Universidad: ‘certezas’ arriesgadas
Dedicar eficientemente recursos humanos y materiales a una tarea requiere una idea clara sobre el servicio que se presta. En el ámbito de la Universidad pública, debemos precisar por qué modelo optamos, basando nuestro diagnóstico en datos contrastados, y procurando evitar eslóganes y prejuicios, por mucho que su repetición jaculatoria pueda satisfacer a algunos. En los últimos dos años, lejos de esta actitud deseable, nos encontramos recortes irreflexivos y normativas limitadoras que están poniendo en riesgo estructural serio a la Universidad, sin que el daño causado se pueda justificar por l...
Dedicar eficientemente recursos humanos y materiales a una tarea requiere una idea clara sobre el servicio que se presta. En el ámbito de la Universidad pública, debemos precisar por qué modelo optamos, basando nuestro diagnóstico en datos contrastados, y procurando evitar eslóganes y prejuicios, por mucho que su repetición jaculatoria pueda satisfacer a algunos. En los últimos dos años, lejos de esta actitud deseable, nos encontramos recortes irreflexivos y normativas limitadoras que están poniendo en riesgo estructural serio a la Universidad, sin que el daño causado se pueda justificar por los ahorros producidos, salvo que el objetivo sea el daño mismo. Hay que saludar que el Ministerio de Educación quiera hablar con las universidades antes de abordar la reforma anunciada. Esta es la fórmula de trabajo correcta, que nunca debió abandonarse. Sucede, sin embargo, que la reforma se ha iniciado ya de forma encubierta con un ataque deliberado y sin precedentes al colectivo de profesores e investigadores universitarios; especialmente a los más jóvenes con vocación profesional académica y con expectativas legítimas de acceder y progresar en ella.
Durante el período 2011-2020 la Universidad perderá por jubilación al 25% de su profesorado estable de continuar las actuales restricciones, con un envejecimiento de las plantillas del todo inexplicable y extraño a las estructuras académicas de nuestros países de referencia. Si esto es lo que se busca, que se reconozca y se asuman las consecuencias sobre la educación superior y la investigación en España.
Fuentes del ministerio, por ejemplo, han expresado su “alarma” porque la Aneca haya acreditado en cinco años a unos 13.500 profesores e investigadores (un 75% de los solicitantes), que así tienen opción a promocionar o acceder a la carrera de profesor universitario. Se ha afirmado frívolamente que las acreditaciones son “un coladero”. Siendo admisible cualquier propuesta de mejora fundamentada, este diagnóstico evita la evidencia, fácil de colegir, de que son precisas unas 16.000 acreditaciones cada quinquenio para mantener el número de efectivos y las estructuras de plantillas que teníamos en 2008, después del tremendo parón que en su día supusieron las habilitaciones nacionales. Lejos de ser un coladero, la Aneca ha permitido elevar el nivel general de la Universidad pública, mejorado la igualdad de oportunidades, y de hecho no ha podido trabajar lo suficientemente rápido para el sistema.
Por ese motivo, es justo y legítimo que las universidades en su propio interés, y los casi cuatro mil acreditados que esperan la convocatoria de plazas en toda España, reclamen una oportunidad. No pedimos, como se ha dejado entrever maliciosamente, que se les garantice una plaza de profesor, convocada a su medida. Tan solo exigimos que tengan la posibilidad de optar a ella. Si el conflicto de los acreditados sin oportunidades ni esperanzas no ha estallado aún es por la comprensión de estas personas, que entienden las demoras en circunstancias difíciles. Pero el bloqueo ni puede ni debe prolongarse más, so pena de que la “reforma universitaria” tenga que hacerse finalmente sobre ruinas.
Antonio Ramírez de Arellano es rector de la Universidad de Sevilla.