La campiña inglesa se levanta contra el ‘fracking’
Cameron planea extender la polémica técnica de extracción de gas con 20.000 pozos Las protestas de ecologistas y vecinos suspenden las primeras prospecciones
Campamentos de protesta desplegados en la hasta ahora inalterable verde Inglaterra; colisiones entre activistas y policías; tensión, arrestos y desembarco de las televisiones en un entorno voluntariamente silencioso y aburrido… El campo inglés se ha levantado en pie de guerra frente a las intrusiones de una industria energética que ansía los recursos de su subsuelo. El enemigo a combatir es el fracking, una controvertida técnica de extracción de gas mediante fractura hidráulica que el Gobierno británico está apuntalando como solución a l...
Campamentos de protesta desplegados en la hasta ahora inalterable verde Inglaterra; colisiones entre activistas y policías; tensión, arrestos y desembarco de las televisiones en un entorno voluntariamente silencioso y aburrido… El campo inglés se ha levantado en pie de guerra frente a las intrusiones de una industria energética que ansía los recursos de su subsuelo. El enemigo a combatir es el fracking, una controvertida técnica de extracción de gas mediante fractura hidráulica que el Gobierno británico está apuntalando como solución a la dependencia energética, pero que sus detractores tildan de insegura y de fatal para el medio ambiente. Las perforaciones exploratorias de una compañía gasística y su contestación han convertido la localidad de Balcombe (West Sussex, sureste de Inglaterra) en epicentro del debate nacional sobre la amenaza de industrialización de la campiña inglesa. El pueblo está tan dividido entre la lógica de la economía y la defensa ecológica como el propio país.
Las operaciones de la empresa Cuadrilla en Balcombe han trastocado este verano el ambiente bucólico y tranquilo de una población que no alcanza los 1.800 habitantes, tiene solo un colmado, cuatro tiendas y carece de cajero automático. Un remanso de paz de la llamada upper-middle class (clase media-alta), como tantos otros del sureste rural inglés, conformado por viviendas y jardines impolutos, y enclavado en medio del trayecto ferroviario entre Londres (a la que se accede en 39 minutos) y la ciudad balnearia de Brighton.
La compañía, que encabeza en el Reino Unido la implantación del fracking, suspendió a finales de la semana pasada sus prospecciones en busca de crudo, aconsejada por una fuerza policial incapaz de garantizar la seguridad frente a la sonora manifestación de más de un millar de activistas. Convocados por el grupo ecologista No Dash for Gas y procedentes de varios puntos de la geografía británica, se sumaron durante seis jornadas de “desobediencia civil masiva” al centenar y medio de personas que ya permanecían acampadas en los aledaños del pozo desde el pasado 25 de julio. Todavía hoy, estos últimos no tienen intención de moverse de allí porque Cuadrilla reanudó sus actividades en cuanto el miércoles concluyó la gran protesta, con un balance de una treintena de detenidos, entre ellos, la diputada verde Caroline Lucas.
El sospechoso silencio de la Iglesia
La Iglesia de Inglaterra no tiene una posición oficial y unánime ante el fracking, aunque sí potenciales intereses en los recursos del subsuelo de sus feligreses. En pleno debate nacional sobre la intención del Gobierno de impulsar al máximo la fractura hidráulica en Reino Unido, han salido a la luz los recientes pasos de la institución eclesial para reclamar por la vía administrativa sus derechos históricos sobre los recursos minerales subterráneos. Afianzarlos significaría una participación en los beneficios de cualquier hipotética extracción de las reservas de gas encerradas bajo esos terrenos, que abarcan más de 200.000 hectáreas.
Los portavoces de la Iglesia anglicana han tenido que salir al paso de estas especulaciones crematísticas, alegando en un comunicado que simplemente busca “registrar y proteger unos derechos e intereses” que aparecen vulnerables desde que se introdujeran cambios en la Ley del Registro de la Tierra de 2002. Uno de los efectos de esa modificación es que los derechos que retenía la Iglesia en ese subsuelo desde los tiempos de las conquistas normandas, pueden expirar si no se renuevan antes de octubre.
Muchos residentes a lo largo de toda Inglaterra han venido recibiendo cartas del registro en las que se les informa de que la Iglesia reclama sus derechos sobre los minerales que subyacen bajo sus propiedades. Ante la reacción suscitada, la institución insiste en que no tiene planes específicos de explotación mineral de esos terrenos, pero la militancia anti-fracking subraya su ambigüedad ante la controvertida técnica y su implantación en el país.
Frente a la crítica contra la fractura hidráulica formulada en los púlpitos de parroquias anglicanas consideradas objetivos de la industria gasística, el jefe de la Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, ha invitado a reflexionar sobre las ventajas de ese polémico método de extracción de gas, brindando su apoyo al desarrollo de las fuentes de energía con menos coste.
La compañía insiste en que en sus tanteos no usa esa técnica consistente en inyectar en el subsuelo una mezcla de agua a presión y sustancias químicas para ampliar las fracturas en el sustrato rocoso, pero tampoco ha descartado el fracking para futuras explotaciones de yacimientos de gas (sus responsables tildan hoy esa hipótesis de “improbable”). Los activistas alegan que su desembarco en Balcombe y en otros puntos como el condado de Lancashire es el caballo de Troya de un Gobierno que pretende horadar la geografía británica con pozos de gas: un millar de enclaves (unos 20.000 pozos), según las propias previsiones de la industria, podrían estar activos en el territorio nacional para 2020. El potencial geológico en el norte de Inglaterra multiplica ese esbozo y su enorme impacto en el campo.
La garantía de seguridad del suministro energético, la reducción de la factura del gas y la electricidad y la creación de miles de empleos son los principales argumentos esgrimidos por el primer ministro británico, David Cameron, para reclamar el respaldo al fracking y justificar un recorte de los impuestos (a la mitad) para los primeros ingresos de extracción. Ofrece, a cambio, invertir el 1% de la explotación en las comunidades donde se hallan los pozos.
“Los intereses de la industria y la corrupción del Gobierno van a envenenar nuestras aguas”, replican los acampados en Balcombe, una mezcla de militantes ecologistas, de familias que se hacen turnos según sus necesidades laborales, de gentes de edad diversa que en grueso no se reconocen como “activistas”, sino como defensores de un entorno natural que les es consustancial. Vienen de poblaciones de la zona, de Brighton, de Devon y otros puntos más lejanos de las islas. Aluden a la potencial contaminación de los acuíferos por el cóctel químico inyectado en el subsuelo durante el proceso de fractura y por el metano que liberan las rocas. La industria les rebate: miles de pozos han sido perforados en Estados Unidos, sin un solo caso probado de contaminación de las aguas subterráneas. Demostrarlo resulta casi imposible, ante la presencia de elementos contaminantes naturales, pero eso no da la razón a ninguna de las partes.
Ni siquiera los defensores del fracking niegan que la inyección de fluidos en el subsuelo incrementa la presión sobre las fallas y puede provocar temblores en el terreno, si bien, dicen, muy tenues. Esa no ha sido la experiencia de Jim y Rosie, estudiantes de Lancashire que aprovechan el receso de las clases para participar en el campamento de Balcombe. “Nos dijeron que estábamos a salvo”, explican, cuando hace dos años Cuadrilla inició sus primeras actividades exploratorias en aquel condado, pero acabaron registrándose dos terremotos, con magnitudes 2,3 y 1,5 en la escala de Richter. Aunque los daños fueron muy leves, los vecinos se asustaron. La empresa tuvo que suspender provisionalmente sus operaciones. Fue un mal principio que generó desconfianza.
Otro de los potenciales efectos perniciosos de la fractura hidráulica es, tal como ha expuesto la experiencia estadounidense, su capacidad para dividir a las comunidades afectadas. En el propio pueblecito de West Sussex se perciben las desavenencias entre quienes quieren dar la bienvenida a los beneficios económicos prometidos por Cameron y aquellos que rechazan cualquier transgresión en su tranquila existencia o en el paisaje. Una votación convocada el año pasado por el consejo local se tradujo en la oposición del 82% (234 votos) al fracking, aunque algunos residentes recalcan que entonces se pronunciaron principalmente los críticos de esa técnica. Plantear el tema en el pub, el café o la pequeña oficina de correos genera una corriente de tensión entre unos vecinos de habitual talante cordial.
La presencia de decenas de tiendas de campaña alineadas en la carretera que conecta el pueblo con las instalaciones de Cuadrilla también genera disensiones. Los residentes de Balcombe admiten que los habitantes del campamento conforman un grupo bien organizado, que cuida el entorno, tiene un servicio de recogida de basuras y unos aseos provisionales y pulcros que serían la envidia de algunos bares de Londres. Pero las violentas escenas de los últimos días, cuando la convocatoria de No Dash for Gas se tradujo en el bloqueo de los accesos al recinto de la compañía gasística, y el enorme despliegue de fuerzas de seguridad que acompaña a los que siguen acampados —con un gasto para la policía de Sussex de 750.000 libras— no han sido bien acogidos por todos. Algunos vecinos prestan su apoyo a los campistas llevándoles comida o ayudándoles en la limpieza diaria: otros, los menos, los ningunean como “manifestantes profesionales”.
Todos ellos comparten, sin embargo, un universo bucólico, acomodado y conservador, que ahora está pendiente del futuro impacto de las actividades de una compañía energética en el medio rural y en la vida diaria, con el ostensible incremento del tráfico de camiones y del ruido procedente de las instalaciones que algunos perciben desde sus casas. Al primer ministro no va a resultarle tan fácil vender su propuesta a la llamada Middle England, donde los tories suelen cosechar tradicionalmente un buen puñado de votos. Muestra de esa aprensión, el conservador lord Howell of Guidford (miembro de la Cámara alta y suegro del ministro de Economía, George Osborne) fue cazado a finales de julio en un desliz cuando sostuvo que el fracking debía ser confinado a las áreas “desoladas” del norte de Inglaterra. Su rectificación vino acompañada de un mensaje de Cameron: “El fracking no se concentrará en ciertas regiones, quiero que todo el país, norte y sur, comparta sus beneficios”.
Su determinación, el apoyo de la prensa conservadora y las artes de un gigante de las relaciones públicas contratado por la industria quieren desequilibrar la balanza hacia la expansión de la fractura hidráulica en Reino Unido. Las armas del frente antifracking pasan por plantar la semilla de la duda y la inseguridad en una opinión pública que, a raíz de la protesta de Balcombe, comienza a ahondar en el debate sobre sus ventajas y perjuicios. La información, en ambos casos, carece del aval de estudios científicos definitivos, pero las espadas ya están en alto.
Cantabria no es Dakota del Norte
Cantabria no es Dakota del Norte. No solo está 30 veces más densamente poblada y tiene unas formaciones geológicas muy diferentes. Es que, además, al menos en lo que respecta al fracking, la controvertida técnica de extracción de gas y petróleo no convencional, no quiere serlo. Esta región se convirtió, en abril pasado, en la primera que prohíbe en España el uso de la fractura hidráulica en su territorio. Los riesgos medioambientales no compensan una supuesta riqueza subterránea que, presuntamente, reduciría la apabullante dependencia energética española, argumentó su Parlamento. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva contabilizadas 103 mociones contrarias al fracking.
Ayuntamientos y regiones van dejando claro que no quieren ser Dakota del Norte, uno de los estados líderes en uso de esta técnica en EE UU. Pero el Gobierno sí. José Manuel Soria, ministro de Industria, ha apoyado el fracking en sus declaraciones públicas. También el de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, apoya las investigaciones, aunque “con garantías ambientales”. Un reciente anteproyecto de ley determina que todos los proyectos de fracking deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental completa.
Mientras vecinos como Francia, República Checa, Dinamarca y Bulgaria imponen moratorias, el Gobierno español parece decidido a no dejar pasar este tren energético. España tiene, según cálculos del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, también muy entusiasta con el fracking, recursos de gas no convencional para 39 años de consumo.
Son solo estimaciones, pero decenas de empresas están dispuestas a invertir para comprobar lo que esconde el subsuelo peninsular. En 2008 apenas se solicitaron una decena de permisos de investigación de hidrocarburos. En 2012 ya eran más de 70, según datos del Ministerio de Industria, que añade que la mayoría tienen que ver con esta técnica. "En España aún no se hace fracking. Los permisos que se están concediendo son para hacer sondeos sísmicos y perforaciones exploratorias. Si se descubre que hay gas, habría que pedir nuevos permisos para la fase de extracción, y eso aún puede tardar entre cuatro y seis años", explica Mónica V. Cristina, portavoz de Shale Gas, la plataforma que agrupa a algunas de estas compañías.
Un industria al alza en EE UU con el beneplácito del Gobierno
La producción de gas y petróleo en EE UU se ha disparado en los últimos años debido en buena medida a la extensión del fracking. Cada año se estima que se perforan 25.000 nuevos pozos. La regulación laxa y los subsidios de los Gobiernos, tanto estatales como del federal, han favorecido el desarrollo de la perforación hidráulica hasta el punto de que en la actualidad los yacimientos de esquisto producen un cuarto de todo el gas natural estadounidense, frente al 1% que representaba en 2000.
La Administración Obama se ha erigido en defensora del fracking, que ha impulsado un vuelco en el sector energético, favoreciendo el descenso de los precios, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles del extranjero y la disminución de las emisiones de CO2. Sin embargo, la práctica cada vez cuenta con más opositores. El viernes, el presidente Barack Obama fue recibido con pancartas contra de perforación hidráulica en un acto en Nueva York.
La presión ciudadana en ese Estado provocó que este invierto se ampliara un año más la moratoria que prohíbe el fracking en su territorio. En abril, un juez de California suspendió el arrendamiento de tierras federales hasta que el Departamento de Interior no facilite un informe completo del impacto ecológico.
En EE UU, cada Estado regula esta técnica en su territorio y el Gobierno federal establece las normas para las perforaciones en suelo federal, del que se extrae el 13% de la producción total de gas natural del país y el 5% de la de petróleo. A mediados de mayo de este año, la Administración presentó nuevas normas. Estas exigen a las empresas el desglose de las sustancias químicas empleadas 30 días después de que hayan comenzado la perforación —en la versión inicial debían ser antes de empezarla—, pero no están obligadas a desvelar todos los componentes para proteger el secreto industrial. Respecto de la seguridad de los pozos, solo se exige que se informe sobre el estado de uno —no de todos— por área.
Para los ecologistas, hay muchas concesiones a la industria. “Esta versión es mucho más permisiva que la anterior y no hace nada para limitar la mayoría de los riesgos del fracking, como las emisiones de metano o la contaminación hídrica”, señala Patrick Sullivan del Center for Biolgical Diversity.
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