La Fiscalía sitúa a Aguirre en la “red de decisión” de las cuentas opacas del PP

Según el ministerio público, la caja b sirvió para sufragar los “excesos” de las campañas políticas de 2007, 2008 y 2011

Esperanza Aguirre, exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.Foto: atlas | Vídeo: Uly Martín | ATLAS

Las fiscales encargadas de investigar el caso Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, sitúan —sin nombrarla— a la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre y a otros cargos del partido en la “red de decisión y ejecución cohesionada” que puso en marcha “diversos canales de financiación irregular” para las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Según las representantes del ministerio público, ...

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Las fiscales encargadas de investigar el caso Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, sitúan —sin nombrarla— a la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre y a otros cargos del partido en la “red de decisión y ejecución cohesionada” que puso en marcha “diversos canales de financiación irregular” para las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

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Según las representantes del ministerio público, la caja b del partido sirvió para sufragar los “excesos” de esas campañas políticas, que rondaron los cinco millones de euros. En ese grupo decisorio, los fiscales incluyen también a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid en aquellos años.

Las fiscales hablan en concreto de la “coincidencia de personas y de roles” entre los propios patronos de Fundescam —entre los que figuran el ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, el ex gerente regional Beltrán Gutiérrez y el expresidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría— y “los directores y miembros de los Comités de Campañas electorales, Presidente, secretario general y vicepresidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid”.

En su informe, remitido al juez el pasado 6 de marzo, las fiscales concluyen que “el PP regional de Madrid contravino indiciariamente la normativa electoral (...) superando en cada campaña los límites de gasto electoral y derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal”.

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