Aborto seguro... para no morir
España dispone de una ley que responde a sus necesidades, pues excluye el aborto del Código Penal y permite decidir libremente en las primeras 14 semanas de embarazo
Entre los muchos lemas que las mujeres latinoamericanas utilizan para reclamar el derecho a decidir sobre su maternidad, encontré este: "aborto seguro para no morir". Una frase contundente y significativa porque llama la atención sobre la defensa de su salud y su vida. En muchos lugares del mundo, las mujeres se movilizan en estos días a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A ellas nos hemos sumado las españolas tras conocer la intención del Gobierno del PP de convertir la interrupción voluntaria del embarazo de nuevo en un acto clandestino, como consecuencia de penalizar nuestra li...
Entre los muchos lemas que las mujeres latinoamericanas utilizan para reclamar el derecho a decidir sobre su maternidad, encontré este: "aborto seguro para no morir". Una frase contundente y significativa porque llama la atención sobre la defensa de su salud y su vida. En muchos lugares del mundo, las mujeres se movilizan en estos días a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A ellas nos hemos sumado las españolas tras conocer la intención del Gobierno del PP de convertir la interrupción voluntaria del embarazo de nuevo en un acto clandestino, como consecuencia de penalizar nuestra libertad de decisión.
Hasta que la amenaza del actual Gobierno se cumpla, este país dispone de una ley que responde a sus necesidades, puesto que excluye el aborto del Código Penal y permite a las mujeres decidir libremente durante las primeras 14 semanas de embarazo, y hasta la semana 22, siempre que exista alguna motivación relacionada con su salud o cuando se haya producido una violación.
La ley sobre salud sexual y reproductiva, que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, ha permitido la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura para las mujeres, las familias y los/as profesionales de la sanidad. Tendríamos que recordar que se aprobó tras ciertos episodios vergonzosos, que incluyeron la violación de la intimidad y las historias médicas de algunas mujeres que simplemente habían acudido a clínicas legalmente acreditadas.
En aquel momento, Gobierno del PSOE quiso dar seguridad a las mujeres para que nunca tuvieran que enfrentarse a la cárcel, a la perdida de la salud o a la muerte. Era una ley necesaria, claramente compartida por una sociedad democrática que ya había incorporado el derecho a la salud sexual y reproductiva con normalidad.
Todos y todas recordaremos la realidad de la IVE en España antes de la regulación de 1985. Las mujeres españolas que disponían de recursos económicos suficientes, salían al extranjero, y aquellas que no, se buscaban una alternativa en la clandestinidad arriesgando su salud y su vida. Si bien esta es una realidad ajena a la España de hoy, no lo era en los años 70. Tampoco lo es en el momento actual en otras partes del mundo donde, según la OMS, mueren más de 68.000 mujeres al año como consecuencia de un aborto inseguro.
En España, sin embargo, los datos nos muestran otro panorama. La ley del 2010, junto a otras estrategias, ha dado como resultado una ligera reducción del incremento del número de abortos, y sobre todo - y este es el dato más importante aunque nunca podamos disponer de él - muchas mujeres han salvado su vida y han mantenido su salud gracias al ejercicio de un derecho fundamental: el que les permite decidir su maternidad.
El debate del aborto está presente en muchos lugares del mundo, y en él están especialmente activos grupos de ideología ultraconservadora con una gran influencia en muchos gobiernos, a veces directamente y otras a través de instituciones religiosas. Tras su aparente “defensa de la vida” reclaman el control de las mujeres y el fomento de la natalidad. Incluso acuden a viejas propuestas del tipo la “autenticidad de la mujer: redescubriendo la vida en el hogar”. Estos grupos han sido los aliados del Partido Popular en su oposición al Gobierno Socialista, al atacar duramente los avances en derechos y libertades, donde estaban incluidos los derechos sexuales y reproductivos, la educación para la igualdad o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Su objetivo es eliminar el derecho a decidir de las personas, puesto que sólo consideran aceptable su modelo de organización social y familiar
En este momento, el PP en el Gobierno, está devolviéndoles el precio de su apoyo. Gallardón inició su cruzada con algunas frases célebres como “la violencia de género estructural que obliga a las mujeres a abortar "o “La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres", componiendo así un discurso que ha intentado manipular las palabras y los conceptos y que han conseguido un gran rechazo social.
De momento el Gobierno ha decidió retrasar la presentación de su ley hasta después de las elecciones autonómicas, probablemente porque alguien ha pensado que la sociedad española ya ha asumido con normalidad la regulación de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora tenemos un Ministro que no contesta en el Parlamento, que no sabe qué decir sobre un tema que le resta en valoración y le coloca donde probablemente siempre estuvo: en el populismo ultraconservador.
En todo caso, y a pesar de este retraso momentáneo y oportunista, la propuesta del Partido Popular sobre los derechos sexuales y reproductivos está claramente alineada con sus otras propuestas políticas. Los recortes que este Gobierno está aplicando sobre el Estado del Bienestar son ideológicos y muestran ese modelo de sociedad conservadora en el que las mujeres volvemos a “redescubrir la vida en el hogar”. La crisis está sirviendo de coartada para eliminar derechos laborales con una reforma que hace imposible la conciliación de la vida familiar y profesional. También es una gran excusa para derogar, en la práctica, la ley de dependencia, para eliminar las ayudas a Escuelas Infantiles, a comedores escolares, y a todo un incipiente sistema de apoyos que, en los últimos años, ha permitido que el Estado se ocupara de una parte de los cuidados que hacían tradicionalmente las mujeres, para que estas, junto a los varones, pudieran participar en el empleo, la política y la vida social.
El perfil ideológico de las medidas para “afrontar la crisis” llega al punto de gastar dinero público para subvencionar la minoritaria educación diferenciada, contraria al modelo educativo que hemos defendido durante años de democracia, y gracias al cual las mujeres se han incorporado masivamente a la Universidad. La propuesta educativa del Gobierno hará crecer la desigualdad en nuestro país y agravara las diferencias de hombres y mujeres.
Las mujeres españolas, que habíamos avanzado en derechos y libertades por delante de la mayoría de las mujeres del mundo, salimos en estos días en defensa de los derechos sexuales y reproductivos ante el temor inminente de situarnos a la cola de los países de Europa. La lucha por la seguridad y la legalidad del aborto se convierte también para nosotras, como en los años 70, en un empeño para no morir.
Purificación Causapié es secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres