El alcalde de Girona defiende ante el Príncipe el derecho a decidir

Don Felipe, que exigió "respeto a las reglas del juego", recibió aplausos y silbidos ante 300 juristas iberoamericanos

El Príncipe de Asturias y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, durante la inauguración.PERE DURAN

El alcalde de Girona, Carles Puigdemont, de Convergència i Unió (CiU), de marcado perfil soberanista, reivindicó ayer el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña durante la inauguración del I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica presidida por el Príncipe. Don Felipe recibió aplausos y silbidos al inicio y al final del acto, en la línea de lo que sucedió en el Liceo la semana pasada, cuando apareció junto a la princesa Letizia.

Puigdemont, en un discurso íntegramente en catalán y ante 300 juristas iberoamericanos, defendió la necesidad de “cierta r...

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El alcalde de Girona, Carles Puigdemont, de Convergència i Unió (CiU), de marcado perfil soberanista, reivindicó ayer el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña durante la inauguración del I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica presidida por el Príncipe. Don Felipe recibió aplausos y silbidos al inicio y al final del acto, en la línea de lo que sucedió en el Liceo la semana pasada, cuando apareció junto a la princesa Letizia.

Puigdemont, en un discurso íntegramente en catalán y ante 300 juristas iberoamericanos, defendió la necesidad de “cierta radicalidad democrática” que “asegura jurídicamente” a los pueblos que aspiran “al derecho a poder decidir libremente” su futuro. Tras el breve parlamento del alcalde, que siempre se ha declarado independentista, el Príncipe declaró que la seguridad jurídica “nace de una voluntad de estabilidad y de respeto a las reglas del juego” y está destinada tanto a “los ciudadanos que precisan un margen de certeza que les permita emprender” como a “inversores, multinacionales y comunidad internacional”.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, abundó en que el ordenamiento jurídico ha de gozar de legitimidad “en su origen y en su ejercicio”. “Nadie discute que las reglas del juego puedan ser debatidas, pero no violentadas o modificadas unilateralmente”.

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