Podemos pide al juez rastrear el historial de Villarejo como policía

Podemos, personado como acusación popular en el caso Villarejo, quiere que el juez Manuel García-Castellón rastree todo el historial como funcionario del comisario jubilado José Manuel Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017 y epicentro de la macrotrama de corrupción policial, política y empresarial. En un escrito enviado el pasado lunes al instructor, al que tuvo acceso EL PAÍS, la formación de izquierdas le plantea que dirija un oficio al registro central de personal del Ministerio de Polít...

Podemos, personado como acusación popular en el caso Villarejo, quiere que el juez Manuel García-Castellón rastree todo el historial como funcionario del comisario jubilado José Manuel Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017 y epicentro de la macrotrama de corrupción policial, política y empresarial. En un escrito enviado el pasado lunes al instructor, al que tuvo acceso EL PAÍS, la formación de izquierdas le plantea que dirija un oficio al registro central de personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para que se “facilite una copia de todo el expediente que obre sobre los actos que hayan afectado a la vida administrativa del señor Villarejo desde su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía”.

La acusación popular toma esta iniciativa después de que tres de los últimos máximos responsables de la Policía Nacional —Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino— declarasen en la causa y manifestaran que desconocían la “situación administrativa y laboral anómala” de Villarejo. “[Afirmaron] desconocer si existe cualquier tipo de documentación, protocolo o procedimiento que autorice la libertad de operaciones y movimientos de Villarejo, el uso de material especial, el acceso a información restringida y el incumplimiento de condiciones laborales básicas como horarios o puestos de trabajo”, detalla el documento remitido a García-Castellón, que recuerda que los tres mandos policiales también dijeron que no tenían constancia de “la condición de empresario habitual de Villarejo, así como de la magnitud de su actividad empresarial, ni de las empresas que este dirigía, administraba o poseía en calidad de socio, directamente o mediante personas interpuestas”.

El objetivo, según apostilla Podemos, es determinar “la ilicitud” de los actos del comisario jubilado en el seno de la Policía y la incompatibilidad con su actividad privada. De hecho, también se pide al juez que envíe un segundo oficio a la unidad de gestión de personal de la Dirección General de la Policía para que facilite una copia del expediente personal del principal imputado en la trama, “junto con toda la documentación administrativa anexa que haya debido ser aportada en cada momento para gestionar los diferentes destinos y puestos de trabajos asignados a Villarejo desde 1983”.

Según la investigación, el comisario jubilado diseñó un entramado de empresas para traficar con información que obtenía gracias a su condición de agente de Policía. Creó además una “estructura paraestatal” que “instrumentalizó de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes” para vender información clasificada a cambio de “cantidades millonarias”.