España da el carpetazo definitivo al ‘caso Urdangarin’

La Fiscalía renuncia a presentar el recurso de súplica en el Constitucional y al exduque de Palma ya solo le queda acudir a Europa

Iñaki Urdangarin, sale de la Audiencia de Palma de Mallorca, en 2018.Uly Martin

Fin. Al otrora influyente Iñaki Urdangarin, exduque de Palma y cuñado del Rey, ya se le han acabado todas las balas en España para tratar de esquivar la cárcel. La Fiscalía ha renunciado a presentar un recurso de súplica contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de inadmitir a trámite el escrito de amparo presentado por el marido de la infanta Cristina, condenado a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Nóos. Según detallan fuentes del ministerio público, que tenía tres días para est...

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Fin. Al otrora influyente Iñaki Urdangarin, exduque de Palma y cuñado del Rey, ya se le han acabado todas las balas en España para tratar de esquivar la cárcel. La Fiscalía ha renunciado a presentar un recurso de súplica contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de inadmitir a trámite el escrito de amparo presentado por el marido de la infanta Cristina, condenado a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Nóos. Según detallan fuentes del ministerio público, que tenía tres días para estudiar el asunto tras recibir la notificación del alto tribunal, se ha rechazado continuar con esa vía. Esto implica que al procesado le queda solo acudir a Europa.

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La Fiscalía recibió la notificación del TC el pasado lunes y tenía hasta este jueves para resolver la cuestión. Finalmente, según explican fuentes del departamento público, se ha dado el visto bueno a no presentar recurso y que quede así definitivamente concluido el proceso en España. "Si el ministerio público no hubiere interpuesto recurso de súplica en el plazo legal de tres días, se archivarán estas actuaciones sin más trámite", advertían ya los magistrados de la Sección Primera de la Sala Primera del Constitucional en su escrito fechado el pasado 12 de marzo, donde rechazaban las pretensiones del yerno de Juan Carlos I, a quien solo le queda acudir a los tribunales europeos.

Esta reciente decisión de la Fiscalía da la puntilla al exduque de Palma, que ha echado mano de todos los instrumentos a su alcance para intentar evitar la condena. Sentenciado a seis años y tres meses de cárcel por la Audiencia de Palma por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales; Urdangarin gastó su primera bala en el Tribunal Supremo, donde logró cierto éxito: los magistrados le redujeron en cinco meses la pena. Pero ahí se acabó su suerte.

Desde entonces, el cuñado del Rey solo acumula derrotas. Tras entrar en la cárcel de Brieva (Ávila) el 18 de junio de 2018, presentó un incidente de nulidad en el mismo alto tribunal para que se anulara el dictamen. No se aceptó. Después utilizó la vía del Constitucional, adonde trasladó un recurso de amparo en el que pedía, no solo que se revisara la pena, sino que también se suspendiera su entrada en la cárcel hasta que el TC resolviese. Pero tampoco se admitieron ambas iniciativas, rechazadas de lleno por tres magistrados del tribunal de garantías: entre ellos, Juan José González Rivas, el propio presidente del órgano; además de Alfredo Montoya Melgar y Cándido Conde-Pumpido Tourón.

La justicia española concluye, por tanto, que Urdangarin se valió de su "situación de privilegio" como "consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado" para obtener en 2005 y 2006 contratos a favor del Instituto Nóos por parte del Gobierno balear. "Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por Urdangarin y su socio", apostillaba el Supremo.

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El caso contra Urdangarin arrancó en 2006, cuando los socialistas de Baleares hicieron públicas sus primeras sospechas sobre el Instituto Nóos. Dos años después, los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán presentaban una querella contra Jaume Matas, entonces presidente del Gobierno regional, por el caso Palma Arena, del que derivaría a continuación el caso Nóos. Una causa que sentaría en el banquillo en 2016 al yerno del Rey emérito y a la infanta Cristina, que resulto finalmente absuelta.

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