Las huelgas de trabajadores se extienden en Egipto, pese al riesgo de despido o de acabar detenido

La revisión salarial que debía realizar la empresa a principios de año era su última esperanza, pero al ver que el ajuste acordado no se adaptaba a la subida del coste de vida decidieron pasar a la acción. El 9 de febrero, miles de trabajadores del fabricante egipcio de ropa deportiva Jade Textile, proveedor de marcas como Nike y Lacoste, iniciaron una huelga en los talleres de la empresa en la ciudad 10 de Ramadán, a las afueras de El Cairo, y en Ismailía, en el canal de Suez, para protestar contra sus bajos salarios, una subida anual injusta y el deterioro de sus condiciones de trabajo.

Su demanda principal era clara: aumentar el salario base a 10.000 libras al mes (180€). Según el Centro de Servicios Sindicales y para Trabajadores (CTUWS, por las siglas en inglés), una entidad independiente de defensa de los derechos laborales, la empresa intentó desactivar la huelga con vacaciones obligatorias y amenazas de denuncias y despidos. Pero al final accedió a negociar, tras la mediación del ministerio de Trabajo, y aceptó una reestructuración salarial.

La multitudinaria huelga de los trabajadores de Jade Textile fue una de las últimas muestras del resurgimiento que ha experimentado el activismo laboral en Egipto en los últimos meses, concentrado en el sector industrial e impulsado por unas condiciones laborales muy precarias en un contexto económico adverso para la mayoría. Hasta ahora, las movilizaciones han sido espontáneas y en muchos casos sofocadas por sus empresas y por las fuerzas de seguridad. Pero el repunte de estas acciones colectivas es algo inusual en la última década.

El resurgimiento del activismo laboral en Egipto representa un cambio significativo. El país cuenta con una larga tradición sindical, que desempeñó un papel clave en la revolución de 2011. Pero en la última década, este y otros espacios de resistencia ha sido aplacado por los aparatos de seguridad, según afirman grupos de derechos humanos.

En 2025 se registraron más de un centenar de protestas laborales en Egipto, según el medio independiente Al Manassa y fuentes consultadas por EL PAÍS. De estas acciones, la mayoría fueron marchas y protestas, seguidas de huelgas parciales o totales y de sentadas. En lo que va de 2026, este medio ha podido contabilizar protestas en 11 empresas.

“Este resurgimiento se está desarrollando sin los organizadores veteranos que en el pasado coordinaron movilizaciones a gran escala”, apunta el bloguero y activista socialista Hossam el-Hamalawy, que ha seguido de cerca las protestas. “Pero el empeoramiento de las condiciones económicas, el aumento de precios y el deterioro del nivel de vida están empujando a los trabajadores a actuar a pesar de los riesgos”, observa.

Salario mínimo y seguridad laboral

La demanda más recurrente de estas movilizaciones, según fuentes sindicales, ha sido aplicar el salario mínimo que fija la ley en empresas del sector privado y entidades estatales. Desde febrero de 2025, el sueldo mínimo en el sector privado de Egipto es de 7.000 libras mensuales (unos 125€), una cifra que se considera insuficiente para mantener a una familia por encima del umbral de la pobreza y que, aún así, muchas empresas ni siquiera cumplen.

Este resurgimiento se está desarrollando sin los organizadores veteranos que en el pasado coordinaron movilizaciones a gran escala

Hossam el-Hamalawy, activista socialista

“Los salarios son bajos y los precios de los bienes y servicios aumentan constantemente, lo que dificulta que los trabajadores puedan cubrir los gastos diarios de sus familias”, constata Shaaban Khalifa, presidente del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado.

En el último año, entidades financieras internacionales han celebrado que la economía egipcia muestre signos de crecimiento robusto, pese a una coyuntura regional adversa, y que su divisa se haya estabilizado. También han elogiado la capacidad de El Cairo de controlar la inflación, y han aplaudido tanto su ortodoxa disciplina fiscal como su creciente recaudación pública.

Sin embargo, para la mayoría de egipcios la economía supone una lucha diaria. La inflación acarició el 40% en verano de 2023 y todavía se mantiene por encima del 10%, y la moneda local se ha asentado pero solamente después de devaluarse un 66% frente al dólar desde 2022. Además, la educación, la sanidad y los subsidios arrastran más de una década de recortes.

Otro motivo detrás del actual repunte de protestas ha sido el abuso de contratos temporales y subcontratas. En enero, medio millar de trabajadores de una empresa de enlatado de comida, Qaha, protestaron en Alejandría para exigir un contrato indefinido, y algunos declararon a medios locales que llevaban más de ocho años enlazando contratos temporales de seis meses.

Este desamparo legal expone a muchas plantillas a otros excesos laborales que también han provocado protestas. Uno de ellos han sido despidos masivos en empresas como la popular cadena de postres B Laban o en uno de los mayores distribuidores de productos farmacéuticos de Egipto, United Pharmacists.

Uno de los episodios más trágicos provocado por la precariedad laboral de muchas fábricas egipcias ocurrió en septiembre en Alejandría cuando Doa Mohamed, una trabajadora del Nile Linen Group, una empresa textil y de decoración, se reincorporó a su trabajo solo diez días después de acabar su baja por maternidad pese a que su bebé padecía una infección estomacal.

Después de haber intentado sin éxito obtener una baja o un permiso para llevarla al médico, Doa se vio forzada a llevarse a su hija de menos de cuatro meses al taller por miedo a que le dedujeran unos 35€ de su salario. Durante su jornada, el estado de la bebé empeoró, pero la seguridad privada de la fábrica les impidió salir sin una autorización de la empresa, que tardó varias horas en recibir. Cuando finalmente llegaron al hospital, su hija había fallecido.

La muerte de la pequeña desató una ola de indignación entre los trabajadores de la empresa, que exigieron rendición de cuentas a los responsables, así como mejoras salariales y mayores garantías para obtener permisos de emergencia. La huelga y las protestas se extendieron cuatro días y solo concluyeron después de que la empresa anunciara su compromiso a atender las demandas planteadas.

Los salarios son bajos y los precios de los bienes y servicios aumentan constantemente, lo que dificulta que los trabajadores puedan cubrir los gastos diarios de sus familias

Shaaban Khalifa, presidente del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado

Intimidación y despidos

El Estado ha adoptado una estrategia de presión y persuasión para contener el malestar y uno de los métodos al que ha recurrido han sido los arrestos de trabajadores. En diciembre, por ejemplo, 25 empleados de Modern Gas fueron detenidos en el sur de Egipto, y solo fueron liberados después de que se lograra un acuerdo con la empresa supervisado por las fuerzas de seguridad, según informaron medios locales.

En octubre, la Agencia Nacional de Seguridad también citó a diez trabajadores de la fábrica de una gran empresa azucarera en Edfu, en el sur del país. Según los testimonios recogidos por el Comité por la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), un grupo de derechos humanos, los agentes reconocieron la legitimidad de algunas de sus demandas, pero les advirtieron contra cualquier huelga o protesta futura y los amenazaron con adoptar medidas punitivas.

Otra medida adoptada por algunas empresas contra trabajadores en huelga o protesta ha sido la de reubicarlos unilateralmente en plantas o sedes de la compañía en otras ciudades del país. En noviembre, un trabajador de una gran empresa azucarera intentó suicidarse tras recibir un comunicado de traslado forzoso de su complejo en la localidad de Kom Ombo, al norte de Asuán, al de Hawamdiya, al sur de El Cairo, a más de 850 kilómetros de distancia.

“La reacción de las direcciones [de empresa] suele ser una falta de respuesta, y en la mayoría de los casos, las fuerzas de seguridad intervienen para intimidar a los trabajadores y evitar que sigan con su protesta”, afirma el líder sindical Kamal Abbas, coordinador general del CTUWS.

En ocasiones puntuales, sus protestas han forzado al ministerio de Trabajo a intervenir. Sin embargo, su mediación no suele incluir a los trabajadores movilizados y, aunque tiende a concluir con un acuerdo con la dirección, con frecuencia no se realiza un seguimiento de implementación, según afirman las fuentes consultadas.

“En algunas empresas, los trabajadores lograron negociar demandas parciales, como obligar a la dirección a negociar el cálculo de su salario base, y también se produjeron cambios en la dirección de algunas empresas tras huelgas prolongadas”, explica Khalifa. “Pero estos logros no fueron generalizados y no se extendieron a la mayoría de trabajadores ni sectores”, apunta.

Aunque los logros de esta ola de protestas hayan sido desiguales y limitados, El-Hamalawy destaca igualmente su trascendencia. “En un contexto autoritario donde la protesta pública ha sido sistemáticamente aplastada, incluso una acción limitada tiene grandes consecuencias”, considera. “Estas luchas redefinen gradualmente los márgenes para la acción colectiva y reabren espacio en la esfera pública, aunque al principio sea reducido”, concluye.