Un exconsejero del PP admite que saqueó las ayudas a la cooperación

Javier Boix, abogado del exconsejero valenciano Rafael Blasco, estampó ayer su firma en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que el antiguo dirigente del PP reconoce que se valió de su cargo para malversar decenas de subvenciones de la Generalitat destinadas a proyectos de ayuda al desarrollo, incluida la construcción de un hospital en Haití después del devastador terremoto de 2010, que nunca se llevó a cabo. El Gobierno autonómico ha estimado ...

Javier Boix, abogado del exconsejero valenciano Rafael Blasco, estampó ayer su firma en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que el antiguo dirigente del PP reconoce que se valió de su cargo para malversar decenas de subvenciones de la Generalitat destinadas a proyectos de ayuda al desarrollo, incluida la construcción de un hospital en Haití después del devastador terremoto de 2010, que nunca se llevó a cabo. El Gobierno autonómico ha estimado aquel fraude que ahora juzga la Audiencia de Valencia en 7,8 millones de euros.

La confesión de Blasco, que ya ha cumplido cuatro años de cárcel por la primera pieza separada del caso, tiene un precio: la Fiscalía ha aceptado reducir a tres años y medio de prisión la petición de 16 años que formuló inicialmente en su escrito de acusación. El ministerio público también ha rebajado ostensiblemente la cantidad de dinero que exigía al exdirigente del PP. En vez de 3,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil —que le reclamaba de forma solidaria junto a los otros dos supuestos cabecillas de la trama—, el fiscal se conforma con que el exconsejero entregue dos inmuebles. Una planta baja situada en L'Eixample de Valencia, una de las zonas más caras de la ciudad, tasado por Blasco en 600.000 euros. Y una finca rústica en el término municipal de Carcaixent, cuyo valor declarado, admiten fuentes de Anticorrupción, no alcanza los 200.000 euros y vale probablemente menos.

Las condiciones del acuerdo fueron consideradas demasiado ventajosas para las otras dos acusaciones presentes en el juicio, la Generalitat, en calidad de perjudicada, y la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular. Ambas rechazaron sumarse al pacto y solicitaron a la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia que mantenga la celebración del juicio oral, señalado en principio hasta finales de julio. Los jueces decidirán el jueves si acortan o no las vistas, tras examinar los acuerdos de conformidad alcanzados entre la Fiscalía y los 24 acusados.

Orientado al poder

El ministerio público tiene sus razones para cerrar un acuerdo de tales características con Blasco, considerado uno de los grandes estrategas del PP valenciano, protagonista de una larga travesía ideológica con la proa orientada siempre hacia el poder. Ya fue expulsado hace 30 años del PSOE por un caso de corrupción que no llegó a probarse y fue recuperado por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para su Gobierno a finales de los noventa. Fuentes de la Fiscalía señalan que el Tribunal Supremo limitó a ocho el número de años a los que Blasco puede ser condenado por los mismos delitos en las tres piezas del llamado caso Cooperación. Como en la primera pieza ya fue sentenciado a seis años y medio por malversar dos proyectos de ayuda al desarrollo en Nicaragua, la pena adicional a la que podría ser condenado en el presente juicio, que abarca las dos piezas separadas restantes del caso, sería de año y medio, salvo que fuera hallado culpable de nuevos delitos.

Y ahí reside la discrepancia con las otras dos acusaciones. La Coordinadora de ONGD y la Generalitat acusan también a Blasco y sus presuntos cómplices de asociación ilícita y organización criminal respectivamente. Unos delitos que la Fiscalía considera difíciles de demostrar, pero que si el tribunal considerase probados supondrían entre cuatro y cinco años de condena. Es decir, en total hasta siete años y medio de prisión sumando la condena adicional que ambas acusaciones creen que pueden obtener, sin salir de los límites que estableció el Supremo, con una nueva condena, en su versión agravada, de los delitos por los que el exconsejero ya fue condenado en la primera pieza del caso: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

Las defensas presionan a las acusaciones

Las defensas presionaron ayer a la Abogacía de la Generalitat y a la Coordinadora de ONGD advirtiéndoles de que si no se suman al pacto que han alcanzado con la Fiscalía solicitarán al tribunal su condena en costas por actuación "temeraria". El abogado de la coordinadora, Raúl Vidal, respondió que si las ONG fueran condenadas a abonar las costas —lo que incluye gastos procesales y las minutas de los 24 abogados defensores—, podrían acabar pagando más dinero del que Blasco y el resto de acusados han acordado con el Ministerio Público devolver. "Sería el mundo al reves", dijo Vidal.

Entre los expedientes que Blasco y los otros condenados reconocieron haber saqueado figuran proyectos para reducir la violencia sexual contra menores y planes para garantizar la seguridad alimentaria en diversos países pobres.