Claves | Plan anticorrupción del Gobierno

Hacer más transparentes las cuentas de los partidos y el patrimonio de los cargos públicos, así como reformar el Código Penal para endurecer las penas por delitos de corrupción es la respuesta que ofreció Mariano Rajoy en el debate del estado de la Nación, acosado por el caso Bárcenas. Con este objeto, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una propuesta de reforma legislativa que afectará...

Hacer más transparentes las cuentas de los partidos y el patrimonio de los cargos públicos, así como reformar el Código Penal para endurecer las penas por delitos de corrupción es la respuesta que ofreció Mariano Rajoy en el debate del estado de la Nación, acosado por el caso Bárcenas. Con este objeto, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una propuesta de reforma legislativa que afectará a 15 leyes en los siguientes puntos:

1. Financiación de los partidos políticos.

• Las entidades bancarias no podrán condonar deuda a los partidos políticos.
  
• Las donaciones prohibidas tendrán que devolverse. Todos los partidos deberán presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas y quienes no lo hagan tendrán prohibido recibir donaciones. Además, deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 
• Se prohíben las donaciones de personas jurídicas partidos políticos. Hasta ahora podían con un límite de 100.000 euros anuales. El Gobierno no toca las aportaciones que hacen las personas físicas al entender que se hacen por vinculación política, afinidad
  
• Control de las cuentas. El Gobierno quiere que el encargado de las finanzas de cada partido -el tesorero o gerente- deba comparecer una vez al año ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
• Publicidad de los ingresos. El Ejecutivo contempla también la obligación de los partidos de publicar en su página web todas las donaciones a partir de una cantidad por especificar y las subvenciones recibidas.
• Marco de cooperación entre Tribunal de Cuentas y Hacienda, y otros entes. Se busca definir fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y determinados organismos públicos, como la Agencia Tributaria, y otros como el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses.

2. Transparencia de los cargos públicos.

• Reglamento de derechos y obligaciones del cargo público. El Gobierno pretende "codificar" los "derechos y obligaciones del cargo público".
• No podrán ser nombrados altos cargos los condenados por terrorismo. Podrán hacerlo una vez que sus delitos por esta causa hayan cancelado.
• Declaraciones de bienes y derechos patrimoniales. El Ejecutivo amplía el régimen de publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales, medida con la que supuestamente se podrían detectar posibles enriquecimientos ilícitos. Se intenta evitar así injustificados aumentos de patrimonio durante el mandato de un cargo. Se podrá analizar si el alto cargo se ha enriquecido injustificadamente. Cuando se cese del cargo, se presentarán las últimas declaraciones patrimoniales en la oficina de conflicto de intereses, que podrá pedir colaboración a la Agencia Tributaria para detectar posibles irregularidades.
• Equiparar el régimen de los cargos públicos a los funcionarios. Esta medida busca "la homologación total" de los cargos públicos a la Seguridad Social para que contribuyan al régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos.
• Delimitación de los gastos de representación. Entre las medidas a adoptar figuran poner un umbral presupuestario para las labores de representación de los cargos públicos.

• La financiación ilegal de los partidos, nuevo delito. El Consejo de Ministros incluirá en la reforma del Código Penal, cuyo trámite parlamentario arrancó este jueves en el Congreso, el delito de financiación ilegal de las formaciones.
• Inhabilitación para los corruptos. Se busca que los condenados por delitos de tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal no puedan tener acceso a contratos con la Administración Pública, ni recibir subvenciones, beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.
• Se endurecen de las penas por delitos de prevaricación. También se reforzará la persecución de delitos de cohecho.