Acuerdo al fin

El PSOE y el PP alcanzaron anoche un principio de acuerdo para una reforma de la Constitución que incluya en su articulado un compromiso flexible de estabilidad presupuestaria y para la redacción de una ley orgánica que fijará los límites de déficit de las Administraciones Públicas. El nuevo texto constitucional establece, entre otras cosas, que todas las Administraciones respetarán el principio de estabilidad presupuestaria, que el Estado y las autonomías no podrán incurrir en un déficit estructural que supere lo establecido por la UE, que las entidades locales deberán presentar equilibrio pr...

El PSOE y el PP alcanzaron anoche un principio de acuerdo para una reforma de la Constitución que incluya en su articulado un compromiso flexible de estabilidad presupuestaria y para la redacción de una ley orgánica que fijará los límites de déficit de las Administraciones Públicas. El nuevo texto constitucional establece, entre otras cosas, que todas las Administraciones respetarán el principio de estabilidad presupuestaria, que el Estado y las autonomías no podrán incurrir en un déficit estructural que supere lo establecido por la UE, que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario y que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofe, recesión o situaciones de emergencia extraordinaria. Una ley orgánica fijará en un 0,4% el déficit estructural máximo del conjunto de las Administraciones Públicas a partir de 2020 (0,26% para el Estado y 0,14% para cada comunidad autónoma).

Este acuerdo, que será registrado hoy en el Congreso en busca del consenso de otros grupos parlamentarios, podría ayudar a desbloquear la tensa situación política que ha producido esta iniciativa de Rodríguez Zapatero. Tanto los nacionalistas como los partidos de izquierda, además de muchos socialistas, manifestaron reservas, que iban desde la oposición a incluir ningún límite en la Constitución hasta la suspicacia por los efectos que pudiera tener sobre las cuentas autonómicas.

Esta reforma será la primera de gran calado en los 33 años de vigencia de la Carta Magna. Con anterioridad, solo se había introducido una modificación para ampliar el derecho de sufragio a los extranjeros, obligada por la ratificación del Tratado de Maastricht. El paso dado por Zapatero ha provocado una profunda división en las filas del Partido Socialista. Actuando con plena legitimidad institucional como presidente del Gobierno, ha perjudicado sin embargo la campaña del candidato Rubalcaba. La divergencia de intereses entre un líder y otro era previsible desde el momento en que Zapatero optó por permanecer en la Secretaría General y por anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación, creando un tiempo muerto en el que solo podrían aflorar las contradicciones.

Desde el mismo momento en que salió adelante en el Congreso la propuesta de incluir en la Constitución un techo al déficit, lo que importaba era abrir mecanismos para que los términos concretos fueran discutidos por todas las fuerzas parlamentarias. La negociación de ayer buscaba la mejor fórmula para responder a dos desafíos. De un lado, enviar la señal a Europa de que existe un compromiso sólido de combatir el déficit. De otro, ampliar los márgenes para conseguir el mayor consenso durante la tramitación de la correspondiente ley orgánica. Se ha excluido la convocatoria de un referéndum para ratificar la reforma constitucional, lo que seguirá siendo objeto de debate.