Un reparto de la financiación autonómica que no satisface a nadie
Las demandas de las autonomías se dividen entre las que piden más peso de la población en el cálculo de fondos y las que reclaman compensar el envejecimiento
La financiación autonómica une y divide a España. Por un lado, todas las comunidades coinciden en declararse insatisfechas por el modelo actual y urgen su modificación. Por otro, las autonomías más pobladas como Andalucía y la Comunidad Valenciana reclaman que en el cálculo del reparto de fondos pese más el número de habitantes, frente a los territorios de la España que se vacía —Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Castilla y León y La Ri...
La financiación autonómica une y divide a España. Por un lado, todas las comunidades coinciden en declararse insatisfechas por el modelo actual y urgen su modificación. Por otro, las autonomías más pobladas como Andalucía y la Comunidad Valenciana reclaman que en el cálculo del reparto de fondos pese más el número de habitantes, frente a los territorios de la España que se vacía —Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Castilla y León y La Rioja— que se han unido en un frente para exigir que se compense su creciente envejecimiento.
Andalucía
La financiación autonómica ha sido tradicionalmente uno de los caballos de batalla políticos en Andalucía. En marzo de 2018 todos los grupos políticos, a excepción de Ciudadanos, aprobaron un pacto de financiación en el que se calcula en 4.000 millones de euros la infrafinanciación de la comunidad y se reclama la nivelación total de recursos, la población como criterio fundamental de distribución, mayor participación en la recaudación del IVA e impuestos especiales y la creación de un fondo de sostenibilidad para garantizar los servicios públicos.
La actual coyuntura política en Andalucía, en pleno cambio de Gobierno, ha hecho que la reforma del modelo de financiación autonómica no sea una prioridad ahora mismo para los dos partidos políticos que liderarán la Junta, PP y Ciudadanos, pero fuentes populares aseguran que no renunciarán a los 4.000 millones acordados -incluso por ellos mismos in extremis- en ese pacto. “Lo que no vamos a hacer de esto es un problema de enfrentamiento, no se va a utilizar como un arma política, como se ha estado haciendo estos años desde el PSOE”, aseguran.
Entre PP y Ciudadanos hay diferencias en el modelo de financiación. Las más evidentes son la eliminación del cupo vasco o el mantenimiento del principio de ordinalidad, que garantiza que reciban más ingresos quienes más aporten o recauden, que defienden los de Albert Rivera. Sin embargo, en una entrevista a este diario, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, restó importancia a las divergencias evidenciadas en la suscripción del acuerdo el pasado marzo. “Durante toda la comisión de trabajo de la financiación autonómica no hubo divergencia, la hubo cuando el PP no se quiso quedar solo en la foto y votó el dictamen de Podemos y el PSOE y nosotros nos quedamos solos defendiendo la igualdad con mayúsculas de todos los españoles”, sostuvo.
En el pacto programático que ambas fuerzas suscribieron el día de Navidad se alude al modelo de financiación en un escueto punto. Se indica únicamente que deberá ser “solidario y justo con Andalucía”, sin especificar cómo, y se incluye el compromiso de exigir al Gobierno “la reforma inmediata” del modelo en el que se reclamará una reforma de la financiación de nuestros municipios que garantice una mayor transparencia, responsabilidad, sostenibilidad y suficiencia de recursos para todos los Ayuntamientos”.
Comunidad Valenciana
La infrafinanciación denunciada por la Generalitat, el Parlamento y los agentes sociales es el caballo de batalla del Ejecutivo valenciano que preside el socialista Ximo Puig. La Comunidad Valenciana presenta un importante saldo fiscal negativo, a pesar de que su nivel de renta por habitante es inferior a la media. Y el modelo de financiación es la principal razón de esta situación, dado que los valencianos aportan más recursos de los que reciben. De hecho, si la autonomía hubiera recibido una financiación por habitante equivalente a la media de España durante el periodo 2002-2013, habría ingresado 15.150 millones de euros adicionales, equivalente a más del 50% del crecimiento de la deuda en ese periodo. El endeudamiento actual supera los 45.200 millones de euros. Según la Generalitat, el 81,4% corresponde al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El Gobierno de Puig reclama un sistema de financiación que permita, como mínimo, afrontar los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y protección social) con “dignidad”. Otra exigencia pasa por el reconocimiento del déficit acumulado desde que transfirieron las competencias (2002-2013) y un mecanismo de compensación. Otra petición es que el Estado ejecute inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, a la población de la Comunidad Valenciana, además de compensar la insuficiencia inversora de los últimos años.
Además de acordar un sistema de compensación similar al realizado en otros países europeos, es decir, con fondos adicionales durante los años que se acuerde, con cargo a los préstamos adquiridos con el Estado, la propuesta del comité de expertos del Parlamento valenciano va más allá. Contempla la condonación de la deuda en las autonomías con población y gasto per cápita por debajo de la media. En el caso de la Comunidad Valenciana, a los 15.150 millones de euros, deberían añadirse 4.589 millones de intereses derivados del endeudamiento, así como las insuficiencias de financiación anteriores a la etapa de las transferencias, que entre los años 1990 y 1997 se han estimado en 5.454, 2 millones de euros. La insuficiencia de recursos anual para las competencias gestionadas asciende hoy en día a 4.290 millones de euros, según la comisión de expertos de las Cortes valencianas.
La España olvidada
El diseño de un nuevo sistema de reparto de fondos entre comunidades ha llevado a los presidentes socialistas de Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón y a los populares de Galicia, Castilla y León y La Rioja a unirse en un frente porque sus demandas son similares. Representan a la España que se vacía y envejece y reclaman que el modelo de financiación tenga en cuenta no solo a cuántos ciudadanos se prestan los servicios públicos sino también cómo son y qué hay que hacer para llegar a ellos.
Estas comunidades reclaman financiación suficiente para atender a los dependientes como establece la ley, asumiendo el Estado la mitad del coste. El reparto general del dinero entre autonomías, añaden, debe garantizar la prestación de "niveles similares de servicios públicos” en todo el territorio español, con independencia de la capacidad que tenga cada región para generar ingresos tributarios. Por eso exigen que se tenga en cuenta el coste “real” de estos servicios, otorgando compensaciones por factores como el envejecimiento o la dispersión de la población.
Galicia, como suele recordar su presidente, el popular Alberto Núñez Feijóo, acoge más de 30.000 núcleos de población, la mitad de los que existen en España, y el 8,1% de sus habitantes superan los 85 años y absorben casi una cuarta parte del gasto farmacéutico de la autonomía.
Murcia
La Región de Murcia es la segunda más perjudicada por el actual modelo de financiación autonómica tras la Comunidad Valenciana (recibe 180 euros menos por habitante al año que la media estatal, unos 264 millones de euros) y su Gobierno ha criticado enérgicamente la paralización de la reforma del sistema tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, así como las negociaciones bilaterales con determinados territorios fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para el Gobierno murciano, es urgente convocar de nuevo ese organismo y avanzar en la reforma del modelo para imponer un reparto equitativo de los fondos basándose en criterios de población ajustada y de suficiencia para cubrir las competencias en sanidad, educación y servicio sociales.
La comunidad autónoma apuesta además por eliminar el denominado fondo de statu quo, porque considera que perpetúa las diferencias entre los territorios. Asimismo, considera que en torno a un 80% de su deuda pública, unos 6.500 millones de euros de los casi 9.000 que acumula, son consecuencia directa de esa mala financiación, por lo que si se cambia el modelo, este debería incluir mecanismos de compensación para hacer frente a esa cifra.
Con información de Eva Sáiz, Maria Josep Serra, Sonia Vizoso y Virginia Vadillo