Alonso discrepa de Montoro por cómo trata Hacienda el gasto en hepatitis C

Al Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, le "gustaría que no computara" como déficit de las comunidades la financiación que han solicitado del Estado para pagar el plan contra la hepatitis C. Alonso ha admitido, al terminar la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que preside –la anterior fue en julio del año pasado– que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, prometió en marzo, cuando se presentó el plan, que los casi 800 millones que se calc...

Al Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, le "gustaría que no computara" como déficit de las comunidades la financiación que han solicitado del Estado para pagar el plan contra la hepatitis C. Alonso ha admitido, al terminar la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que preside –la anterior fue en julio del año pasado– que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, prometió en marzo, cuando se presentó el plan, que los casi 800 millones que se calcularon para pagar los nuevos fármacos y tratar de curar a 52.000, que los fondos no iban a incluirse en la contabilidad de las autonomías. "Yo estaba allí", ha sido lo único que ha dicho cuando se le recordó aquella propuesta."No puedo discutir las normas de Hacienda", se excusó.

Según el ministro, ya se han tratado más de 46.000 personas, y se prevé gastar más de mil millones en este plan."De todas formas, es un gasto no recurrente", quiso quitar importancia Alonso al impacto de esta partida en las cuentas de las comunidades. Se refiere a que no es estructural, "que es lo preocupante": como el tratamiento dura alrededor de tres meses, el desembolso no se mantiene en el tiempo. "Podíamos haberlo hecho en 10 años, pero no sería justo para los enfermos", ha dicho, y ha defendido la expansión acelerada que ha llevado el plan, que va a cumplir su objetivo de tratamiento, probablemente, este año, cuando estaba previsto para tres. Lo importante es que "hemos pasado de discutir si se podía curar la hepatitis a si computa como déficit o no", ha expuesto como ejemplo de la eficacia de estos tratamientos, que en España, según los hepatólogos cuestan alrededor de 13.000 euros por persona.

El asunto del déficit fue llevado por las comunidades a la reunión del consejo (el órgano de coordinación en materia sanitaria entre las autonomías y con el Gobierno centra) por un grupo de Ejecutivos regionales que ven que ahora, por su desviación del presupuesto, sufren presiones de Hacienda para conseguir financiación. Ya el ministro, Cristóbal Montoro, atribuyó a esta partida parte de la desviación del gasto de las comunidades, lo que fue muy criticado por las asociaciones de pacientes.

Zika. El consejo aprobó, entre otros temas, un plan de prevención de enfermedades transmitidas por vectores (los insectos como el mosquito tigre). Esto afecta al virus del zika, pero también al del dengue o el del chikunguña. Alonso expuso que actualmente se han detectado en España 88 casos de personas contagiadas por el zika, de ellos, 11 embarazadas, pero que todas ellas son personas que se infectaron en países donde la enfermedad es endémica, y son, por tanto, importados, no autóctonos.

Listas de espera. El consejo ha conocido los datos agregados de las listas de espera. En un año, el tiempo para ser operado ha subido en dos días, dijo Alonso, por lo que "las comunidades tienen que redoblar sus esfuerzos"; la demora para ver al especialista ha pasado de 65 a 58 días.

Vacunación infantil. El consejo ha aprobado un nuevo cambio en el calendario de vacunación infantil. Se trata, según la "evidencia científica", de aplicar la vacuna hexavalente en tres tomas en vez de en las cuatro actuales. Se pasaría del actual régimen de 2, 4, 6 y 18 meses a inyectarla a los 2, 4 y 11 meses.

Uso de medicamentos por enfermeros. Alonso ha admitido que numerosas comunidades le han pedido que se derogue el real decreto del 23 de octubre del año pasado que establecía que el personal de enfermería solo puede utilizar o aconsejar medicamentos que necesiten receta si hay una prescripción por parte del médico. "No es posible [con un Gobierno en funciones] y no lo comparto", ha dicho. La única iniciativa al respecto es unir el foro de las profesiones sanitarias, donde están representados enfermeros, médicos, ministerio y comunidades autónomas. "Hay consenso sobre el 90% del real decreto", ha dicho.