El prior del Valle de los Caídos desafía al Supremo y al Vaticano y dice que no dejará exhumar a Franco

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se resiste a la exhumación de Franco, aprobada por el Gobierno con el aval del Parlamento y del Tribunal Supremo. En una carta enviada este miércoles a la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, el prior insiste en que no autorizará (expresión que aparece subrayada y en negrita) el acceso al mausoleo para permitir el traslado de los restos del dictador al cementerio de El Pardo. El Vaticano ha confirmado a EL PAÍS este miércoles que su p...

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se resiste a la exhumación de Franco, aprobada por el Gobierno con el aval del Parlamento y del Tribunal Supremo. En una carta enviada este miércoles a la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, el prior insiste en que no autorizará (expresión que aparece subrayada y en negrita) el acceso al mausoleo para permitir el traslado de los restos del dictador al cementerio de El Pardo. El Vaticano ha confirmado a EL PAÍS este miércoles que su posición no ha cambiado y que "la Santa Sede no se opone a la exhumación de Franco", que además de ser una decisión gubernamental ahora es también la ejecución de una sentencia judicial.

Cantera, que fue candidato de Falange, responde así a otra carta del Gobierno que incluía la sentencia por la que el Tribunal Supremo autoriza la exhumación. El prior asegura que se "vulnera la libertad religiosa" de la comunidad benedictina al "pretender actuar en un lugar sagrado (la basílica) y sobre una "res sacra" (sepultura) "sin la preceptiva autorización eclesiástica". El Supremo ya había respondido a los Franco que el Gobierno no necesita la autorización de la Iglesia.

El prior argumenta en su escrito que los bienes inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz y que la comunidad benedictina gestiona parte de ellos, como la basílica. La Fundación está ahora bajo Patrimonio Nacional, pero el Gobierno quiere asumir completamente esa fundación y modificar sus fines, que no se han modificado desde 1957 y que consisten en: "rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana".

Cantera sostiene en su carta que se han vulnerado "derechos fundamentales" e insiste en que "la última palabra" la tiene "no el Tribunal Supremo, sino el Constitucional y en su caso, Estrasburgo". "Se siguen manteniendo las razones por las que denegábamos nuestra autorización (no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religiosos y morales afectados que motivaron dicha denegación)", añade. El prior considera "inadmisible" que la inviolabilidad de los lugares de culto "dependa de lo que decida una ley nacional", añade. De permitir ahora el acceso a la basílica para proceder a la exhumación carecerían de la justificación para oponerse, también, a la exhumación de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía. Finalmente, el prior lamenta la "virulencia" con la que, a su juicio, se ha abordado "el problema" y se ofrece a buscar otra solución.