El Defensor del Pueblo descubre cuerdas de sujeción y medicación excesiva en un centro de menores de Galapagar

El pasado 3 de febrero el Defensor del Pueblo visitó el centro de menores tutelado de Galapagar, una especie de internado para chicos desprotegidos dependientes de la Comunidad de Madrid. Le llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo, las características de las sujeciones que se usan para inmovilizar a los niños. También la impresión que daban algunos de ellos de estar sobremedicados más allá de la prescripción médica. Y, sobre todo, las enormes contradicciones entre los relatos de los educadores y los chicos allí recluidos.

La visita del Defensor no fue casual. Se debió a una denun...

El pasado 3 de febrero el Defensor del Pueblo visitó el centro de menores tutelado de Galapagar, una especie de internado para chicos desprotegidos dependientes de la Comunidad de Madrid. Le llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo, las características de las sujeciones que se usan para inmovilizar a los niños. También la impresión que daban algunos de ellos de estar sobremedicados más allá de la prescripción médica. Y, sobre todo, las enormes contradicciones entre los relatos de los educadores y los chicos allí recluidos.

La visita del Defensor no fue casual. Se debió a una denuncia interpuesta por dos jóvenes en un cuartelillo de Torrelodones. Uno de ellos abandonó el centro hace dos años. El otro aún es menor. Ellos dos junto a otros dos, que ahora también son mayores, pusieron esta demanda penal el pasado diciembre. Fue admitida a trámite. Mañana los cuatro declaran como testigos en un juzgado de Villalba. También lo harán otros niños del centro y alguno de sus cuidadores.

En la sala se escuchará el relato de los menores describiendo tormentos como estar una noche atados sin poder moverse y con orines encima. O las sistemáticas humillaciones verbales y castigos. O el exceso de medicación más allá de las normas legales que la regulan.

Pero también se oirá que todo eso es pura fantasía. Y que esos chicos tienen cuadros psicológicos muy severos que recomiendan determinadas prácticas. El abogado de los demandantes, Endika Zulueta, considera muy complejo el caso y precisa que la demanda es contra personas concretas y no contra el centro en sí. La Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende el Instituto del Menor y la Familia, sostiene que los correajes hallados están homologados y también se pueden encontrar en un hospital. Aseguran que todas sus inspecciones al lugar fueron satisfactorias y que nadie les ha citado judicialmente por este caso. Un psicólogo que trabajó en alguno de estos centros reconoce que las sujeciones son legales y están homologadas pero que no son idóneas para este tipo de sitios "del mismo modo que no lo serían en un instituto".