Persecución de género en Andalucía

Es ingenuo creer que Vox pide los datos de los funcionarios andaluces en violencia de género para la legítima fiscalización de ese servicio público. Es el argumento oficial de la formación ultraderechista que cae, sin embargo, por su propio peso. Porque si tan preocupada está por el gasto, existen partidas más generosas en la Junta de Andalucía (30.000 millones de euros en total cada año) que la dedicada a la asistencia de maltratadas y litigios familiares. Los datos exigidos por Vox afectan ...

Es ingenuo creer que Vox pide los datos de los funcionarios andaluces en violencia de género para la legítima fiscalización de ese servicio público. Es el argumento oficial de la formación ultraderechista que cae, sin embargo, por su propio peso. Porque si tan preocupada está por el gasto, existen partidas más generosas en la Junta de Andalucía (30.000 millones de euros en total cada año) que la dedicada a la asistencia de maltratadas y litigios familiares. Los datos exigidos por Vox afectan a solo 75 psicólogos y trabajadores sociales de contratación directa; y el Instituto de la Mujer de Andalucía, por poner un ejemplo, dispone de 42,9 millones de euros anuales de los cuales 1,5 se van en subvenciones.

El respeto a la lógica y a la verdad cotizan muy bajo en Vox. Es antifeminista declarado y echa mano de argumentarios confeccionados a base de prejuicios y afirmaciones torticeras. Y así insiste en la importancia de las denuncias falsas (el 0,078% del total), en los privilegios de género (la brecha salarial y el alto número de víctimas —casi 160.000 cada año en España— dicen lo contrario) o en la existencia de “chiringuitos de género” en Andalucía; algo por demostrar.

Este escándalo se ha enredado en los vericuetos legales y administrativos. Ciertamente, la Junta, hoy controlada por la derecha, no confecciona listas negras como denunció el presidente en funciones Pedro Sánchez, pero está facilitando a Vox lo más parecido a una persecución. Los funcionarios, que siempre se han quejado de falta de medios y no de lo contrario, están alarmados. La Junta trabaja (con dinero público) para satisfacer la demanda de Vox, que se ha acogido a la ley de transparencia para presentarla. Pocas veces una Administración pública ha sido tan diligente en su aplicación y tan generosa a la hora de aportar datos en un tema tan sensible. El 9 de abril pasado enviaba una carta a cada trabajador afectado para que diera su consentimiento a ofrecer su identidad. El nuevo Gobierno andaluz hace equilibrios para no perder el apoyo de los ultras.

Este caso es paradigmático de cómo actúa un partido populista de extrema derecha cuando llega a las instituciones. Exacerba el sentimiento de injusticia y malestar social, extiende mantos de sospecha y cuando llega la verificación de los datos el mal ya está hecho. Ha logrado, faltando a la verdad, introducir la semilla de la desconfianza en la barra de los bares. ¿Están capacitados los funcionarios que asisten a las maltratadas andaluzas? ¿’Regaló’ la Junta dinero a discreción a empresas privadas que se dedican a ello? ¿Hay realmente chiringuitos de género en Andalucía? ¿Por qué no vigilar en qué se gasta el dinero público?

Quienes siguen el caso de cerca sospechan que esta persecución es fruto del empeño personal del líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, un juez inhabilitado temporalmente por prevaricación al favorecer a un padre en un litigio familiar frente a la madre. Sea como fuere, Vox, como tantas otras formaciones hermanas en el resto de Europa, confirma que hoy el movimiento antisistema reside en la extrema derecha.