2023, el año de la ofensiva antimigración

De los nuevos conservadores británicos se deben criticar unas cuantas cosas, pero ninguna de ellas es la ambigüedad. No importa que hablen de clima, comercio o el conflicto entre Israel y Palestina, si existe la posibilidad de tensar la cuerda, allí estarán ellos con entusiasmo. En ningún territorio, sin embargo, su desparpajo ha sido mayor que en el de las migraciones, donde los líderes tories están haciendo saber al mundo que son las normas internacionales las que deben adaptarse a sus fantasías electorales, y no al contrario. Solo hace unos días, el primer ministro Rishi Sunak intervino ante el aquelarre nacionalpopulista de Giorgia Meloni en Roma para declarar su propia guerra: “Los enemigos […] están llevando a gente de manera deliberada a nuestras costas para tratar de desestabilizar nuestra sociedad”.

Lo irónico es que Sunak es una oblata del Sagrado Corazón en comparación con sus exministras del interior, las hijas de migrantes Priti Patel y Suella Braverman. Ellas están en la avanzadilla de un conservadurismo punky que marca el tono de las políticas migratorias en medio planeta. Además de organizar raves como la de Roma, sus representantes coaccionan violentamente a los adversarios, mienten a boca llena y han puesto un ventilador de tal calibre frente a su basura ideológica que ya resulta difícil encontrar un gobierno de centro-derecha o centro-izquierda que no se haya impregnado de ella. La nueva verdad aceptada es que la movilidad humana constituye una amenaza existencial para nuestras sociedades. Una amenaza ante la que todo está justificado, incluso aquello que no encaje en nuestra concepción flower power de los Estados de derecho.

Si han vivido ustedes en el planeta Tierra durante los últimos 20 años, ya sabrán que este argumento no es nuevo, pero mi sensación es que este 2023 será recordado como el momento en el que las normas y las instituciones dejaron de constreñir las soflamas políticas para empezar a adaptarse a ellas. En regiones tan diferentes del mundo como Europa, Norteamérica, África o América Latina hemos sido testigos de un efecto dominó cuyas consecuencias serán difíciles de revertir. La ofensiva antimigración se hace muy evidente en las propias fronteras de las regiones de destino, donde la solidaridad es criminalizada, y una extendida y compleja industria legal está haciendo su agosto con las medidas de control migratorio; y al interior de los propios países, donde el hostigamiento institucional a millones de trabajadores sin papeles y sus familias se acepta con la naturalidad propia de un apartheid de facto.

Pocos acuerdos políticos ilustran mejor esta deriva que el Pacto de Migraciones y Asilo, a punto de ser aprobado por las instituciones europeas

Lejos de la mirada de los votantes, la lógica de la externalización del control migratorio ha convertido las rutas en verdaderos via crucis y ha puesto a nuestros gobiernos en manos de una colección de autócratas y grupos criminales que en otro tiempo solo hubiesen sido invitados a La Haya.

Pocos acuerdos políticos ilustran mejor esta deriva que el Pacto de Migraciones y Asilo, recientemente aprobado por las instituciones europeas y del que tan orgulloso está nuestro Gobierno. Tres años de un verdadero circo negociador deja algunos titulares fundamentales. El primero es que los Estados miembros comparten por unanimidad la necesidad de impermeabilizar las fronteras exteriores de la UE. Si eso supone militarizar la agencia europea de fronteras (Frontex) y convertirla en cómplice de crímenes de Estado, sea. Se invertirán fortunas en disuadir la movilidad humana en destino, tránsito y origen, se establecerán sistemas orwellianos de identificación personal y se publicitará la idea de que solo el infierno espera a quienes traten de acceder al paraíso de manera irregular.

El segundo gran ámbito de interés del pacto es el que tiene que ver con el reparto de responsabilidades en materia de protección internacional. También están de acuerdo los firmantes en la importancia central de este punto, pero aquí las posiciones están divididas en dos tribus: los que harán todo lo posible por deshacerse de la responsabilidad del asilo, pero admiten que será inevitable que la UE asuma parte de ella; y los que directamente miran para otro lado. En el primer grupo se encuentran los países de la franja Sur, además de Francia, Alemania o los nórdicos. Son ellos quienes han diseñado el modelo de externalización, han militarizado sus fronteras o han replicado ideas tan brillantes como la de “proteger” a los refugiados en dictaduras belicosas como la de Ruanda. El otro bando es el de los países del Este, liderado hasta ahora por Hungría y Polonia (aunque estos últimos podrían desertar en breve). Para este grupo el derecho internacional solo alcanza a sus primos de Ucrania ―aunque, todo hay que decirlo, con ellos Europa sí ha demostrado lo lejos que puede llegar cuando le da la gana— y han saludado el nuevo mecanismo de multas a quienes rechacen refugiados con términos tan edificantes como “violación… en términos legales”.

Lo más llamativo del nuevo pacto europeo, sin embargo, no es lo que dice, sino lo que omite. Y en este punto también es posible identificar un mal extendido a otras regiones del mundo: a pesar de que más del 80% de los movimientos migratorios tienen naturaleza estrictamente laboral y de que las principales economías de destino en las regiones ricas se enfrentan a un desafío demográfico existencial, nadie parece estar pensando en cómo gobernar estos flujos. Con excepción de un mecanismo poco novedoso para facilitar la llegada de personal altamente cualificado y una retórica sin dientes en materia de movilidad temporal y adecuación del talento a las necesidades de nuestros mercados de trabajo, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo es un erial. Nada muy sorprendente, si se tiene en cuenta que las negociaciones han sido lideradas por expertos en criminalidad y terrorismo, no en empleo, seguridad social, crecimiento, fiscalidad y las demás áreas monumentalmente beneficiadas por la gente que elige establecerse y trabajar en la UE.

El mundo se está convirtiendo en un espacio violentamente hostil a la diversidad y la transformación social que significan las migraciones

La consecuencia directa de este desequilibrio político será el aumento de los flujos de inmigración irregular —que en su inmensa mayoría no llegan por barco, sino por avión— y la competencia soterrada por la atracción del talento. Porque mientras Fernando Grande-Marlaska traspasa líneas rojas en la frontera Sur y Olaf Scholz anuncia un endurecimiento draconiano de la política migratoria alemana, los departamentos laborales de sus respectivos gobiernos hacen malabarismos administrativos semi-clandestinos para regularizar a los trabajadores existentes y atraer a los cientos de miles que necesitan nuestras economías, en todos los niveles de cualificación.

Reemplacen “Europa” por “Estados Unidos” y “Alemania” por “Chile” y se encontrarán con historias muy similares, en las que es difícil saber si la política migratoria es más inmoral que idiota. Lamentablemente, todo se hará mucho más complicado antes de que empiece a mejorar. El año 2023 también ha visto la consolidación coordinada de estos movimientos nacionalpopulistas en todo el mundo. Algunos han conseguido llegar al gobierno o determinar las coaliciones parlamentarias, pero muchos han logrado romper los cordones sanitarios que les había impuesto hasta ahora la derecha moderada. De la América de Milei, Kast y Bukele a la Europa de Meloni, Wilders, Abascal y Orbán, pasando por el ultranacionalismo de Trump, Putin o Modi, el mundo se está convirtiendo en un espacio violentamente hostil a la diversidad y la transformación social que significan las migraciones.

¿Qué podemos hacer, además de rezar? Con franqueza, en este campo yo espero muy poco de liderazgos como el de nuestro presidente, que ha asimilado el marco político existente hasta el punto de enterrar (literalmente) la tragedia de Melilla de 2022 y llevar a uno de sus responsables como cabeza de lista por Cádiz en las últimas elecciones. Tampoco espero gran cosa de Sumar, que en su pacto con el PSOE solo fue capaz de incluir una referencia al tema migratorio y era, ay, el apoyo al acuerdo europeo. Mis esperanzas están puestas en una transformación de abajo a arriba de este debate y en el papel que los actores no estatales pueden jugar en él. Porque 2023 también fue el año en que llegó al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización de personas sin papeles. Con mucha diferencia, es el proceso político más relevante liderado en España por organizaciones migrantes. La norma se discutirá en los próximos meses y no sabemos si los grupos parlamentarios tendrán el coraje de rescatar de la subciudadanía a más de 400.000 mujeres, niños y hombres que viven, trabajan y sueñan en nuestro país. Hagan lo que hagan, esta iniciativa ya ha cambiado la historia y esa también es una razón para recordar este año.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.