El PSOE pide justicia gratuita para los casos de bebés robados
Los socialistas instan al Gobierno a impulsar la investigación y ayudar a los afectados
El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a “impulsar todas las medidas necesarias para la investigación de la desaparición de bebés entre 1940 y 1990” en España, facilitar un banco de ADN para cruzar datos de las víctimas y ayudas económicas para quienes no puedan costearse esas pruebas genéticas (unos 120 euros), así como apoyo psicológico y acceso a la justicia gratuita, para los afectados, “dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial”.
Los socialistas acusa...
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El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a “impulsar todas las medidas necesarias para la investigación de la desaparición de bebés entre 1940 y 1990” en España, facilitar un banco de ADN para cruzar datos de las víctimas y ayudas económicas para quienes no puedan costearse esas pruebas genéticas (unos 120 euros), así como apoyo psicológico y acceso a la justicia gratuita, para los afectados, “dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial”.
Los socialistas acusan al Gobierno de “silenciar” el problema y recuerdan que las tramas de robo de bebés han operado “con total impunidad durante décadas mientras el Estado y las autoridades han mirado a otro lado”. La oficina creada por el Ejecutivo para atender a los afectados contaba el pasado mayo con 592 registros, 374 de ellos con perfiles genéticos. En las fiscalías se han presentado más de 2.500 denuncias, pero la mayoría han sido archivadas por falta de pruebas.
Representantes de varias asociaciones de afectados fueron expulsados el pasado junio del Senado tras increpar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en ese momento exponía las medidas tomadas por el Gobierno para atender a las víctimas de la trama de bebés robados. Estas mantienen las mismas reivindicaciones desde hace años, entre otras, que se facilite el acceso a los archivos de centros hospitalarios e instituciones eclesiásticas implicadas y que se destine una unidad especial de policía y fiscales para investigar estos casos.