Interior teme la infiltración de yihadistas entre los refugiados
La policía alerta a las fuerzas de seguridad tras un robo de 1.500 pasaportes en Siria
El Ministerio del Interior está alerta para “tomar las medidas adecuadas” ante el temor de que en el próximo contingente de refugiados que España deba acoger se pueda colar algún grupo de terroristas yihadistas. El ministro Jorge Fernández reconoció este martes en París su preocupación por esa hipotética infiltración y más tras ser advertidas las fuerzas de seguridad del robo en Siria de 1.452 pasaportes originales en blanco que pueden ser usados por DAESH. Interior esgrime ese argume...
El Ministerio del Interior está alerta para “tomar las medidas adecuadas” ante el temor de que en el próximo contingente de refugiados que España deba acoger se pueda colar algún grupo de terroristas yihadistas. El ministro Jorge Fernández reconoció este martes en París su preocupación por esa hipotética infiltración y más tras ser advertidas las fuerzas de seguridad del robo en Siria de 1.452 pasaportes originales en blanco que pueden ser usados por DAESH. Interior esgrime ese argumento para analizar con detalle el nuevo cupo de asilados a admitir.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, reiteró en París, durante su participación en la Conferencia sobre la violencia contra las minorías en Oriente Medio, la nueva doctrina que el presidente del Gobierno ha impuesto a su Ejecutivo de que no se pondrán límites ni topes ni problemas económicos a la admisión del número de refugiados que al final decida la Comisión Europea. Pero Interior es el departamento más remiso a que ese contingente llegue a España de cualquier manera, sin control ni orden ni un análisis minucioso de las personas enviadas. El ministro repitió en el foro de París lo que ya había avanzado el día anterior en La Moncloa durante la primera sesión de la comisión interministerial creada por el Gobierno: ofreció su mayor colaboración y cooperación pero sin precipitarse ni descuidar la seguridad interna.
Jorge Fernández quiere que esos futuros traslados de nuevos asilados se realicen “con un procedimiento común” y bien definido por todos los países de la Unión Europea para ordenar la redistribución de esos refugiados, pero recordó que aún no se han preparado los centros de recepción (hotspots) que se habían acordado montar entre todos los países europeos antes del verano. El ministro aceptó que ahora la “realidad va por delante de la capacidad de respuesta”, pero tampoco quiere precipitaciones.
Las razones de Jorge Fernández Díaz
- El ministro del Interior asegura que el Estado Islámico tiene entre sus planes utilizar los flujos migratorios para "infiltrar" a algunos de sus miembros en Europa.
- La Embajada de España en Turquía ha alertado del robo de 1.452 pasaportes sirios en blanco en unas oficinas de expedición de esos documentos en las provincias de Rakka y en la de Deir ez Zur. La policía sospecha que esos documentos pueden haber sido vendidos, a razón de 2.500 dólares cada uno.
- España reclama un "procedimiento común" y "bien definido" para toda Europa para ordenar la distribución de los refugiados.
- Interior ha demandado un crédito de siete millones de euros para aumentar la dotación de la oficina que registra y tramita las peticiones de asilo.
Interior teme que el Estado Islámico quiera aprovechar esta crisis migratoria para introducir en algunos países de la Unión Europea elementos terroristas. Fernández comentó así que su departamento no descarta la posibilidad de que se produzcan infiltraciones (“tiempo atrás el Estado Islámico hizo una amenaza en ese sentido”) y avanzó que tomará “las medidas adecuadas” porque consideró esa tesis “una realidad a tener presente por la amenaza del DAESH [acrónimo en árabe del Estado Islámico]”.
En Interior, y en concreto en la Policía Nacional, han tomado muy buena nota de una advertencia enviada desde la Embajada de España en Turquía este pasado invierno y renovada estos días sobre un robo masivo de 1.452 pasaportes sirios en blanco en unas oficinas de expedición de esos documentos en las provincias de Rakka y en la de Deir ez Zur.
La policía sospecha que esos documentos pueden haber sido vendidos, a razón de 2.500 dólares cada uno, a integrantes de organizaciones terroristas radicales próximas al Estado Islámico, en concreto al grupo Jabhat al Nusra, con el objetivo de que algunos de sus miembros pudieran adentrarse en otros países, según adelantó la agencia Efe. Interior le concede verosimilitud a esa amenaza y ha utilizado internamente ese argumento para frenar el ímpetu de algunos responsables gubernamentales que ahora no se ponen ningún límite para acoger a los 15.000 refugiados nuevos que ha fijado la Comisión Europea o incluso más.
Cautela
Interior cree que hay que realizar un estudio detallado de la situación, con los demás países, y para ello cuenta con coordinar más las acciones durante la reunión de ministros europeos del próximo 14 en Bruselas, pero también quiere tomarse su tiempo para montar su operativo de funcionamiento en España. Otros países europeos, especialmente Alemania y Austria, no han sido tan remisos y han adelantado que acogerán cifras mucho mayores que las de España y desde el año próximo.
El Gobierno español cuenta con que tendrá más tiempo y dinero para organizarse mejor y perfilar ese mapa de colaboración de todas las administraciones. El presidente Rajoy sostiene que el reto migratorio será uno de los grandes desafíos de los próximos años, a medio y largo plazo, de la Unión Europea y los responsables de los distintos departamentos afectados repiten esa máxima y se han tomado esa planificación al pie de la letra.
El Ministerio del Interior ya estaba en la práctica desbordado ahora en la tramitación de las solicitudes de asilo que recibe y que han pasado de casi 6.000 en 2014 a más de 17.000 previstas en este ejercicio. Interior ha demandado un crédito especial de siete millones de euros para aumentar la dotación de la oficina que registra y estudia los asilos. Además, no esperan que se produzca un aluvión de llegadas de refugiados ni en las próximas semanas ni siquiera en los próximos meses. El plazo que barajan para la llegada del nuevo cupo de asilados que se determine ahora se alarga hasta dos años. Y entienden que ese periodo tendrán espacio y presupuesto para afrontar el nuevo escenario.