ser centros privados, son cada cinco o seis meses”, advierten.
La primera de las residencias fue abierta en septiembre de 1998, y la segunda en 2008. Con capacidad para un centenar de ancianos, en el momento de la inspección “contaban con algo más de ochenta pacientes”, según los Servicios Sociales.
Los investigados, que se estima que han podido operar de este modo “entre cinco y siete años”, no eran conocidos en Burgos y vivían sin hacer ostentación de su patrimonio. Tenían hasta 30 propiedades a su nombre (incluidas viviendas, naves y fincas), y llegaron a apropiarse de joyas, obras de arte, mobiliario e incluso fotografías de sus clientes.
La investigación comenzó a principios de año tras la denuncia de los Servicios Sociales y de familiares de alguno de los residentes. En los registros han intervenido material documental, teléfonos, 6.300 euros en metálico, antigüedades. También tres vehículos, uno de 130.000 euros, y otro tuneado para realizar carreras deportivas. En otra casa, usada ilegalmente como residencia, escondían 900 billetes en participaciones de lotería por un valor de 20.000 euros. Los investigadores sospechan que “fuesen para enmascarar el blanqueo de capitales. La Policía sigue desbrozando ese patrimonio de tres millones de euros, presuntamente usurpado y no descarta hallar más víctimas.