Rajoy, un año de Gobierno marcado por el desafío independentista
Se cumple el primer aniversario de la formación del Ejecutivo en minoría del líder del PP
Un año después de su investidura como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se enfrenta a los mismos retos a los que ya se medía el 29 de octubre de 2016: el desafío del independentismo catalán y la minoría parlamentaria de su Ejecutivo. Tras disfrutar de una abrumadora mayoría absoluta en su primer mandato, el líder del PP ha tenido que buscar acuerdos concretos con el PSOE, con Ciudadanos o con el PNV para sacar adelante asuntos de la máxima importancia, como los Presupuestos o la respuesta al re...
Un año después de su investidura como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se enfrenta a los mismos retos a los que ya se medía el 29 de octubre de 2016: el desafío del independentismo catalán y la minoría parlamentaria de su Ejecutivo. Tras disfrutar de una abrumadora mayoría absoluta en su primer mandato, el líder del PP ha tenido que buscar acuerdos concretos con el PSOE, con Ciudadanos o con el PNV para sacar adelante asuntos de la máxima importancia, como los Presupuestos o la respuesta al reto de la Generalitat. Los 12 meses transcurridos han sido de escasa producción legislativa, han dejado la foto de su paso por la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel y han dado testimonio de la transformación de su relación con Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE ha pasado de abandonar su escaño para no participar de la abstención socialista en la investidura a apoyar a Rajoy en la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
En 2015, último año de la legislatura en la que Rajoy disfrutó de mayoría absoluta, el Gobierno aprobó 16 leyes orgánicas, 48 leyes, 12 decretos y 8 decretos legislativos, según los datos oficiales del Congreso de los diputados. Entre 2016 y lo que va de 2017, el Ejecutivo ha logrado aprobar en la Cámara 2 leyes orgánicas, más de 20 decretos y 1 decreto legislativo. Nada refleja mejor las dificultades que está teniendo Rajoy para sacar adelante su programa electoral. La suma de sus 137 diputados y de los 32 de Rivera, con el que firmó un acuerdo de investidura, no alcanza los 176 votos que marcan la mayoría absoluta. En consecuencia, el Gobierno ha tenido que buscar apoyos puntuales de otras formaciones para los grandes asuntos.
“Vivimos tiempos difíciles, pero no creo que le falte dinamismo a este Parlamento", aseguró Rajoy durante una sesión de control de mediados de octubre. "La función del Gobierno es gobernar, que no es poco; someterse al control de esta Cámara, cosa que hacemos; y ocuparnos de que se aprueben los proyectos de ley y los decretos que presentamos", siguió. "En cualquier caso, tampoco está escrito en ningún sitio que un Parlamento sea más dinámico porque apruebe más leyes", recalcó, antes de referirse a las 70 iniciativas legislativas de la oposición que ha bloqueado su Gobierno. "No vetamos las cosas porque sí", argumentó el presidente. "En el supuesto de que se hubieran aprobado las iniciativas de la oposición, hubiéramos incrementado el déficit en tres puntos. Eso son 30.000 millones de euros”.
Dos horas como testigo del 'caso Gürtel'
Ocurrió el 26 de julio. Mariano Rajoy se convirtió en el primer presidente de España en activo en testificar en un juicio, cuando acudió a la Audiencia Nacional para ser interrogado como testigo del caso Gürtel. Su declaración consumió 1h 51m. Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, fue el único de los acusados presente en la sala. Junto a él, abogados, magistrados y funcionarios judiciales que habían tenido que superar exhaustivas medidas de seguridad para acceder a la vista.
"Había policías para arriba y para abajo, y un exceso de medidas de seguridad: recuerdo que tuve que aparcar la moto a un kilómetro e ir andando", evoca José Mariano Benítez de Lugo, el abogado de ADADE, la asociación que logró que el presidente acudiera como testigo. "Rajoy entró tan deprisa que lo hizo por donde lo hacen los furgones de los presos", continúa. "Por su comportamiento y respuestas se notó que estaba bien entrenado".
El presidente preparó su comparecencia con el abogado del PP e intentó que su intervención fuera por videoconferencia. Aseguró que desconocía la gestión financiera del PP. Rechazó haber recibido sobresueldos y donativos opacos. "Las respuestas tienen que ser gallegas, no van a ser riojanas", llegó a replicarle a un abogado inquieto por la falta de concreción de sus contestaciones.
Meses después, el caso Gürtel ya está en la fase de conclusiones. Para ADADE, la asociación que logró que Rajoy acudiera como testigo, el asunto ha tomado una dirección inesperada. El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, le ha requerido documentación sobre su financiación, puesto que cree que está vinculada al PSOE. No es la única novedad: Benítez de Lugo, el abogado que interrogó a Rajoy, ha sido llamado a declarar a la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos de la Cámara Alta.
No está siendo la legislatura del gobierno del Parlamento, como pensaron inicialmente el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Tampoco la de un Ejecutivo al uso. El Gobierno ha decidido cohibirse en la presentación de sus leyes a sabiendas de que no las iba a sacar adelante. Los jueves, que es el día en el que la Cámara estudia las iniciativas impulsadas por el Consejo de Ministros, apenas ha habido plenos sustanciales. Rajoy se ha centrado en los pactos imprescindibles.
Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias aportaron los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos de 2017, y con ellos se negocia los de 2018. El PSOE permitió la investidura de Rajoy con su abstención y fue clave para elevar el salario mínimo interprofesional. Y los independentistas del PDeCAT inclinaron la balanza para lograr la aprobación del decreto de la estiba, único punto de encuentro entre el PP y los nacionalistas catalanes en toda la legislatura.
Desafío independentista
El desafío de la Generalitat ha ocupado la agenda y las preocupaciones del presidente desde hace meses. El referéndum ilegal del 1 de octubre supuso un punto de inflexión en el pulso institucional que han mantenido el Gobierno y el Govern. La confusa intervención de Carles Puigdemont en la sesión del Parlament del 10 de octubre, declarando la independencia para suspenderla inmediatamente, supuso que el conflicto alcanzara el punto de no retorno. Ahora, la activación del artículo 155 de la Constitución, y la consecuente intervención de la Generalitat, colocan a Rajoy ante el momento que decidirá cuál es su legado y su lugar en la historia.
Una vez destituidos el president y todos sus consejeros, el Gobierno afronta la tarea de gestionar Cataluña hasta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Las consecuencias de la respuesta de los independentistas y de la intervención son impredecibles. El resultado de los comicios puede suponer un simple punto y seguido en el conflicto institucional y la tensión territorial que marcan la agenda política del país desde hace meses.
Solo dentro de un año, cuando se cumpla el segundo aniversario de su presidencia, se podrá calibra si Rajoy ha sido capaz de afrontar la mayor crisis que ha vivido España en sus 40 años de democracia.