Víctimas de violencia de género piden en Bruselas retirar la patria potestad a los maltratadores

Marta trabajaba en el hospital de Aranjuez. Una mañana de 2013 volvió a casa cansada de una guardia y se acostó. Cuando se durmió, su pareja, guardia civil, le pegó un tiro con su arma reglamentaria. El asesino trató de hacer creer a los agentes que su esposa se había suicidado. La hija estaba en la casa cuando sucedieron los hechos. No había habido denuncias previas, pero Marta le había pedido la separación y él temía perder a la niña. Mientras la policía investigaba la muerte, el entonces sospechoso se apresuró a cambiar a la menor de colegio, se trasladó a vivir a casa de sus padres y empez...

Marta trabajaba en el hospital de Aranjuez. Una mañana de 2013 volvió a casa cansada de una guardia y se acostó. Cuando se durmió, su pareja, guardia civil, le pegó un tiro con su arma reglamentaria. El asesino trató de hacer creer a los agentes que su esposa se había suicidado. La hija estaba en la casa cuando sucedieron los hechos. No había habido denuncias previas, pero Marta le había pedido la separación y él temía perder a la niña. Mientras la policía investigaba la muerte, el entonces sospechoso se apresuró a cambiar a la menor de colegio, se trasladó a vivir a casa de sus padres y empezó a cobrar la pensión de viudedad. Los familiares de Marta (nombre ficticio), lo recuerdan como una pesadilla. "La niña estuvo con su padre biológico tres meses en los que no supimos nada de ella. Solo sabíamos que estaba bajo la protección de la persona que había acabado con la vida de su madre. Fueron los tres meses más duros de toda mi vida", afirma el hermano de la víctima, hoy padre adoptivo de la niña.

España es uno de los países con legislaciones más avanzadas de la UE en materia de violencia de género, pero las asociaciones de víctimas todavía ven en casos como este las lagunas del sistema. Un grupo de familiares ha llevado el tema al Parlamento Europeo de Bruselas de la mano del Fondo de Becas Soledad Cazorla y la Fundación Mujeres. "La violencia dentro de la pareja debe inhabilitar para ejercer la patria potestad", ha reclamado en la Eurocámara este miércoles Marisa Soleto, directora de esta última organización. "Un hombre condenado en firme debe perder el derecho a la patria potestad y a tomar decisiones efectivas sobre la vida de los niños", ha añadido. El Gobierno ha tratado de despojar a los maltratadores de algunas de esas decisiones: en agosto impulsó un decreto por el cual el hijo de un agresor no necesita su permiso para recibir tratamiento psicológico.

El Parlamento Europeo apenas tiene competencia en la materia, pero los responsables de las entidades de víctimas y por la igualdad reclaman cambios legislativos a nivel nacional y europeo para que los familiares responsables de la acogida de los menores no estén solos. Una vez que los hermanos, padres u otros familiares de la asesinada se hacen cargo de los hijos de la víctima, entran en un laberinto burocrático en el que a veces carecen de orientación y que incluye ciertas disposiciones que no benefician al menor. Con su padre en la cárcel y su madre asesinada, Marta vive hoy con sus tíos, que la adoptaron formalmente para darle mayor protección legal, pero en su nuevo estatus no recibe pensión de orfandad. A sus ocho años, sabe la historia de lo que ocurrió, pero su comportamiento es normal. "Sabe quiénes son su mamá de barriguita y quiénes sus papás que la cuidan todos los días", dice el hermano de Marta, hoy padre adoptivo de la pequeña.

Durante las interminables semanas que transcurrieron desde que Marta fue asesinada hasta que la policía tuvo las pruebas para detener al autor del crimen, condenado a 20 años de cárcel y privado de la patria potestad, sus hoy progenitores vivieron la incertidumbre de saber que la niña se encontraba al cuidado de un hombre capaz de matar. "Si cuando hay un asesinato no se retiran inmediatamente los derechos del padre a la custodia y toma de decisiones sobre el patrimonio de los menores, estamos provocando una situación de desamparo", lamenta Soleto.

Un año después, tras recibir tratamiento psicológico para asumir su nueva función de padres adoptivos en plenitud y superar el trauma del asesinato, llegó un nuevo jarro de agua fría. Un juez decidió que la niña realizara una visita supervisada a su padre, que llevaba un año en prisión, y al que no veía desde su detención. Los abuelos acompañaron a la menor en horario escolar a un encuentro de dos horas con su padre biológico. "Ver al asesino es negativo para la recuperación del daño", opina la directora de la Fundación Mujeres.

Pero los problemas de los familiares de víctimas no se ciñen a la relación entre los maltratadores y sus hijos. El pago de impuestos e hipotecas, la gestión de testamentos, seguros y deudas, el desconocimiento sobre cómo acceder a las indemnizaciones por delitos violentos, la ausencia de seguimiento a los menores, la estigmatización en la escuela, la poca formación de determinados funcionarios responsables de proporcionar información, y en definitiva, la carencia de una guía que deje claros los derechos y obligaciones de aquellos que de un día para otro se ven a cargo de niños golpeados por un episodio traumático, hace que muchos de esos nuevos tutores legales expresen un sentimiento de vulnerabilidad y no se sientan protegidos por las instituciones pese a ser un colectivo relativamente pequeño: entre 2013 y finales de abril de 2018 se contabilizaron 194 menores huérfanos a causa de la violencia de género.

Según su tío y hoy padre de acogida, la hija de Marta está hoy "perfectamente". En la casa en que viven no faltan los vídeos y fotografías que recuerdan a la mujer. Antes de que le dispararan una noche de marzo, preparaba las oposiciones para convertirse en auxiliar de enfermería.