La Fiscalía cita como investigados a todos los alcaldes que apoyan el referéndum

La Fiscalía General del Estado ha cursado este miércoles una orden a todas las fiscalías provinciales de Cataluña para que abran diligencias de investigación sobre los Ayuntamientos que han mostrado su apoyo a la preparación y celebración del referéndum ilegal de autodeterminación previsto para el próximo 1 de octubre.

Los fiscales jefe de cada provincia deberán citar, por medio de la policía judicial, a los alcaldes de cada uno de estos municipios, para que declaren ante el ministerio público “en calidad de investi...

La Fiscalía General del Estado ha cursado este miércoles una orden a todas las fiscalías provinciales de Cataluña para que abran diligencias de investigación sobre los Ayuntamientos que han mostrado su apoyo a la preparación y celebración del referéndum ilegal de autodeterminación previsto para el próximo 1 de octubre.

Los fiscales jefe de cada provincia deberán citar, por medio de la policía judicial, a los alcaldes de cada uno de estos municipios, para que declaren ante el ministerio público “en calidad de investigado y asistido de letrado”. En caso de que los regidores citados se nieguen a comparecer, el fiscal general ha dado orden a los fiscales provinciales de que acuerden su detención, “oficiando a los Mossos d’Esquadra como policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”.

La orden afecta a 712 alcaldes y presidentes de otras entidades, como consejos comarcales o mancomunidades. La instrucción señala que "a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población".

Los alcaldes que serán citados son todos aquellos que han firmado decretos para poner a disposición del Govern de Carles Puigdemont los locales necesarios para organizar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Esa lista ha sido publicada en la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia. En la orden, el fiscal general, José Manuel Maza, advierte de que las conductas de autoridades públicas conducentes a la organización del referéndum puede constituir, al menos, delitos de desobediencia, penado con multa; prevaricación, castigado con la inhabilitación, y malversación de caudales públicos, que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión